Ayer por la tarde en el Consejo Tutelar de Menores de San Fernando, ubicado en la delegación Tlalpan de esta capital, hubo un motín originado, según informes de las autoridades, por una riña en el área de visitas; sin embargo, la rebelión pronto se convirtió en una protesta contra la directora del centro, Magdalena Wong, y la comida que reciben, la cual, con frecuencia, se encuentra descompuesta o quemada. 

El incidente pudo pasar a mayores: unas tres decenas de personas quedaron temporalmente atrapadas en el área de visitas y se registró un incendio de colchones. A la postre, la situación fue controlada por la policía capitalina, con un saldo menor de un camarógrafo y un visitante lesionados.

Aunque no hubo daños graves que lamentar, ni humanos ni materiales, el episodio debe ser tomado por los gobiernos federal y capitalino, y por la sociedad en general, como una llamada de atención en torno a la terrible realidad carcelaria del país y, particularmente, de la situación en que se encuentran los menores infractores.

No hace falta un gran alarde de imaginación para visualizar las condiciones en que se encuentran los menores de edad recluidos en consejos tutelares: estas instituciones cuentan con presupuestos ínfimos, insuficientes, en todo caso, para desarrollar adecuadamente los objetivos de reeducar, rehabilitar y reinsertar en la sociedad a niños y jóvenes que, por lo general, provienen de entornos familiares desintegrados y de contextos sociales marginados y corrompidos por la miseria. 

Si los reclusorios y centros penitenciarios para adultos son considerados, con razón, universidades del crimen, a muchos de los consejos tutelares les correspondería la descripción de escuelas primarias para el delito. Pero si la readaptación resulta impracticable en algunos reclusos mayores de edad, en el caso de los menores es irrenunciable como propósito. La sociedad-que es, a fin de cuentas, la generadora de delincuentes- no puede desentenderse de sus obligaciones para con los infractores niños y adolescentes.

Resulta, por ello, imperativo revisar la situación de las instituciones referidas. Esa tarea debe involucrar a las autoridades federales y urbanas, a las comisiones capitalina y nacional de Derechos Humanos, así como a las organizaciones de la sociedad civil. Debe garantizarse que los consejos tutelares efectivamente tutelen y evitar que sigan siendo o se conviertan en meros depósitos de seres humanos en desgracia.