Ť Condición para que se allegue recursos para su operación
Analizarán proyecto que obligue al IPAB a realizar auditorías a instituciones bancarias
Ť La Auditoría Superior de la Federación le realizó una revisión en el año
Ť Procurador fiscal solicita a contralor informe de medidas para evitar conflicto
CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO
Para el año próximo, el Congreso analizará un proyecto que obligue al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a realizar las auditorías correspondientes a las instituciones bancarias, en lo que se refiere a los créditos reportables, como condición para que este organismo pueda allegarse los recursos que requiere para su operación.
"Los recursos destinados a cubrir las obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores los podrá disponer el Instituto de Protección al Ahorro Bancario sólo hasta que se dé inicio a las auditorías ordenadas por el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, así como las instruidas por la Entidad Superior de Fiscalización", establece el proyecto de decreto que podría ser presentado en breve ante una de las dos cámaras.
En agosto de 2000, la Comisión Especial para Investigar el Funcionamiento del IPAB (CIFIPAB) de la Cámara de Diputados, recomendó al IPAB ?entre otras cosas? que se llevaran a cabo las auditorías correspondientes a las operaciones denominadas como "transacciones reportables", como lo establece el artículo quinto transitorio de la ley del instituto, para poder llevar a cabo el intercambio de pagarés de esos créditos irregulares, hecho que obligaría a los bancos a asumir esa deuda.
Paralelamente a los trabajos de la CIFIPAB, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevó a cabo una revisión al IPAB, y el primero de septiembre de 2000 la ASF instruyó nuevamente al IPAB para auditar las transacciones reportables.
En consecuencia, el 20 de septiembre de 2000 la Junta de Gobierno del IPAB acordó que se llevaran a cabo las auditorías a las "transacciones reportables Aa".
Sin embargo, a más de un año de haber sido emitida la resolución de la Junta de Gobierno del IPAB, el secretario ejecutivo del instituto, Julio César Méndez, quien de acuerdo con la ley es el encargado de poner en marcha los acuerdos de la Junta de Gobierno, no ha dado cumplimiento al acuerdo.
Lucha desde la Procuraduría Fiscal de la Federación
Simultáneamente se inició una lucha desde la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Gabriel Reyes Orona, en contra de tres de los vocales del IPAB, a quienes el funcionario acusa de tener un conflicto de intereses, ya que, asegura, participaron en el saneamiento bancario como parte de los bancos y ahora tienen la facultad de auditar a esas mismas instituciones bancarias.
El 15 de enero, el vocal Alejandro Creel Cobián recibió un comunicado de Reyes Orona en el que refiere las razones que pudo haber tenido el vocal para señalar la imposibilidad de que Reyes Orona fuera consejero jurídico de la Secretaría de Hacienda, en virtud del posible conflicto de intereses, debido a su paso por el Fobaproa, particularmente en lo tocante a la emisión de dictámenes en torno a la operación de saneamiento del Banco del Atlántico y su fusión con Bital.
Reyes Orona señala en ese comunicado que en todo caso Creel Cobián es el que puede tener conflicto de intereses, sobre todo por la vinculación que tuvo en Banco del Sureste (el cual estuvo dentro de la operación de fusión). El comunicado es enviado con copia para Francisco Gil Díaz; el titular de la Secretaría de la Contraloría, Francisco Barrio, y Amador Rodríguez, entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Trascendió que buena parte de la "guerra" entre los vocales y Reyes Orona se debe a la fusión de Bital con Atlántico, pero los diputados aseguran que en realidad "existen evidencias contundentes" que muestran que tanto Reyes Orona como Alejandro Creel y Jonathan Davis, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tienen relaciones en esa operación.
La del procurador fiscal es originada por su cargo como director jurídico del Fobaproba, además de que él, así como otros funcionarios del Comité Técnico del Fobaproa, participaron en el convenio para fusionar los bancos Bital y Atlántico. De hecho, en el convenio aparece su rúbrica, además de haber sido secretario del Comité Técnico.
Alejandro Creel, a su vez, es hermano de Eduardo Creel. Su nombre figura en las operaciones reportables relacionadas en el Working paper del auditor Michael Mackey sobre Bancomer, donde se describe la manera de obtener crédito para comprar Bursamex y, posteriormente, quedarse con Banco del Sureste, en el que Jonathan Davis fungió como director de Sociedades de Inversión.
El 15 de enero, el procurador fiscal solicita por escrito al contralor del IPAB, Fortunato Alvarez, que se pronuncie sobre el artículo segundo transitorio de la ley del IPAB, con respecto a la limitación que impone a ciertas personas para ocupar cargos en la Junta de Gobierno del instituto, y le pide una opinión para nombrar suplentes, particularmente al propio Reyes Orona..
Adicionalmente le solicita al contralor le informe cuáles medidas se han tomado para impedir el conflicto de intereses de algunos vocales, en virtud de que antes de ocupar sus cargos actuales pertenecieron a algunas instituciones financieras y por el parentesco que tienen con personas que tienen o tuvieron intereses en el sector financiero.
El 14 de febrero Reyes Orona, en su calidad de ciudadano y no de funcionario, envía una segunda carta al contralor interno del IPAB, en la que hace referencia a su carta enviada el 9 de febrero al secretario de la Junta de Gobierno del IPAB, en la que reitera la posibilidad de que pueda existir conflicto de intereses de los vocales, "pide que los vocales se pronuncien al respecto".
Siete días después reitera su petición, vuelve a referirse a oficios anteriores e insiste en la posibilidad de que se dé un conflicto de intereses entre los vocales respecto de las acciones de saneamiento y venta de Banco del Sureste, Bursamex y Bancreser, señalando que de acuerdo con los artículos 22 y 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dichas acciones pueden quedar bajo "nulidad" de establecerse el conflicto de intereses.
Debe evitarse un conflicto de intereses entre los vocales
Un día después gira una carta al secretario de Hacienda y le comunica que ha recomendado al Instituto de Protección al Ahorro Bancario incluir en su próxima Junta de Gobierno algunos temas, y manifiesta la importancia de que "no se vaya a dar un conflicto de intereses de los vocales". De hecho sugiere algunas preguntas que deben contestar los propios vocales del instituto, con respecto a sus cargos anteriores.
El 7 de marzo los vocales independientes Samuel Palma, Alejandro Creel y Humberto Murrieta envían a su vez una carta al senador panista Fauzi Hamdan, informándole de la "telenovela" que inició Reyes Orona.
Para los legisladores, la preocupación del procurador fiscal respecto del posible conflicto de interés de los vocales, responde al proceso de venta de los activos que tiene a su cargo el instituto.
Sin embargo, hace unas semanas el auditor interno del IPAB, Fortunato Alvarez, determinó que no existe conflicto de interés en los vocales.
En la Cámara de Diputados se insiste que el propio Reyes Orona podría caer en el mismo supuesto del que acusa a los vocales, ya que se desempeñó como parte del área jurídica del Fobaproa.