MIERCOLES Ť 28 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Debate del informe de la CNDH entre diputados
Hablar de desaparición impedirá que prescriban hechos de la guerra sucia
El doctor en derecho Raúl Carrancá y Rivas afirmó ayer que al utilizarse el término ''desaparición'' en la indagación que realice la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la guerra sucia, se abren las puertas para que la dependencia federal no declare prescritos los delitos que están relacionados con estos hechos; en tanto, el ex procurador general de la República, Diego Valadés, aseveró que de comprobarse que instalaciones militares fueron utilizadas ilícitamente para detener a civiles, ello constituye un delito que debe ser castigado.
El debate sobre el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) continuó en la Cámara de Diputados, cuando los dirigentes de las fracciones políticas recibieron de José Luis Soberanes el informe sobre desaparecidos.
La priísta Beatriz Paredes manifestó su preocupación porque el contenido del informe pudiera llevar al país a la confrontación y consideró que no puede banalizarse el tema ni tratar de obtener un beneficio político a partir de los resultados del informe.
El perredista Martí Batres cuestionó que dicho informe deje entrever que un grupo de desaparecidos políticos haya muerto y que la indemnización a los familiares se convierta en una suerte de carpetazo.
En respuesta, el coordinador panista Felipe Calderón calificó de ''poco serio'' emitir juicios categóricos sobre un informe y una recomendación que se estaban recibiendo en ese momento y cuyo contenido no se conoce.
En cambio, el presidente de la mesa directiva del Senado, Diego Fernández de Cevallos, y el presidente de la Comisión de Justicia de esa cámara, Sergio Zermeño, destacaron su reconocimiento ''al trabajo delicado y riesgoso'' de la CNDH, adelantaron que dicho documento será analizado por el pleno del ese cuerpo legislativo e hicieron un llamado a ''evitar caer en la guerra sucia de declaraciones''.
Agregaron que la indemnización de las víctimas debe ser un referente de justicia, que no queden impunes los hechos y que con su actuación la fiscalía especial ''cierre el ciclo de atrocidades y que nunca más se vuelva a repetir''. Reconocieron que la presentación del informe podría despertar ''intereses económicos de grupos que representan a las víctimas'' y que quieran generar conflictos al gobierno, a la CNDH y al propio Congreso.
Opinión de constitucionalistas
Carrancá y Rivas precisó que, de tipificarse como delitos los presuntos homicidios o secuestros, se correría el riesgo de que, ''con el código penal en la mano'' se declare la prescripción.
Añadió que, en caso de los militares que participaron en esos hechos ''habría que dilucidar quién ordenó y quién acató la orden'', aunque en términos de ley, el presidente es el jefe nato del Ejército, por lo que ''podría decirse que de ahí salió la orden, del comandante supremo que fue el señor (Gustavo) Díaz Ordaz e incluso, Luis Echeverría''. Es decir, explicó, los soldados podrían alegar que recibieron órdenes de su comandante supremo.
Por su parte, el ex procurador general de la República y actual director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, aseveró que en caso de demostrarse que instalaciones militares fueron utilizadas para detener a civiles durante el periodo referido, amerita una investigación y, en su caso, castigo a los responsables porque ''nadie puede ser detenido, ni ahora ni durante la vigencia del estado de derecho, en instalaciones que no estén estrictamente dirigidas a ese propósito''.
Entrevistado, al igual que Carrancá, en la conmemoración del 450 aniversario de la UNAM que se realizó en la Suprema Corte, Valadés rechazó que se pueda enjuiciar al Ejército como institución y subrayó que, en todo caso, si las indagaciones sobre desaparecidos apuntan hacia los militares, éstos tendrán que responder de manera particular y personal a la acusación.
Cuestionamientos por las indemnizaciones de deudos
En la Cámara de Diputados el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Martí Batres, cuestionó el apoyo económico a los deudos de desaparecidos al señalar: ''Nos parece que este capítulo de las indemnizaciones puedan tener un lectura muy negativa, porque lo que se ha dicho por parte de las familias de los desaparecidos es que no quieren que los indemnicen y que le pongan precio a la vida de sus familiares, sino que los presenten con vida'' insistió el legislador.
Felipe Calderón, a su vez, calificó de ''poco serio'' emitir juicios categóricos sobre un informe y una recomendación que se estaban recibiendo en ese momento y cuyo contenido no se conoce.
''Me parece que es un grave error emitir un juicio sobre algo desconocido, sobre 3 mil fojas no leídas, y más grave, además, que el juicio sea descalificatorio respecto de un trabajo que debe revisarse en su contenido y alcance'', dijo el panista.
JESUS ARANDA, CIRO PÉREZ Y VICTOR BALLINAS