MIERCOLES Ť 28 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Los arrestos, "necesarios para buscar a responsables" de los ataques del 11 de septiembre

Justifica Ashcroft la detención de más de 600 extranjeros en Estados Unidos

Ť Entre ellos hay posibles miembros de la red de Osama Bin Laden, dice el procurador general

Ť Se avecina intenso debate en el Congreso sobre las medidas que coartan los derechos civiles

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 27 de noviembre. El procurador general John Ashcroft informó hoy que el gobierno federal ha detenido a más de 600 extranjeros en este país, entre ellos posibles miembros de la red Al Qaeda, como parte del esfuerzo nacional antiterrorista, y justificó estas medidas como "necesarias" para evitar más ataques terroristas y buscar a los responsables de los atentados del 11 de septiembre.

Por primera vez el gobierno divulgó números de los detenidos. Ashcroft informó que el gobierno tiene a 548 individuos detenidos por violaciones de las leyes de inmigración, quienes fueron arrestados como parte de las investigaciones sobre el 11 de septiembre.

Además, el Departamento de Justicia ha acusado a 104 personas con cargos criminales federales y tiene a 55 de estos individuos ac-tualmente en custodia. Los demás de este total se están buscando o han salido bajo fianza, aunque no precisó cuántos están en cada una de estas categorías.

Unos 10 individuos que fueron detenidos por violaciones migratorias enfrentarán acusaciones formales federales. También fue la primera vez que se reveló que en-tre ellos hay supuestos miembros de la red de Osama Bin Laden.

"Nos mantenemos firmes en el compromiso de proteger vidas estadunidenses -declaró Ashcroft en conferencia de prensa en Washington-. Estamos removiendo de nuestras calles a sospechosos de terrorismo, quienes violan la ley, para prevenir más ataques. Creemos que tenemos a miembros de Al Qaeda en custodia y utilizaremos cada instrumento constitucional para mantener bajo candado a sospechosos de terrorismo".

Prioridades en tiempos de guerra

Además de éstos, hay un número no precisado de personas detenidas como "testigos materiales" en la investigación sobre los ataques del 11 de septiembre.

Bajo esta categoría judicial los jueces federales pueden otorgar órdenes de detención de personas designadas como posibles testigos de un crimen bajo investigación de las autoridades federales, que po-drían huir si no son detenidos.

Por reglas del sistema del gran jurado en casos criminales, el go-bierno no tiene la obligación de re-velar nombres ni documentación.

Pero estas medidas de "detención y arresto" y otras que otorgan más poder a las autoridades de seguridad han nutrido la intensificación del debate sobre el equilibrio entre prioridades en "tiempos de guerra" y las garantías de derechos civiles en esta sociedad.

De hecho esta semana el Congreso comenzará una serie de au-diencias sobre esta cuestión, y la semana próxima Ashcroft será citado ante el Senado para justificar estas medidas. Para algunos defensores de los derechos civiles, estas medidas son nada menos que una agresión contra los derechos fundamentales de una democracia.

Para el abogado Bill Goodman, director legal del Centro de Derechos Constitucionales en Nueva York, ésta es "una situación sin precedente". En entrevista con La Jornada señaló que para él "es una redada de posiblemente más de mil personas sólo en base a su origen étnico con el propósito de aparentar que los políticos están ha-ciendo algo, pero sin tener pruebas suficientes para acusar formalmente a alguien de terrorismo".

Agregó que es más bien "un ejemplo de utilizar un perfil étnico" para propósitos políticos, "y un atentado contra la Carta de De-rechos de la Constitución".

Pero Ashcroft subrayó que no se han violado los derechos civiles en este esfuerzo, rechazó las críticas de que los detenidos han sido privados de sus derechos de comunicarse con sus familias o tener ac-ceso a abogados y que todos, si desean hacerlo, pueden darse a conocer públicamente.

Sin embargo, dijo que el gobierno no está dispuesto a identificar en público a los detenidos por violaciones migratorias: "No creo que sea responsable que nosotros, en tiempos de guerra, cuando nuestro objetivo es salvar vidas estadunidenses, publicitemos al lado opositor que tenemos la membresía de Al Qaeda bajo custodia. Cuando Estados Unidos está en guerra, no compartiré inteligencia valiosa con nuestros enemigos. Sería igual enviarle esta lista a Osama Bin Laden... que divulgarla".

La versión pública de la lista de los 548 detenidos por el SIN sólo ofrece el tipo de violación migratoria y el país de origen del detenido. Según ABC News, la gran ma-yoría son paquistaníes.

Ashcroft argumentó, en lo que seguramente fue un ensayo que se repetirá ante las comisiones legislativas que examinarán estas me-didas en estos próximos días, que entiende que hay acusaciones y denuncias sobre las acciones de su Departamento de Justicia en este esfuerzo, pero aseguró que todos los derechos civiles de los detenidos se han respetado.

"Esperaría que quienes hacen alegaciones sobre algo tan serio como una violación de los derechos civiles de un individuo no lo hagan tan ligeramente o sin especificar, o sin hechos. Esto daña a nuestro sistema de justicia entero".

Señaló que hasta el momento no se ha registrado ni una sola de-manda contra el gobierno por violar los derechos civiles como re-sultado de esta investigación.

Interrogatorios "voluntarios"

El Departamento de Justicia ha comenzado también su esfuerzo para interrogar, de manera "voluntaria", a más de 5 mil inmigrantes identificados que ingresaron a este país después de enero de 2000.

Hoy en Detroit, Michigan, don-de vive la mayor concentración de árabes estadunidenses en el país, el Departamento de Justicia empezó a enviar cartas a más de 600 residentes inmigrantes invitándolos a entrevistarse con las autoridades.

Esto también ha despertado quejas de las comunidades árabes y musulmanas, y preocupación de que genere más sentimiento racista y antinmigrante entre el pueblo.

Funcionarios de la Casa Blanca han reiterado que pese a las críticas, denuncias y cuestionamientos de estas medidas de seguridad pú-blica por parte de legisladores, grupos de derechos humanos, abogados y expertos legales, la mayoría de los estadunidenses apoyan este esfuerzo y están preparados a aceptar ciertos límites sobre el ejercicio de las libertades civiles a cambio de mayor seguridad, y según las encuestas tienen razón.

Por lo tanto Ashcroft buscó hoy subrayar este punto, al insistir en que estas medidas ya han tenido resultados positivos: "Hemos evitado ataques terroristas mayores".

Sin embargo, el debate apenas se inicia y varios legisladores, defensores de derechos civiles y organizaciones legales cuestionarán estas prácticas en los próximos días.

Bill Goodman advirtió que pronto se elaborarán demandas legales retando al gobierno sobre la legalidad de sus nuevas medidas.