SABADO Ť 24 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Nora Patricia Jara

Consulta: los riesgos de la democracia

Con las encuestas a su favor, el Gobierno del Distrito Federal decide convocar a una consulta ciudadana para saber si sube o no las tarifas del transporte público en esta capital, ejercicio que para sus críticos y detractores no tiene razón de ser porque significa la renuncia a una de sus obligaciones principales, ratificada en las urnas: la de administrar los bienes y servicios públicos. Pero desde la óptica de Andrés Manuel López Obrador, la propuesta pretende contribuir a la incipiente cultura democrática mexicana al tomar en cuenta la opinión de sus gobernados en la toma de decisiones.

La apuesta es riesgosa, si los habitantes que participen en la consulta por vía telefónica, que tendrá un costo de un millón de pesos, deciden que no aceptan que se aumente en 50 centavos el pasaje del Metro, autobuses, Tren Ligero y trolebuses. De ser así, el gobierno capitalino continuaría otorgando un alto subsidio a esos tipos de transporte, sobre todo el Metro, que es la columna vertebral de esta ciudad.

Para mantener el subsidio, según legisladores del PAN, el gobierno perredista tendrá que disponer de recursos que no le pertenecen y que formarán parte del endeudamiento solicitado al Congreso para 2002, y que ascienden a 6 mil millones de pesos; es menos que en años anteriores, aseguran las autoridades de la ciudad de México. Según datos del Sistema de Transporte Colectivo, ni con un incremento de 50 centavos al Metro la situación se resuelve; hace falta mantenimiento técnico, capacitación y remozar los vagones, además de garantizar su opción como el transporte menos contaminante y más efectivo para las grandes urbes como la nuestra, con estrategias que permitan a los millones de usuarios contar con seguridad y calidad; recientemente concluyó en fracaso una campaña para evitar el acoso y el abuso sexual contra las mujeres en estaciones del Metro.

Ante esta realidad, López Obrador ofrece una consulta y llama a la participación. En el exhorto invoca a la ética de la responsabilidad, o lo que algunos llaman "la memoria del futuro", esa que dice Max Weber que se preocupa también de las consecuencias previsibles de la acción. Haciendo caso de sus propias recomendaciones, recordemos lo de aplicar valores democráticos como la paciencia, prudencia y presencia.

El jefe de Gobierno trata de repartir la responsabilidad de sus decisiones entre todos los que estamos en esta ciudad. En este caso, la prudencia prevalece como virtud del riesgo y la decisión; lo que separa la acción del impulso, lo que supuestamente obedece al principio de lo real pero que considera los riesgos. Evalúa y actúa con cautela, y esto es lo que los ciudadanos manifestamos en las urnas, también la acción razonada de un gobierno que administre con honestidad y que delibere con ánimo de discernir correctamente lo que nos conviene, lo que puede ser adecuado y de forma consensuada.

Bien dicen los filósofos contemporáneos que aunque la palabra prudencia ha casi desaparecido de nuestro diccionario, es una de las virtudes que en la era moderna se tornan más necesarias, aunque sus cualidades suponen riesgos, incertidumbre y azar, factores de las democracias contemporáneas que bien valen una llamada telefónica para participar, exigiendo a cambio decisiones responsables que hablen de las ventajas y desventajas de realizar tal o cual obra y que incluyan el Ƒcómo?, los medios y el fin; así tal vez no tendríamos campesinos a caballo y con machete en mano por las calles del Distrito Federal.