MARTES Ť 27 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť El gobierno no va a permitir más violencia, dice Salazar
Tensión en Chenalhó por la liberación de implicados en Acteal: Arizmendi
ELIO HENRIQUEZ Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES
San Cristobal de las Casas, Chis., 26 de noviembre. El obispo Felipe Arizmendi Esquivel dijo que existe preocupación en comunidades del municipio de Chenalhó por la reciente liberación de seis indígenas acusados de haber participado en la masacre de 45 tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.
Mientras tanto, al visitar esta mañana la comunidad de Los Chorros -donde presuntamente se planeó la masacre de Acteal-, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía declaró que el gobierno chiapaneco "no va a permitir más violencia, amenazas, intimidaciones ni ofensas".
El obispo aseveró, en entrevista, que los párrocos de Chenalhó, Pedro Arriaga y Carmelo Jiménez, así como sus colaboradores, "están pendientes para que la excarcelación de algunos que al parecer estuvieron implicados en la matanza de Acteal no signifique un retorno a las hostilidades, sino que se vuelva a construir la paz".
Añadió que la mayor preocupación está en las partes cercanas a Acteal y en la comunidad de Los Chorros -conocida como bastión de paramilitares-, de donde son algunos de los seis indígenas liberados hace 10 días por el juez segundo de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Felipe Consuelo Soto.
Anunció que, con el propósito de pedir por la paz y la reconciliación, próximamente se realizará una celebración religiosa en el paraje de Yaxjemel, a donde el 28 de agosto pasado retornaron 38 familias que habían sido desplazadas desde hace casi cuatro años.
Pablo Salazar, a su vez, explicó a los indígenas que lo recibieron en Los Chorros que no llegó para hacer un acto político "sino para cumplir el compromiso que hice de visitar a los retornados, para que me digan cómo están, cómo se sienten, qué necesitan y cómo podemos seguir ayudándolos".
Ante la preocupación que entre los integrantes de la organización civil Las Abejas ha provocado la liberación de los seis tzotziles priístas, el mandatario subrayó: "El gobierno está con ustedes y vamos a cuidar, como antes no se cuidó, la seguridad de la gente; vamos a cuidar la tranquilidad y a hacer todo lo que tengamos que hacer para que la gene tenga algo que es muy valioso y que no se puede comprar en cualquier tienda: la paz".
Se amparan 400 ganaderos
En Tuxtla Gutiérrez, en tanto, unos 400 ganaderos se ampararon ante la posible pérdida de unas 450 mil hectáreas de tierra que actualmente se encuentran en posesión de bases y militantes del EZLN.
Constantino Kanter, líder de los ganaderos que en 1994 perdieron sus inmuebles ubicados en los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo, aseguró que interpusieron diversos amparos ante la justicia federal, debido a que "terminó el plazo del fideicomiso con el cual se nos indemnizó parcialmente por la pérdida de nuestros inmuebles".
Y es que luego del alzamiento armado, bases y milicianos zapatistas tomaron posesión de unas 450 mil hectáreas de terreno donde se ubicaban diversos ranchos ganaderos.
Por ello, y con el propósito de contener la inconformidad de los propietarios, el gobierno federal otorgó fideicomisos a siete años, por concepto de unos 180 millones de pesos.
Las cláusulas para la entrega de dichos recursos señalaban que los mismos se debían reintegrar al término de los siete años o de lo contrario el gobierno federal quedaría en posesión de los inmuebles.
Este mes comezó la conclusión de los fideicomisos y, según funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, "al no haber regresado los recursos federales pierden derechos sobre sus bienes, los cuales pasan a ser propiedad federal".