MARTES Ť 27 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Se vive en México violencia e impunidad: CIDH

Llegó a la Corte Interamericana el caso de la muerte de Digna Ochoa

Ť El procurador Bátiz informó en Costa Rica sobre la investigación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer ante la Corte Interamericana, en San José de Costa Rica, inobservancia por parte del Estado mexicano en la adopción de medidas provisionales en favor de defensores de derechos humanos que han sido amenazados de muerte por el trabajo que desempeñan.

Mario López Dareli, representante de la CIDH ante la Corte Interamericana, señaló el incumplimiento por parte del gobierno mexicano en el caso del asesinato de Digna Ochoa, y resaltó que ''ese crimen es resultado de un cuadro de la violencia e impunidad que se vive en México, y nadie ha sido hasta este momento sancionado. Además, continúan las amenazas en contra de integrantes del Centro Pro que trabajaron cerca de la abogada''.

En el inicio del 53 periodo ordinario de sesiones del brazo judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Interamericana citó al gobierno mexicano y a la CIDH ''para que le proporcionaran la información que requirió sobre la aplicación de las medidas provisionales en favor de los defensores de derechos humanos amenazados, y el avance en las investigaciones sobre el asesinato de Digna Ochoa''.

A esa sesión asistió el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, quien presentó a la Corte un informe de las investigaciones. El funcionario dijo ante dicho órgano internacional que dos son las ''grandes líneas de investigación que orientan este condenable homicidio: los casos que la abogada Ochoa trabajó en Guerrero, otros casos más y el entorno social de la defensora''.

Explicó que en relación con lo que los peticionarios señalan como inconsistencia del caso por ''la fuga de información en la averiguación previa, esta preocupación es compartida y se han tomado las medidas adecuadas para corregir tal situación. Se ha iniciado una averiguación previa por la filtración de una fotografía en la que aparece el cuerpo sin vida de Ochoa, publicada por un diario''.

Bátiz refirió que, contrario a lo señalado por los peticionarios, ''en el lugar de los hechos no sólo se imprimieron placas fotográficas por parte del Ministerio Público; se sabe de la presencia de otras autoridades que no dependen de la fiscalía. Del resultado de la investigación se informará oportunamente a la Corte''.

El funcionario agregó que fue él quien invitó públicamente al Centro Pro, ''en atención a su indudable prestigio y reconocimiento internacional, a integrarse como coadyuvante en la investigación, pese a conocer que a la fecha del lamentable homicidio la abogada ya no formaba parte de ese centro''.

Pero, precisó, ''en una primera etapa, efectivamente, no se permitió a dicho centro el acceso al expediente. Se tomó esa decisión, en consulta con el propio centro, en atención a que en esa primera etapa debían declarar, en calidad de testigos, integrantes de esa misma organización''.

Más adelante dijo que aunque el artículo 20 constitucional y el 9 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal ''no obligan al Ministerio Público a proporcionar copias de una averiguación previa que se encuentra en proceso de investigación, el Gobierno de la ciudad estima que en la averiguación que nos ocupa el MP debe sentar precedente para demostrar, en los hechos, su pleno compromiso con el estado de derecho, por lo cual el 23 de este mes instruí al subprocurador responsable del caso, en presencia de integrantes de dicho centro, para que se acordara la entrega de las copias de la averiguación en su integridad a la coadyuvancia''.

Bátiz informó que próximamente se hará la entrega del despacho -perteneciente al colectivo de abogados- en el que iniciaba su colaboración Ochoa, y reiteró el compromiso del Gobierno capitalino para esclarecer el homicidio.

A su vez, Carmen Herrera, abogada del Centro Pro, y quien asistió a esa sesión de la Corte como asesora de la CIDH para el tema, explicó que la audiencia fue importante porque se enteró a ese órgano en detalle de cómo se han instrumentado las medidas de protección y los avances de la investigación.

Dijo que se hizo una semblanza de la trayectoria de Digna Ochoa y el recuento de las amenazas que vivió, así como ''de la deficiente protección que tuvo del Estado en virtud de que ni la investigación ni la protección fueron eficaces, lo cual se suma a un patrón de impunidad en las amenazas a defensores de derechos''.

Se esperaba, agregó, que el Estado informara a la Corte de las medidas que ha tomado para la protección de las abogadas Bárbara Zamora y Pilar Noriega, así como el abogado Leonel Rivera, ''pero hasta el momento no se han implementado''.

La Corte emitirá una resolución después de analizar la información presentada en la audiencia, y ''se ha pedido que ratifique las medidas provisionales que ya ordenó al gobierno el 25 de octubre pasado, y se le solicitó que haga extensivas esas medidas a la familia de Ochoa''.

Juan Carlos Gutiérrez, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), en entrevista telefónica señaló que se insistió en dicha reunión en que haya resultados concretos de la investigación y se puso énfasis en la filtración a la prensa de datos relevantes de la indagatoria.

También se planteó la necesidad de protección para personas amenazadas y que se investigue y se informe de los responsables de las filtraciones a los medios de datos importantes del caso Ochoa.

Finalmente, se pidió que en materia política el Estado mexicano reconozca públicamente la labor de los defensores de derechos humanos, y la respuesta fue que ''se va a iniciar una campaña'' para resaltar esa actividad.