MIERCOLES Ť 28 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť El informe presentado por la CNDH es apenas un "primer paso", coinciden activistas

Castigo a funcionarios de alto nivel por su responsabilidad en la guerra sucia, piden ONG

Ť Externan sus reservas acerca del papel que desempeñará la nueva fiscalía especial

VICTOR BALLINAS Y JUAN MANUEL VENEGAS

Organismos no gubernamentales que asistieron a la presentación del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las desapariciones de la guerra sucia coincidieron en que "es importante el reconocimiento de que hubo una política de Estado en las violaciones a garantías individuales en esa época, pero esto es apenas un pri-mer paso. Para hacer justicia se debe hablar de las responsabilidades de funcionarios de primer nivel en los gobiernos pasados".

El sacerdote Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que "el informe de José Luis Soberanes es apenas un primer paso hacia la verdad. Las recomendaciones son positivas, pero yo esperaría que cuanto antes el Senado de la República aprobara la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, que establece que esos delitos son de lesa humanidad e imprescriptibles, para que realmente se vaya a fondo".

Agregó el religioso : "no me convenció que el fiscal especial no hubiera sido nombrado directamente por el Presidente. Hubiera esperado que él lo hiciera y que también hubiese nombrado al comité ciudadano que acompañará al fiscal especial en la investigación".

En la guerra sucia "no sólo actuaron las bases del Ejército o de las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia, se trató de todos los niveles porque al fin y al cabo las bases pueden incumplir órdenes, pero ahí están los responsables para evitarlo y corregirlo. También hubo políticos y autoridades civiles implicados, no sólo las fuerzas armadas, que también deben responder por los delitos de desaparición forzosa y violación de derechos humanos".

Reclaman validar en los hechos lo dicho

A su vez, el presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el embajador Oscar González, dijo que el informe puede ser un paso adelante "muy importante si en los próximos días se valida con hechos esa voluntad política de ir a fondo, puesto que hay elementos para fincar responsabilidades a las fuerzas armadas, según lo expuesto -por el ombudsman nacional-, y a elementos de seguridad pública en las últimas administraciones".

Sin embargo, se debe de ir a los mandos medios y altos del país porque "ya es tiempo de que por primera vez en México se busque sustentar hipótesis y líneas de investigación a nivel de jefes de Estado y ex secretarios en las áreas de Gobernación, Defensa Nacional y las procuradurías General de la República y las estatales".

González insistió en que si bien es cierto que la Constitución no permite la creación de una comisión de la verdad, sí permite integrar un órgano equivalente y que "muy bien podría ser este comité asesor que auxiliará al fiscal especial, pero para que eso también sea creíble y validado debe consultarse a las organizaciones civiles y a las no gubernamentales, entre otras".

El director de Amnistía Internacional sección México, Christian Rojas, dijo que es importante el hecho de que se reconozca que hubo una política de Estado de violación de derechos humanos en la época de la guerra sucia, pero "todavía no conocemos el fondo del problema, los casos, los detalles, quisiéramos tener primero los documentos y después opinar".

Rojas resaltó el hecho de que el pronunciamiento presidencial haya reconocido que "no se puede tener una política a favor de los derechos humanos fuera del país y al interior del país no tener en consecuencia acciones directas".

Esto es un primer paso, pero "queremos justicia. La verdad y el reconocimiento de que hubo violaciones a derechos humanos y desapariciones es un primer paso, el segundo es la justicia, ese es el reclamo de los familiares desde hace 30 años".

Juan Antonio Vega, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, aseveró que "lo que se acaba de dar a conocer es lo que los familiares de las víctimas habían señalado reiteradamente, que este país ha tenido un cáncer, que son las graves violaciones a derechos humanos constituidas en las desapariciones forzadas, y hoy se presenta el diagnóstico que ya conocíamos también por las organizaciones que reclaman a sus desaparecidos".

Vega dijo que se le hace desproporcionado investigar esas violaciones "con una fiscalía especial, que es una figura que en el pasado no ha funcionado, máxime que en este caso es un militar quien está al frente de la Procuraduría General de la República (PGR)".

Comentó que hubiera sido mejor que en lugar de fiscalía se conformara una instancia independiente y autónoma, porque "lo que se está haciendo es apostar a la continuidad institucional señalando algunas responsabilidades limitadas, pero el gran riesgo está en que las instituciones que operaron en el pasado no sean capaces de fincar las responsabilidades adecuadas, además de que por lo limitado del marco jurídico quizá tengamos que llevar los casos a las cortes internacionales. Es decir, el gran desafío de la PGR es encontrar el marco jurídico adecuado para llevar ante los tribunales a los responsables".

Edgar Cortez, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la conclusión de lo que conocimos es que hubo una política de Estado dirigida a violar los derechos humanos, y "no estamos hablando sólo de responsabilidades individuales. El compromiso del presidente Fox es eso, un compromiso, habrá que esperar que los hechos muestren si efectivamente la convicción mostrada hoy en palabras se convierte en hechos concretos".

Cuando los defensores de derechos humanos "hablamos de investigación y justicia esto supone cuando menos cuatro piezas: primero, saber qué pasó, hoy tenemos una primera respuesta. Tampoco hay que pensar que ya es definitiva, hay que seguir investigando; lo segundo es la justicia, que supone investigación y determinación de responsabilidades y llevar a los responsables ante los tribunales.

"El tercer punto lo constituye la reparación del daño a las víctimas, que puede ser material, moral, y como se dijo aquí, que hay responsabilidad del Estado, debe haber una disculpa pública a las víctimas, y finalmente tomar medidas efectivas para que esto no vuelva a suceder".

Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que "algo importante de lo que adoleció la recomen-dación de la CNDH fue que no pidió modificar el marco jurídico nacional para hacerlo compatible con el internacional y se pueda permitir el castigo a los responsables".

Insistió en que "Soberanes dice que hay 37 dependencias que participaron en la guerra sucia y 74 funcionarios responsables, eso no suena lógico, no es posible que haya tantas dependencias involucradas y tan poquitos responsables. No se alude nada a la Secretaría de la Defensa Nacional en términos de cómo se facilitaron las instalaciones militares, los helicópteros, el financiamiento y la creación de esos organismos".

Tampoco se dice en el informe presentado "dónde están los desaparecidos. No dice aquí están. Aquí está la fosa, simplemente se llega a mencionar que hubo ejecutados, pero no se sabe dónde están".