Janitzio, las redes de la injusticia

Víctimas del rigorismo legal, dos pescadores fueron condenados a purgar 20 años de prisión a raíz de un incidente con inspectores de la Profepa que cumplían un decreto de veda, del cual la comunidad no fue notificada

MIREYA CUELLAR Y ROSA ELVIRA VARGAS ENVIADAS

Morelia, Mich. Cuando la mañana del 2 de marzo del año pasado los pescadores del lago de Pátzcuaro descubrieron a dos inspectores de la Profepa que, custodiados por policías armados, destruían sus redes tendidas la noche anterior, hicieron sonar las campanas de la iglesia de Janitzio. La multitud corrió al embarcadero y soltó las amarras. En medio del lago se dio un forcejeo y la población retuvo a los funcionarios federales y a los guardias.

Desde julio de 2000 Aurelio Guzmán Mateo y Leocadio Ascencio Amaya, padres cada uno de cinco hijos, están en el penal de Morelia condenados a 20 años de cárcel por la defensa de los aperos de pesca que las comunidades hicieron aquel día. El abultado expediente en su contra, con todas las apelaciones posibles denegadas, habla del delito de "privación ilegal de la libertad".

La "desgracia" llegó a sus vidas, relata Aurelio Guzmán desde la cárcel, cuando las autoridades federales y locales decidieron, sin consultar con las 2 mil familias de pescadores de la ribera y las islas del lago de Pátzcuaro, decretar una veda para la captura de todas las especies de peces y anfibios (del primero de marzo al 8 de abril y del 25 de abril al 31 de mayo del año 2000) y alterar las temporadas de veda manejadas por quienes viven del lago según las enseñanzas centenarias de sus antepasados.

Un decreto que no fue notificado

El decreto fue publicado por el Diario Oficial del Estado el 25 de febrero anterior y la veda entró en vigor el día establecido, pero sin una notificación oficial a los afectados. Eso sí, habían sido citados para el 2 de marzo en Janitzio por las autoridades federales y locales involucradas en el problema, supuestamente para una reunión donde se discutiría el tema. La convocatoria fue para las diez de la mañana, pero dieron las once y ningún funcionario apareció por la isla.

A la misma hora, por la ribera de Cucuchuchu (municipio de Tzintzuntzan) ingresaron al lago en una embarcación de lo que fue la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) los biólogos Francisco Mendoza García y Ulises Pech Rivera, enviados por la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y empezaron a levantar las redes "con todo y la pesca de la noche anterior". Además iban apoyados por seis elementos del Grupo de Operativos Especiales de la Dirección de Seguridad Pública del Estado.

 "Cómo no nos iba a dar coraje ?retoma la conversación Leocadio Ascencio? si estaban rompiendo redes que nos lleva más de nueve meses tejer. Nos irritamos y por eso fuimos a detenerlos". El gobierno, dice, nunca quiso entender que se trata de un "problema social" porque son varias las comunidades que viven de la pesca: "no hay otra alternativa de trabajo y tampoco podemos confiar en las autoridades. En 1999 nos impusieron una veda a cambio de 20 pesos diarios por familia durante la temporada, pero no cumplieron".

Y aun cuando ahora no dijeran mentiras "nosotros no podemos vivir con 20 pesos; tenemos hijos en la primaria y secundaria, hay que vestirse, calzar y comer. Habíamos propuesto que abrieran trabajos temporales porque no queremos ganar 20 pesos, con eso no comemos".

Las fechas decretadas por el gobierno para la veda, explican los pescadores, "están desfasadas" porque según las enseñanzas "de los mayores" es hasta junio, con las primeras lluvias, cuando la tripilla del pez blanco ?la especie en mayor peligro de extinción ? "revienta". Pero las autoridades alegan que los estudios científicos dicen que la etapa de reproducción de las especies nativas, pez blanco, charal y acúmara va de marzo a mayo y que por ello no debe pescarse en esa temporada.

La detención y sentencia de Aurelio Guzmán Mateo es para los pescadores una de las cosas "más injustas" que han vivido. Médico de profesión, "el doctor", como le dicen todos en Janitzio, ni siquiera estuvo aquella mañana de marzo en la isla. Laboraba en un hospital de Pátzcuaro y llegaba a la isla ?donde ha vivido siempre y de donde son sus antepasados? después de las seis de la tarde.

Sin embargo, por su arraigo en la isla los comuneros lo eligieron hace un par de años comisariado de bienes comunales. Como autoridad y médico fue hasta la oficina de Tenencia para ofrecer ayuda a los biólogos y los policías retenidos por la población. Algunos tenían raspones y otros que habían caído al agua en el forcejeo con los pescadores se quejaban del frío. Para entonces ya la comunidad les había proporcionado ropa seca, comida y cigarros, pero se quejaban de dolor estomacal y otras molestias.

Los detenidos fueron entregados al jefe de Tenencia porque, según la costumbre, a él corresponde aplicar la ley. Para los pescadores, los funcionarios de Profepa cometían un delito (recogían y en la maniobra rompían las redes) cuando fueron detenidos.

"Llegué a Janitzio como a las seis de la tarde y me topé con los biólogos y los policías en la oficina. Ellos no habían notificado a la comunidad que tenían una orden judicial escrita. Tampoco leemos el Diario Oficial... Inmediatamente llamé al presidente municipal de Pátzcuaro y él me dijo que nos habíamos metido en un lío muy gordo y que mejor llamara a la Secretaría de Gobierno. Así lo hice. Les pedí que vinieran a platicar con nosotros, que no había la intención de retener por más tiempo a los funcionarios y policías, pero que deseábamos que nos escucharan".

Toda esa noche del 2 de marzo unos 500 pescadores permanecieron en la jefatura esperando que llegaran las autoridades. Fue hasta el siguiente día cuando aquellas aparecieron, pero no desembarcaron en Janitzio y las primeras pláticas se hicieron en medio del lago. Se decidió dejar en libertad a los retenidos.

Las negociaciones

"Algunos me dicen: 'tu eres médico, por qué te metiste en el problema', y les respondo: 'pues porque nuestra tradición así lo dice. Como comunero tienes que agarrar un puesto cuando se hace elección popular y enfrentarte a los problemas. Me imagino que para eso lo ponen a uno'".

Los encuentros con las autoridades de Semarnap, de Pesca del estado, del Instituto Nacional Indigenista ?los pescadores son purépechas? y de la Profepa se fueron dando en los siguientes días. Hubo un acuerdo, refieren con amargura desde su encierro, en el sentido de que no habría demandas penales ni represalias por el incidente y que las fechas de veda se establecerían de común acuerdo. El médico firmó esos documentos, comisionado por los pescadores como su representante durante las negociaciones.

Y no obstante que continuaban las pláticas ?se citaba con regularidad a los pescadores en las oficinas del INI en Pátzcuaro, supuestamente para definir la puesta en marcha de proyectos productivos para la época de veda?, la Profepa presentó una denuncia penal. "El día que me enteré íbamos a una reunión con el secretario general de Gobierno, Benito Coquet, quien me dijo que no me preocupara, que no nos iban a detener."

Pese a la promesa del funcionario, Aurelio y Leocadio fueron citados para rendir declaración. Confiados, se presentaron. Platicaron su versión de los hechos y el médico asumió que él había dado atención a los detenidos en la Jefatura de Tenencia. Sus declaraciones, según le dijeron después los abogados, fueron usadas como una confesión de culpabilidad.

Pero en ese momento, porque tuvieron con el Secretario de Gobierno una reunión después de su cita en el juzgado, éste les ofreció que la Profepa se desistiría. "Ahora sabemos que eso no era posible y Coquet, que es abogado, también lo sabía. El delito del que se nos acusa se persigue de oficio, nos enteramos después."

El 6 de julio, mientras daba consulta en Pátzcuaro, el médico fue detenido. Un día después la policía fue por Leocadio. "Nos acusaron de privación ilegal de la libertad por la noche que los policías y los biólogos pasaron en Janitzio. Cuando nuestros compañeros hicieron un plantón en la Profepa ?ahora creo que nada más para quitárselos de encima? la delegada, Liliana Muñoz Romo, les dijo: 'no se preocupen, nosotros les vamos a dar el perdón'", recuerda el pescador.

Y no fue así. "Nos engañaron, y aquí estamos, condenados a 20 años de prisión. Mire, yo no soy nada. No tengo un cargo en la comunidad, pero tenía que defender mis redes, por eso estuve en una de las seis lanchas que participaron en la detención. Eramos como 300 pescadores y las cosas se pusieron calientes porque los policías nos cortaron cartucho con sus R-15. Tuvimos que desarmarlos. Ellos se resistían y en el forcejeo cayeron al agua porque el motor de su lancha, que era más pequeña que las nuestras, se atoró con las redes cuando quisieron escapar".

Originario de la comunidad de Puacuaro, del municipio de Aranguarico, Leocadio Ascencio es un pescador ribereño que, cuando no hay captura, "trabajo en lo que me ofrezcan porque no tengo donde sembrar". Desde que está preso, sus cinco hijos viven de una ayuda que los hermanos de su esposa le dan y de la venta de los tejidos que hace ella. Los más pequeños, unos gemelos de siete años, van en primer año de primaria.

Los hijos del médico están a cargo de su madre y vive de un pequeño restaurante que la señora posee en una de las entradas a Janitzio. El menor de sus hijos tiene ocho años, uno más va a la secundaria y dos están en la preparatoria.

"Los jueces y magistrados a cargo de nuestro caso nunca han visto el problema como social. Han aplicado la ley sin matices ni atenuantes. No entendemos por qué'', refiere el médico Aurelio.

Para la defensa de ambos, la comunidad no sólo ha gastado mucho dinero y ya cambiaron al abogado al que le pidieron la defensa en un principio. Pero nada.

"Realmente me da tristeza que haya ese tipo de leyes. Está bien condenar a los secuestradores. Nosotros estamos peleando nuestro derecho a pescar en el lago, ¿cuál es el delito? No entiendo por qué se ensañaron con nosotros", apunta.

En el proceso judicial todas las instancias han sido agotadas y la sentencia una y otra vez ratificada: 20 años de cárcel para "los pescadores presos", como es ya su apelativo común en Michoacán.