MARTES Ť 27 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť José Luis Soberanes entregará hoy al presidente Fox el informe sobre la guerra sucia

Reporta la CNDH desaparición de personas en instalaciones militares

Ť Recomendará al Ejecutivo federal crear una fiscalía especial para sancionar a los culpables

VICTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

En la recomendación de cuatro puntos que hoy entregará al presidente Vicente Fox el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, el ombudsman pide justicia en el caso de los 532 desaparecidos políticos durante la llamada guerra sucia; demanda que se analice la indemnización a los familiares de las víctimas, o a éstas si aún viven, y exige el compromiso expreso del Ejecutivo federal de que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir en el país.

El cuarto elemento de la recomendación de la CNDH es la petición de crear una fiscalía especial para sancionar penalmente a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los desaparecidos políticos, punto que -según precisó ayer Soberanes Fernández ante senadores- será hoy mismo resuelto por Fox con el anuncio de la instalación formal de ese órgano judicial.

Se trata de la primera recomendación que en sus casi 11 años de vida formula la CNDH a un Presidente de la República, y tendrá un carácter de ''indudable obligatoriedad a partir de que sea aceptada'', sostuvo Soberanes ante los senadores. En los Pinos trascendió ayer que el jefe del Ejecutivo aceptará la recomendación en todos sus puntos.

También por primera vez se reconoce que ocurrieron desapariciones en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Dicho informe precisa que se realizaron inspecciones oculares en el Campo Militar Número Uno, en la base área de Pie de la Cuesta y en el cuartel militar de Atoyac, Guerrero, así como en el Fuerte de San Diego, en Acapulco, y en otras instalaciones del Ejército en el país.

Deslinde de responsabilidades

Incluye además un señalamiento en torno a la responsabilidad política del Estado mexicano al permitir que ocurrieran tales hechos, en los que la comisión tiene documentada la participación de 37 dependencias públicas y 74 funcionarios; entre las primeras menciona a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación.

En recientes entrevistas el ombudsman nacional manifestó que en el informe sobre los desaparecidos haría un ''juicio moral y político'' de las autoridades responsables.

Durante la ceremonia que hoy se llevará a cabo en el Archivo General de la Nación, los nombres de los 74 funcionarios públicos responsables de tortura y desaparición forzada de 275 personas -del total de casos investigados- serán entregados por Soberanes al Ejecutivo federal en sobres cerrados, a fin de que ordene abrir las investigaciones pertinentes.

Sobre el tema, el titular de la CNDH explicó ayer a los legisladores que esa comisión no tiene facultades de Ministerio Público y, por ello, sólo acreditará ''las desapariciones forzadas de personas a manos de servidores públicos'', y será la fiscalía especial, dependiente de la PGR, la que lleve a cabo las averiguaciones previas y ejerza la acción penal que corresponda ''para que los jueces del país impongan las sanciones debidas''.

La comparecencia de Soberanes ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado pareció de mero trámite, sólo para cumplir las formalidades de informar previamente al Congreso sobre los resultados de la investigación en torno a los desaparecidos durante las décadas de los 70 y parte de los 80. Incluso, cuatro de los nueve legisladores integrantes del organismo no estuvieron presentes.

Soberanes no entregó el informe de casi tres mil cuartillas a los senadores, pero prometió hacérselos llegar por la tarde, y durante la breve reunión -40 minutos- se limitó a presentar un resumen del documento en el que destacó que de los 572 expedientes estudiados se probó en 275 de ellos la desaparición forzada imputable a autoridades públicas. En otros 97 casos sólo existen indicios, pero insuficientes para acreditar la desaparición, y en otros 160 no existen elementos.

El presidente de la CNDH respondió luego algunos cuestionamientos que le hicieron tanto el presidente la comisión senatorial, Sadot Sánchez Carreño, como la perredista Leticia Burgos, en el sentido de que no haya más impunidad.

''Que se esclarezca el agravio en la memoria nacional que significan los casos de mexicanos y mexicanas desaparecidos, y de los cuales existe interés por saber las condiciones y la circunstancia en que se dio esa desaparición'', pidió el panista Sánchez Carreño e insistió en la importancia del informe que hoy se entregará a Fox, ya que ''es un nuevo capítulo para la historia del país, en el sentido de que la impunidad de ninguna forma va a tener cobijo''.

De los siete senadores asistentes -Martha Tamayo y Jesús Galván estuvieron en calidad de invitados, ya que no forman parte de la comisión legislativa- fue la perredista Burgos la que formuló cuestionamientos directos al ombudsman. Le reprochó que hubiera filtrado a la prensa parte del informe y que incluso haya adelantado a Fox la petición de crear la fiscalía especial.

''Esto es delicado, esto pervierte la autonomía que este poder (Legislativo) le ha dado a la CNDH. Se lo digo con mucho respeto, porque la responsabilidad que usted representa ante la sociedad es enorme'', sostuvo la legisladora. Le dijo también que ojalá las recomendaciones que formulará al gobierno federal sirvan a la causa de la justicia e insistió en que los familiares de las víctimas de la represión exigen saber dónde están.

Soberanes se limitó a decir que no ha filtrado parte del estudio a la prensa y que lo publicado es producto de investigaciones periodísticas, sobre todo de medios que han seguido el tema por años e infirieron parte de las conclusiones.

Rechazó asimismo que Fox se haya adelantado a las conclusiones del informe, al anunciar en Nueva York semanas atrás que su gobierno crearía la fiscalía especial para investigar los casos de desaparición forzada. El ombudsman precisó que desde hace seis meses él hizo referencia a la necesidad de recurrir a esa instancia judicial.

''Cuando se me preguntó qué opinaba de la comisión de la verdad yo dije que veía ahí un inconveniente, que es el fundamento legal. De acuerdo con la Constitución, el Ministerio Público es el único encargado de investigar los delitos, y por ello una comisión de este tipo no podía actuar jurídicamente. Entonces me preguntaron: 'Ƒqué propone usted?', y yo dije la fiscalía especial''.

Precisó que durante 22 meses dieron vueltas al asunto en busca de la solución, debido a que la CNDH no tiene la facultad de ejercer acción penal y por ello se concibió la figura de la fiscalía especial, dependiente de la PGR.

En entrevista colectiva, Soberanes precisó que los resultados de su investigación llevan a que ''el Estado tiene responsabilidad'' en la desaparición y tortura de jóvenes, estudiantes y campesinos detenidos de manera ilegal, extrajudicial y posteriormente desaparecidos, la mayor parte de ellos durante los sexenios de Echeverría y López Portillo.

Destacó que la recomendación la entregará a Fox, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, para que actué conforme a la ley. Además, detalló, la CNDH rendirá informes especiales al Congreso de la Unión y al Poder Judicial.

Respecto a las críticas a su investigación que ha hecho la dirigente del Comité Eureka, Rosario Ibarra, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo -en entrevista al inicio de su comparecencia- que ''es difícil que ella en cinco días lo haya podido leer, pues se trata de casi 3 mil páginas''.