MARTES Ť 27 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Preocupa a asociaciones la cancelación de derechos constitucionales a extranjeros

Defiende Bush tribunales militares; ''tomé la decisión correcta'', reitera

Ť Desestima Washington negativa de Madrid a extraditar a ocho presuntos terroristas Ť España teme que los acusados carezcan de garantías civiles; exige procedimientos similares a los de la UE

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 26 de noviembre. El presidente George W. Bush defendió su decisión de utilizar tribunales militares secretos contra supuestos terroristas. Dijo que "no está en lo mínimo preocupado" por la posición del gobierno español, que se niega a extraditar a Estados Unidos a detenidos bajo sospecha de terrorismo sin garantías de que no enfrentarán la pena de muerte y de que no serán juzgados por este tipo de tribunales.

''Estoy deseoso de explicarle a mi amigo, el presidente de España, por qué tomé esa decisión", declaró Bush. "Tiene sentido eminente tener disponible la opción de los tribunales militares".

Por separado, el vocero del Departamento de Estado Richard Boucher intentó matizar la disputa con España, al indicar que aunque la Casa Blanca ha examinado el caso de los ocho hombres detenidos en el país ibérico por sospecha de sus vínculos con Al Qaeda, la red "terrorista" de Osama Bin Laden, Washington no ha solicitado formalmente su extradición.

Los tribunales militares forman parte de una serie de nuevas medidas adoptadas para la lucha "antiterrorista" de Estados Unidos, pero anulan los derechos y las garantías constitucionales a los ''no ciudadanos'', que antes gozaban en este país.

Por ejemplo, el procurador general, John Ashcroft, defendió este lunes el derecho del gobierno federal a emplear medidas extraordinarias para rastrear, interrogar y detener a presuntos terroristas señalando que estas medidas son necesarias en tiempos de guerra.

En conferencia con la prensa en Washington, Ashcroft rehusó divulgar los nombres de los detenidos ni su número, pero al mismo tiempo negó que esa gente se encuentre detenida en secreto.

El gobierno federal también ha puesto en vigor una medida que permite a las autoridades federales mantener detenido a un extranjero, aun cuando un juez de inmigración haya ordenado su liberación. Una nueva ley otorga más poder a las autoridades para detener a cualquier persona si el gobierno determina que existen "suficientes bases para creer" que representa una amenaza.

Pero la medida que anula más que cualquier otra las protecciones constitucionales es la de los tribunales militares autorizados por decreto presidencial el 13 de noviembre. Esos tribunales permiten juicios rápidos y secretos de extranjeros en procesos que se pueden realizar en cortes especiales en el país, en territorios extranjeros o aun en naves estadunidenses en alta mar.

El New York Times indicó que entre las posibilidades de estos tribunales están hacer procesos judiciales en la base naval estadunidense en Guantánamo, Cuba.

Abogados del Pentágono están redactando los procedimientos específicos para estos juicios, pero funcionarios indican que en general los acusados no gozarán del derecho de apelar del fallo de estos tribunales y que las normas de pruebas y evidencia, que se mantienen en las cortes civiles para poder condenar a un acusado, serían mucho menores. En el pasado, estos tribunales o "comisiones" militares han condenado y ejecutado a acusados en un periodo de menos de un mes.

Nadie ha sido enjuiciado ante un tribunal militar hasta el momento, pero el New York Times señala que las autoridades militares estadunidenses podrían dar sólo una mínima información sobre la gente enjuiciada y sentenciada, quizá el nombre del acusado y su condena, y los documentos de su juicio y todo lo vinculado con el proceso podrían permanecer secretos tal vez por décadas.

Preocupación entre defensores

Estas condiciones han provocado protestas de algunos grupos de libertades civiles y el senador Patrick Leahy ha citado a una audiencia legislativa para este miércoles a fin de evaluar estas iniciativas. Este fin de semana, Leahy criticó la propuesta de los tribunales y la nueva medida que permite que las autoridades federales intercepten las conversaciones entre abogados y clientes, piedra angular del sistema de justicia estadunidense que normalmente es un privilegio protegido.

Fueron estas condiciones para enjuiciar a acusados de vínculos "terroristas", lo que provocó que el gobierno de España declarara que no podría extraditar a aquellos sospechosos de "terrorismo" a Estados Unidos sin garantías de que no serían sujetos a procedimientos "irregulares" ajenos a los establecidos en la Unión Europea.

Sin embargo, estas protestas parecen no preocupar a Bush. "Tomé la decisión correcta. Un presidente tiene que tener la opción de usar un tribunal militar en tiempos de guerra", declaró el jefe de la Casa Blanca. "Fue la decisión correcta, y se la explicaré a cualquier líder que lo pregunte".