MIERCOLES Ť 28 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Entrega Soberanes a Fox lista de 74 presuntos culpables
"Subsiste" la responsabilidad del Estado en la guerra sucia
Ť Consta de casi 3 mil cuartillas el informe del ombudsman
VICTOR BALLINAS Y JUAN MANUEL VENEGAS
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, aseveró ante el presidente Vicente Fox y el gabinete en pleno que en la desaparición comprobada de 275 personas, durante la guerra sucia de la década de los 70 y principios de los 80, "hay responsabilidad de Estado" y ésta, aseguró, "subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el trancurso del tiempo, y concretamente entre el momento en que se comete el hecho ilícito generador de la responsabilidad y aquél en que ella es declarada".
Aunque, matizó, "desde el punto de vista ético o político" la actitud del nuevo gobierno es mucho más respetuosa de esos derechos que la de los otros gobiernos de la época, cuando se produjeron las violaciones de derechos humanos.
El ombudsman nacional aseveró ante el jefe del Ejecutivo y los secretarios de Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega; de Gobernación, Santiago Creel, y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, que "a un problema político hubo una respuesta autoritaria y se formaron grupos ex profeso en el ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado que violaron los derechos humanos" de cientos de personas.
"No existe razón de seguridad nacional que en un Estado democrático de derecho resulte válida para justificar la desaparición forzada de personas, como tampoco existe la posibilidad de que el interés del Estado pueda situarse por encima del principio de legalidad."
La CNDH, abundó el funcionario, comprobó que en instalaciones del Estado se retuvo de manera ilegal a personas, se les torturó y desapareció, y que los órganos encargados de hacer justicia, "el Ministerio Público y funcionarios gubernamentales", cometieron irregularidades y complicidades pues archivaron las denuncias presentadas en su momento sobre detenciones arbitrarias y desapariciones.
Al término de su largo discurso, que fue pronunciado en un ambiente tenso, el ombudsman entregó a Fox el informe de de casi 3 mil cuartillas y la primera recomendación que en once años un presidente de la CNDH hace a la máxima autoridad administrativa del país, y en un sobre cerrado le proporcionó los nombres de los 74 funcionarios presuntos responsables de tortura y desaparición forzada.
El consejero presidencial de Seguridad, Adolfo Aguilar Zinser, dijo al concluir el acto que "los funcionarios responsables han sido plenamente identificados" por la CNDH en los documentos que entregó al Presidente, y las investigaciones deberán dirigirse en ese sentido. "Se exigirá responsabilidad a quien haya que exigírsela."
Soberanes expuso que en la Constitución, desde 1917 están consagradas las garantías del derecho a la integridad corporal y a la prohibición de la tortura, en los artículos 19 y 22, así como en la Declaración Universal de los Derechos, y "si bien es cierto que en la época en que sucedieron los hechos no estaba calificada como delito la tortura -que se aplicó en todos los casos de desaparecidos-, se enmarcaba dentro de lo que el Código Penal vigente contemplaba como lesiones graves y abuso de autoridad, por lo que no existía impedimiento legal alguno para haber promovido la investigación de las acciones atribuidas a funcionarios".
Soberanes refirió que es cierto que las organizaciones surgidas en torno a proyectos revolucionarios utilizaron la violencia, "trasgredieron las leyes y representaron un riesgo para el Estado". Además de asalto a convoyes militares, privaron de la vida a elementos de la policía y del Ejército, cometieron secuestros y asaltos a bancos y "generaron temor y zozobra en amplios sectores de la sociedad".
Empero, dijo, también es cierto que muchas de las respuestas por parte de las fuerzas públicas fueron ajenas al marco jurídico, particularmente las desapariciones forzadas, las cuales quebrantaron gravemente la legalidad e hicieron patente la respuesta autoritaria a un problema político. Los derechos humanos de cientos de personas fueron desconocidos por grupos formados ex profeso en el ámbito de las fuerzas de seguridad del Estado.
Los organismos que tuvieron a cargo la responsabilidad de enfrentar a los grupos revolucionarios a partir de junio de 1976, la Brigada Blanca o Brigada Especial, recurrieron a prácticas que se apartaban del marco jurídico y propiciaban un estado de anulación de la personalidad de las personas a su disposición.
Esos organismos incurrieron en allanamiento de morada, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, privaciones ilegales de la libertad y desaparición forzada de personas, hechos acreditados en los casos expuestos.
Sin mencionar nombres de responsables, el ombudsman destacó que la desintegración de los grupos revolucionarios de esa época fue llevada a cabo por agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, cuyos agentes fueron integrados a la Brigada Blanca o Brigada Especial, al frente de la cual estuvo el subdirector de la DFS como responsable de la Comisión de Seguridad, y el entonces comandante del segundo batallón de la Policía Militar al frente de las acciones directas de los órganos ejecutores, los cuales estaban compuestos de ocho grupos operativos distribuidos en diversas áreas, e integrados por personal selecto de las diferentes policías del ámbito federal, estatal, municipal y del Ejército.
Las investigaciones corroboraron la existencia de instalaciones a cargo de los miembros de la Brigada Blanca dentro del Campo Militar Número Uno, la cual "contó con el apoyo de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, y de la cual quedó acreditada la responsabilidad de 42 elementos de la corporación".
Según Soberanes, se constató la desaparición de 275 personas, que se concluye fueron víctimas de detención, interrogatorio y eventual desaparición forzada por parte de servidores públicos, del total de los 532 casos investigados.
De otros 97 casos, explicó, "sólo se tienen indicios que por sí mismos resultan insuficientes, jurídicamente hablando, para concluir la existencia de desaparición forzada u otra violación a sus derechos, y en otros 160 casos no se logró acreditar la desaparición".
Soberanes resaltó que el órgano que preside obtuvo evidencias de que la suerte de las víctimas de desaparición forzada quedó en manos de agentes del Estado que regularmente actuaban con impunidad. Tal es el caso de un informe localizado en los archivos de la extinta DFS, en el cual se alude a 41 personas detenidas en Guerrero y que fueron remitidas a las instalaciones de la prisión militar en la ciudad de México, de las cuales nueve figuran en los casos denunciados como víctimas de desaparición forzada y no se logró ubicar su paradero o bien acreditar que hubiesen recuperado su libertad.
Soberanes expuso que la detención ilegal utilizada para la práctica de la desaparición forzada fue sólo el principio de una serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas en los casos materia de la recomendación 26/2001 dirigida a Fox.
Por todo ello, Soberanes emitió la primera recomendación dirigida al Presidente en la que le solicitó asuma el compromiso ético y político, por parte del gobierno federal, de evitar por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos en la década de los 70 y principios de los 80 se puedan repetir, y gire instrucciones al procurador general de la República para que designe un fiscal especial que se haga cargo de la investigación y la persecución de los delitos que puedan desprenderse de éstas.
Pide que se revise la posibilidad de reparar el daño a los familiares de los desaparecidos mediante la prestación de servicios médicos, vivienda y educativos, y que se asegure el marco legal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que sustituyó a la DFS.