LUNES Ť 26 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť José Luis Soberanes también dará cuenta de 532 detenciones ilegales
Presentará mañana el ombudsman a Fox el informe sobre los 275 casos de desaparecidos
Ť La CNDH comprobó que estos hechos ocurrieron entre 1970 y 1989 durante la guerra sucia contra organizaciones guerrilleras del país Ť Pedirá la creación de una fiscalía especial
VICTOR BALLINAS
Petronilo Castro Hernández, quien fundó junto con Lucio Cabañas el Partido de los Pobres (PDLP) en Guerrero, desapareció en el Campo Militar Número Uno. Los responsables de ello son elementos del Ejército Mexicano y miembros de la Dirección Federal de Seguridad.
Este es uno de los 275 casos de desapariciones de la guerra sucia, cuyo informe presentará este martes el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, al presidente Vicente Fox, y en el cual se resalta -como lo informó La Jornada el 4 de noviembre pasado- que la mayoría de esas desapariciones ocurrieron en el Campo Militar Número Uno y otras instalaciones de las fuerzas armadas en el país, en cárceles clandestinas y en las oficinas de la Brigada Blanca o Especial que dependía de la Secretaría de Gobernación.
Dicho informe da cuenta de la investigación de 532 casos de personas detenidas de manera ilegal. La CNDH comprobó la desaparición de 275 entre 1970 y 1989.
Participaron 42 agentes de la DIPD
En el documento que Soberanes hará público se señala que al menos 42 elementos de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) de la dirección general de Policía y Tránsito del Distrito Federal participaron en esos hechos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) asegura que en el ciento por ciento de los casos documentados las personas fueron víctimas de tortura, trato inhumano y degradante. Por ello, en uno de los puntos de la recomendación que este órgano hará al presidente Fox se le solicitará que instaure una fiscalía especial en la PGR para la investigación de estos hechos, además de que " reglamente a las corporaciones e instancias que actúan en el ámbito de la seguridad nacional".
En el caso de Guerrero, estado con el mayor número de denuncias de desaparecidos -293 según la CNDH y más de mil de acuerdo con cifras de organizaciones de familiares-, los lugares donde se recluyó a las personas detenidas extrajudicialmente fueron el Campo Militar Número Uno, el cuartel de Atoyac, la base aérea de Pie de la Cuesta, cárceles clandestinas, diversas instalaciones militares en el país y las oficinas de la Brigada Blanca o Especial.
Las quejas datan desde 1990
Se apunta en dicho informe que el origen de las quejas sobre desaparecidos fueron tomadas de las que Eureka entregó desde 1990 a ese órgano, 66 de la propia CNDH, 7 Afadem, dos de la ONU y cinco de otros organismos.
También se indica en ese informe que en promedio 4 de cada 10 detenciones se realizaron durante la noche en el domicilio de las víctimas y se constató que en los 275 casos comprobados de desaparecidos hubo amenazas y violaciones de derechos humanos de sus familiares.
La integración total de los expedientes consta de 175 mil 55 fojas, de las cuales 79 mil 878 corresponden a la zona urbana y 95 mil 177 a la rural.
En las desapariciones de personas participaron 37 dependencias -6 del ámbito federal, 25 del estatal y 6 del municipal- y 74 servidores públicos -59 del ámbito federal y 15 del estatal. Para la investigación se consultó el Archivo General de la Nación -3 mil 308 cajas con informes sobre la dirección general de Investigaciones Políticas y Sociales, 182 cajas revisadas y un total de mil 130 legajos.
Las investigaciones de la CNDH señalan que 70 por ciento de los desaparecidos en el medio urbano eran estudiantes, 20 por ciento obreros y el resto profesionales y empleados, en tanto que en la zona rural 75 por ciento eran campesinos y maestros.
Caso Petronilo Castro Hernández
La CNDH en su investigación del caso de Petronilo Castro Hernández -cuya detención ocurrió el 25 de abril de 1972, a manos de policías judiciales, según la denuncia de sus familiares- encontró que elementos de la 27 zona militar, con sede en Acapulco, y del Campo Militar Número Uno, así como funcionarios públicos de la extinta Dirección Federal de Seguridad incurrieron en los delitos de detención arbitraria, retención ilegal y su posterior desaparición.
La CNDH, en una síntesis de ocho cuartillas, da cuenta de este caso. Algunos párrafos contienen lo siguiente: "Castro Hernández Petronilo, (a) Elías. Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres. Se encontró un oficio del 2 de mayo de 1972, de la DFS relativo a los sucesos acaecidos en Atoyac de Alvarez, Guerrero. Petronilo Castro está detenido en esta población, con el fin de que aporte datos acerca del paradero del grupo de secuestradores de Cuauhtémoc García Terán, manifestó el día de hoy que Florentino Loza, quien se encuentra en este lugar, es la persona que conoce todos los movimientos que se suscitan en la sierra del estado, por lo que se considera de suma importancia detenerlo para su interrogatorio (sic).
"Documento del 25 de junio de 1972, suscrito por el entonces Director Federal de Seguridad relativo a interrogatorios realizados por elementos de esa dependencia y en donde se señaló lo siguiente:
"A las 7 horas del día de la fecha llegaron al Campo Militar Número Uno nueve personas detenidas por la 27 zona militar con sede en Acapulco, mismas que desde hace dos meses se encontraban detenidas por sospechar que pertenecían al Grupo de Lucio Cabañas Barrientos (...) Los detenidos son: Alberto Arroyo Dionisio, Justino Barrientos, Román Ríos Roque, David Rojas Arias, Petronilo Castro Hernández, Guadalupe Castro Molina -hija de Petronilo Castro-, Isabel Jiménez Hernández y Luis Cabañas Ocampo.
Interrogatorio de la DFS
"Agentes de esta dirección procedieron de inmediato a interrogar a las mencionadas personas quienes han manifestado los siguiente: Petronilo Castro dijo (...) fue entrevistado en el domicilio antes mencionado por dos amigos (...) con objeto de que el de la voz se trasladara al Campamento de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de Los Pobres (PDLP), (...) lugar en donde se llevó a cabo una reunión tipo nacional o como el de la voz lo denomina 'Congreso de Tipo Nacional', al que asistieron representantes de grupos clandestinos actuantes en el país (...) que durante su estancia en el campamento se le otorgó el seudónimo de Elías, así como una escopeta calibre 16 retrocarga y que cuando tuvo necesidad de ver a sus asuntos particulares se separó del comando al que pertenecía y entregó el arma para bajar de la sierra. Cuando fue detenido (sic)".
En otra parte de su informe la CNDH hace referencia a dos oficios, uno sin fecha, en los que se enumeran las personas que son trasladadas al Campo Militar Número Uno. En ellos se menciona a Petronilo Castro Hernández, quien confesó " haber sido aleccionado con pláticas sustentadas con Lucio Cabañas y el doctor Enrique", de acuerdo con esos reportes.
Otro documento, con fecha 8 de agosto de 1975, en papel oficial de la Secretaría de Gobernación, se refiere "Castro Hernández Petronilo, miembro de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, detenido el 26 de junio de 1972 por el ejército en el estado de Guerrero, se encuentra recluido en el campo militar Número Uno" (sic).
Conclusiones de la CNDH
La CNDH concluye en la investigación de este caso que elementos del Ejército Mexicano realizaron una detención arbitraria y una retención ilegal, así como elementos de la Dirección Federal de Seguridad, a quienes se acredita la responsabilidad de haber vulnerado los derechos humanos y desaparición del señor Petronilo Castro Hernández.
Los derechos violados son: derecho a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal, y adecuada defensa.
Otro de los casos incluidos en el informe, es el de Juan Onofre Ocampo. Exp. CNDH./PDS/95/GRO/sOO243.OOO. Entre las evidencias halladas en el Archivo General de la Nación, la CNDH señala que encontró un documento en el que se señala que "el 1o. de septiembre de 1974 fueron detenidos en Atoyac de Alvarez, Guerrero, Juan Onofre, Isidro Salinas Pineda y Teresa Estrada Ramírez. Elementos del ejército dijeron que Onofre era del sector de ese cuerpo armado (sic)".
La CNDH concluye este caso señalando que los elementos del Ejército Mexicano que detuvieron y retuvieron de manera ilegal a Juan Onofre se les acredita la responsabilidad de violación de derechos humanos.