La ciudadanía y la opinión pública internacional temen que el asesinato de Digna Ochoa, defensora intransigente de los derechos humanos, quede tan impune como otros crímenes cometidos contra personalidades importantes como el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, que no ha sido esclarecido porque desde el primer momento se comenzó a embrollar las pistas y a desviar las investigaciones. 

El prestigio del gobierno y sus afirmaciones sobre el respeto por los derechos humanos están hoy en juego. La Procuradoría General Judicial del Distrito Federal y el propio gobierno federal resarcirán su credibilidad, en México y el mundo, si demuestran ser capaces de realizar un cambio radical con respecto a los métodos turbios del pasado. 

Desgraciadamente, este no parece ser el caso. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a través de su director --acompañado por dos figuras tan prestigiosas como el padre Miguel Concha y el representante en México de Amnistía Internacional--, sostuvo que se están desviando las pesquisas utilizando filtraciones y bajas insinuaciones e hipótesis absolutamente inverosímiles, según las cuales el crimen podría haber sido causado por problemas pasionales o por presuntas divergencias de la víctima con el mismo centro Agustín Pro. 

Este organismo sostiene que la investigación "no garantiza de manera alguna" el resultado necesario, o sea, encontrar a los mandantes y ejecutores del asesinato de Digna Ochoa, cometido para acallar una voz defensora de las libertades y de la democracia. 

No han sido citadas a declarar autoridades; los grandes intereses económicos madereros y los responsables políticos de crímenes en Guerrero, como el ex gobernador Rubén Figueroa, ligado a aquéllos, tampoco han sido directamente investigados, lo cual hace temer por la vida de los ecologistas guerrerenses que Digna Ochoa defendía. Debido a todo esto, el Pro acordó con el gobierno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé asistencia técnica a la PGJDF para llegar a la verdad e impedir que siga existiendo la viscosidad de las instituciones investigadoras, que no han sido depuradas de los elementos acostumbrados al crimen político y a sembrar falsas pistas y crear cortinas de humo para asegurar la impunidad a los altos personajes capaces de organizar "crímenes excelentes" de repercusión nacional y mundial. 

Pesan como montañas el hecho de que Digna Ochoa enfrentó a fuertes personajes e intereses en sus investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos en Chiapas y Guerrero, así como las amenazas de muerte antes y después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizara retirarle la protección, dejándola inerme. 

La opinión pública conoce esos hechos, así como la vida cristalina de Digna Ochoa, de su entorno y de sus compañeros en la defensa de los derechos humanos. Las falsas pistas son, por eso, una ofensa a la razón y a todos los que creen en la democracia y la justicia.