LUNES Ť 26 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

León Bendesky

En juego

Es mucho lo que está hoy en juego en la conducción económica y política del país. Las decisiones que tome el Congreso con respecto al presupuesto federal y, eventualmente, ante la reforma fiscal, van a marcar el rumbo de esta sociedad por un buen tiempo. En ese entorno, la gestión de la política hacendaria adquiere relevancia y exige de la dependencia encargada una responsabilidad consistente con las ofertas que ha estado haciendo el gobierno y que no puede cumplir. Este ha puesto en Hacienda una gran parte de su capacidad efectiva de hacer prácticamente cualquier cosa.

Se ha ido creando recientemente una práctica en la conducción de la economía que no parece adecuada. Esta se refiere a la presión que se ejerce desde Hacienda sobre las demás instancias políticas y sociales, sea el propio Congreso, los gobiernos estatales, las empresas públicas, los trabajadores o los empresarios. El año pasado, alrededor de estas mismas fechas, se presentó el proyecto de presupuesto con una estimación del déficit fiscal de 0.5 por ciento del producto y, una vez aprobadas las leyes correspondientes se aceptó abiertamente lo que todo mundo sabía: que en realidad los diversos compromisos de endeudamiento del gobierno llevaban esa cifra a una cantidad mucho mayor, del orden de 2.5 por ciento, o sea, cinco veces más. Esta diferencia viene de la medida convencional de déficit, ingresos menos gastos, y de los llamados requerimientos financieros del sector público que incluyen, básicamente, los recursos que exigen el Fobaproa y el IPAB que, no debe olvidarse, aún operan ambos, los programas de rescate de deudores y carreteras, los ya famosos Pidiregas. El problema es que falta contar las pensiones del IMSS y el ISSSTE, y las deudas de los gobiernos estatales.

Las finanzas públicas se administran oficialmente con una doble contabilidad, lo que por supuesto estaría penado para cualquier empresa que lo así lo hiciera. En el actual presupuesto tenemos, otra vez, un déficit del orden de 0.6 por ciento y requerimientos financieros del orden de 3.2 por ciento del producto. Pero, se consideren dentro o fuera del balance de las cuentas públicas, el caso es que esas sumas de dinero las debe el gobierno y las paga con los recursos provenientes de los impuestos y de los precios de los bienes y servicios públicos. ƑNo sería mejor consolidar toda la deuda y actuar en consecuencia haciendo una política fiscal que empiece de una vez por todas a sacar de la virtual quiebra al gobierno?

De ahí se desprende el conflicto sobre la reforma fiscal. La propuesta del gobierno no es buena ni en términos técnicos ni políticos. Por eso es que no pasó siquiera la primera prueba en el Congreso y hoy la rechazan incluso las fracciones parlamentarias del mismo PAN. El conflicto de la reforma se convierte en un asunto político, como corresponde a su propia naturaleza, por lo cual nadie debería sorprenderse y menos asustarse. Pero no acaba ahí la cuestión, sino que provoca presiones que no llevan a ningún lado bueno a esta sociedad. No es cierto que de no aprobarse la reforma como la quiere el gobierno la economía no crecerá y, peor aún, que si se aprueba crecerá de modo sostenido y estable. Eso es falso y debería ser tema de discusión abierto. Tampoco es cierto que si no se aprueba la reforma habrá ingobernabilidad, como apuntó recientemente el gobernador de BdeM, quien defiende tanto la posición autónoma que tiene su institución. La incapacidad de gobernar va a venir de otros lados que son cada vez más evidentes para quien quiera verlos.

La inadecuada práctica del quehacer de la política económica se advierte de igual manera en la constante rectificación de las estimaciones que hace Hacienda. El proyecto de presupuesto se presentó con números que decían que el crecimiento del producto sería 0.1 por ciento a fin de año, y 1.7 por ciento en 2002. Tan sólo a unos cuantos días las cifras se rectificaron a -0.1 por ciento y 1.4 por ciento, respectivamente, y no se trata de cambios insignificantes. Cómo es posible que los técnicos hacendarios tengan que cambiar los números apenas presentados los Criterios Generales de Política Económica que, así, pierden su relevancia como marco del debate económico. Esta no es una deficiencia técnica, ni una expresión del muy cambiante escenario económico, aparece más bien como instrumento político de presión.

Dentro de toda esta revoltura no deja de llamar la atención a quien atienda los problemas nacionales, la acre disputa entre dos entidades que pertenecen de modo formal al Poder Ejecutivo, es decir, la Procuraduría Fiscal de la Federación y el IPAB. El rescate bancario ha sido, por sí mismo, un asunto muy controvertido y muy costoso de la política económica desde 1995, y como tal provocó gran insatisfacción en la sociedad, mismo que aún perdura. No se olvide que el gasto programable, que es el destinado a la atención de las necesidades sociales y de infraestructura, sigue cayendo año con año con respecto al producto, siendo hoy el más bajo en 20 años, mientras el gasto no programable, que se destina esencialmente al pago de intereses de la deuda del gobierno, incluyendo los compromisos de Fobaproa-IPAB con los bancos comerciales, aumenta en cada presupuesto federal.

El IPAB opera con una ley que delimita sus funciones y enmarca sus decisiones y todo ello está a la vista de los legisladores que deben velar por su cumplimiento y por la rendición de cuentas de los funcionarios responsables. El procurador fiscal, que es funcionario de Hacienda, puso en entredicho la legitimidad de los vocales independientes del IPAB, organismo que preside su propio jefe, el secretario del ramo. El cuestionamiento fue atendido por la Secodam, que no encontró motivos que justificaran las dudas del procurador que, no obstante, no quedó satisfecho y anunció que apelará de la decisión. Esto es incomprensible en términos legales, institucionales y especialmente políticos, pues significa en efecto un debilitamiento de las instituciones y un menoscabo de la ley que es muy costoso para este país. No se sabe, ni importa, si los vocales son virtuosos o almas caritativas, el caso es que tienen un nombramiento aprobado por el Congreso y una obligación de cumplir: una ley que mientras no sea rectificada es la única de referencia. Además, habría muchos otros cuestionamientos acerca de la estructura del instituto que deberían responderse. Hay asuntos mucho más graves en el IPAB que las virtudes de sus funcionarios o incluso del procurador. Ahí es donde debía ponerse la atención de los legisladores y de los propios oficiales de Hacienda. Y mientras, todos nosotros, como se dice, estamos como chinitos: nomás milando.