MARTES Ť 27 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Todos prescriben, señala el senador panista
Podrían quedar impunes los delitos cometidos en los 70: Sadot Sánchez
ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sadot Sánchez Carreño, advirtió que en la legislación penal mexicana todos los delitos prescriben, por lo que en la mayor parte de los casos de desaparecidos políticos de la década de los 70 no será posible ejercer sanciones judiciales.
Tampoco en los casos de genocidio o delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, toda vez que México no ha signado los convenios y acuerdos internacionales sobre la imprescriptibilidad de ese tipo de ilícitos. Precisó que entre los 13 instrumentos a nivel mundial que el gobierno de Vicente Fox envió al Senado para su ratificación hay uno en esa materia.
Pero, dijo, el convenio de imprescriptibilidad aún no se ratifica ''y esto significa que todavía no entra en vigor; en consecuencia, en estos momentos todos los delitos están sujetos a prescripción''.
Entrevistado después de la comparecencia del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, explicó que la regla general para la prescripción de los delitos es la media aritmética entre la mínima y la máxima pena. En México, dijo, la sentencia mayor es de 60 años, por lo que la prescripción pudiera ser en el caso de desapariciones de hace 25 años.
La mayor parte de los expedientes incluidos en el informe de la CNDH son de 30 años atrás, aunque hay algunos de los últimos diez años, agregó.
El senador panista justificó la brevedad del encuentro con el titular de la CNDH, toda vez que -dijo- la reunión fue sólo para que el ombudsman notificara al Senado del informe sobre desaparecidos políticos durante la llamada guerra sucia de los 70, documento que los legisladores analizarán a fondo.
Se tiene programada incluso una nueva reunión con Soberanes el próximo 13 de diciembre, para discutir sobre la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sobre la integración de una fiscalía especial encargada de determinar acciones penales contra los responsables de desapariciones forzadas, dijo que su trabajo deberá ser permanente hasta dilucidar todos los casos.
Sin embargo, hizo notar que habrá que ver con qué razones se sustenta la creación de esa instancia judicial.