SABADO Ť 24 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Sin evidencia de que la ex mandataria interviniera en contratos de publicidad, concluye
Exime Contraloría a Robles de toda responsabilidad en el caso Publicorp
Ť Iniciará proceso contra tres ex funcionarios, por posibles irregularidades administrativas
Ť Notificó ayer mismo la dependencia su resolución a los diputados que presentaron denuncia
ELIA BALTAZAR
La Contraloría General del Gobierno del DF eximió de cualquier responsabilidad administrativa a la ex jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles, en la firma de cinco contratos de publicidad con la empresa Publicorp.
Por su parte, el diputado Arturo Barajas también fue notificado por la Procuraduría General de la República del no ejercicio de acción penal en contra de Rosario Robles, por no haber elementos para tal acción.
En un comunicado, la Contraloría informa sobre la resolución ante la denuncia que presentaron los diputados panistas Walter Widmer y Federico Doring el 28 de mayo pasado, cuya ampliación solicitaron el 20 de junio.
La Contraloría resolvió que "no existe evidencia de que Rosario Robles participara en la suscripción y presentación de los contratos motivo de la investigación, ni tampoco en el proceso de su aprobación, como se comprueba en el acta de la segunda sesión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones del GDF, de fecha 26 de enero de 2000".
No obstante, la Contraloría encontró elementos suficientes para presumir la responsabilidad administrativa de Agustín Granados, ex director de Comunicación Social; Roberto José Peniche, ex coordinador administrativo de la misma dependencia, y del ex oficial mayor Porfirio Barbosa, en contra de quienes se iniciará el proceso disciplinario correspondiente. Se afirma que en el proceso de contratación de los servicios de Publicorp sí hubo incumplimiento de la Ley de Adquisiciones del DF.
Dado que en su denuncia los diputados panistas señalaron que los cinco contratos con Publicorp resultaron demasiado onerosos, la Contraloría resolvió que no hubo daño patrimonial en contra de la administración pública capitalina, por la contratación de los servicios de publicidad.
Asegura que las tarifas que en su momento ofreció la empresa de Luis Kelly se ajustan a los parámetros de entre 10 y 17 por ciento de comisión que cobran generalmente las agencias que ofrecen ese tipo de servicios.
Se apunta en la resolución que al comparar el presupuesto que en su momento ofreció Publicorp al GDF con las demás tarifas y planes de comercialización, "se confirmó que se apegan a los parámetros que emplea el ramo para cobrar por sus servicios".
La Contraloría dio respuesta a cada uno de los argumentos presentados por los diputados panistas para presumir alguna responsabilidad de la ex mandataria.
Doring y Widmer aseguraron, por ejemplo, que en los contratos de publicidad se rebasó el límite de 20 por ciento del volumen anual de adquisiciones permitido para el ejercicio de 2000.
La Contraloría, sin embargo, advierte que "los denunciantes hicieron una interpretación errónea del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, dado que los contratos se realizaron con base en la fracción siete del artículo 54 de la misma legislación, la cual permite la posibilidad de adjudicar de manera directa, sin establecer montos o porcentajes, cuando se trata de servicios que puedan comprometer información confidencial para el DF". Por eso, agrega, no es aplicable el precepto a que aludieron los panistas.
En su denuncia los panistas aseveran que no se cumplió con las normas para licitaciones que marca el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, ante lo cual la Contraloría asegura que "resulta inexistente la violación que los denunciantes reclaman", pues la investigación demostró que el procedimiento de adjudicación directa mediante el cual se realizaron los contratos se llevó a cabo conforme lo marca la ley.
Anomalías en los plazos
Las irregularidades que encontró la Contraloría tienen que ver más con los tiempos a que obliga la ley. Por ejemplo, explica que uno de los contratos, que asciende a 55 millones 62 pesos, se adjudicó el primero de enero de 2000, pero no fue autorizado hasta el 23 de ese mes. En ese mismo contrato se incumplió la ley al entregar la fianza de garantía hasta el 14 de agosto, después de la fecha de celebración del mismo. En el resto de los contratos se advirtió que fueron autorizados "sin la suficiencia presupuestal correspondiente".
Estas "inconsistencias" determinaron que Granados, Peniche y Barbosa fueran señalados como posibles responsables de faltas administrativas, dado que intervinieron en los procesos de suscripción de manera directa.
La Contraloría notificó ayer mismo a los diputados Widmer y Doring sobre su resolución y de la decisión de fincar responsabilidades administrativas a Barbosa, Granados y Peniche, cuyo expediente remitirá ahora a la Dirección de Responsabilidades y Sanciones, para que se inicie el proceso disciplinario.