Ayer, en una breve reunión con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, adelantó algunos puntos del informe y la recomendación que esa institución debe entregar hoy al presidente Vicente Fox, sobre los cientos de desaparecidos políticos del país. 

A reserva de un análisis detallado de ese documento, hay, en la investigación y resoluciones de la CNDH, aspectos que debe subrayarse.

Por principio de cuentas, es la primera ocasión en que un organismo oficial menciona, sin tapujos, la responsabilidad del Estado mexicano en las desapariciones de personas, principalmente opositores políticos, luchadores sociales y militantes de organizaciones guerrilleras, hechos que ocurrieron en los años setenta y ochenta. 

Asimismo, es la primera ocasión en que un documento oficial refiere abiertamente la participación de las fuerzas armadas en desapariciones forzadas, algunas de las cuales fueron perpetradas en instalaciones castrenses como el Campo Militar Número Uno, la base aérea Pie de la Cuesta, el cuartel de Atoyac y el Fuerte San Diego, en Acapulco. El tercer punto relevante es que, por primera vez en su historia, la CNDH emite una recomendación dirigida al Presidente de la República.

Tal recomendación estipula la creación de una fiscalía especial para investigar y sancionar las desapariciones y delitos cometidos en torno a ellas; la indemnización a las víctimas de estos abusos o a sus familiares, así como el compromiso expreso del Poder Ejecutivo para que atrocidades como las estudiadas no vuelvan a ocurrir.

Por los aspectos mencionados y por la sistematización de información sobre las desapariciones del pasado reciente, el documento de la CNDH puede ser el paso más importante emprendido hasta ahora para el esclarecimiento de la guerra sucia emprendida por el gobierno durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo.

Pero no es suficiente. Se requiere además de una efectiva voluntad política de la Presidencia de la República para acatar, poner en práctica y asegurar el cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la CNDH, particularmente en lo que se refiere a la constitución de una fiscalía especializada que investigue las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado en décadas anteriores.

Sin embargo, para que el trabajo de esa fiscalía tenga posibilidades reales de hacer justicia, es necesario, además, que el actual gobierno envíe al Senado, para su ratificación, los instrumentos legales internacionales que establezcan la imprescriptibilidad de los delitos cometidos durante la guerra sucia.

De otro modo, las investigaciones que pudieran desarrollarse se estrellarían en la mayor parte de los casos con la impunidad de los 74 servidores públicos responsables de torturas y desapariciones, los cuales podrían ampararse en la prescripción de los delitos que establece la legislación nacional.

Al presidente Fox se le presenta, así, una nueva oportunidad para manifestar su compromiso con la vigencia de los derechos humanos en el país, renglón en el cual su gobierno tiene dos circunstancias que lo descalifican: el asesinato --hasta ahora impune-- de la abogada Digna Ochoa y la permanencia en prisión del general José Francisco Gallardo. Del titular del Ejecutivo y de su equipo depende que el momento presente se convierta en la hora de la justicia o en el refrendo de la impunidad.