sabado Ť 24 Ť noviembre Ť 2001

Miguel Concha

Audiencias sobre México

Del 12 al 16 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 113 periodo ordinario de sesiones. En él dedicó por primera vez cinco audiencias a México, para tratar la situación general de los derechos humanos en el país, la de los pueblos indígenas en particular, así como el seguimiento de nueve casos específicos de violaciones a los derechos humanos, el desarrollo de reuniones de trabajo sobre otros nueve que se encuentran en trámite, y una audiencia especial para conocer los avances de las investigaciones de la ejecución de Digna Ochoa.

Parte de los resultados obtenidos han sido ya dados a conocer por La Jornada, especialmente los que se refieren al significativo caso del general brigadier José Francisco Gallardo. Sin embargo, existen otros avances importantes, derivados del trabajo de varias organizaciones civiles nacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, las que además solicitaron el nombramiento de un relator especial para los defensores de derechos humanos en el sistema interamericano. A todo ello contribuyeron también la asesoría y la colaboración de organizaciones, como Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y desde luego los acuerdos que se pudieron lograr entre la propia comisión y el gobierno.

A propósito del tema de la situación general de los derechos humanos, se acordó que éste deberá fortalecer los mecanismos de interlocución con las organizaciones civiles, debiendo propiciar en ello la participación activa de los tres poderes de la Unión. El presidente de la CIDH lo instó también a crear mecanismos integrales que garanticen en forma expedita el cumplimiento de las recomendaciones generales hechas por dicho organismo en el informe presentado en 1998. Asimismo, y por lo que se refiere al seguimiento de los nueve casos que cuentan ya con informes públicos, como los casos Hernández, hermanas Hernández, Loren Riebe y otros, Manuel Manríquez, ejido Morelia, Aguas Blancas y Pedro Peredo Valderrama, se presentaron avances importantes en materia de reparación de daño. En este último, un caso flagrante de homicidio y de violación al derecho de administración de justicia, a cargo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC, y de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, AC, el gobierno del Distrito Federal se comprometió ya a pagar 90 por ciento de lo solicitado por los peticionarios, y a cumplir con otras exigencias, como reconocimiento público de que se violaron también por amenazas los derechos humanos de su familia, ajustándose a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consideramos que este compromiso crea un precedente importante en este tema, pues hasta el momento el gobierno no ha elaborado todavía una ley específica que garantice a las víctimas el pago de los daños sufridos por violaciones a sus derechos fundamentales. En otros de los casos el gobierno federal se comprometió a emprender modificaciones legales en materia de política migratoria y procuración de justicia, que deberán incorporar los estándares internacionales establecidos por los organismos intergubernamentales de protección de los derechos humanos.

Por lo que hace a la audiencia sobre asuntos indígenas, en la que significativamente no estuvo presente la delegación gubernamental, las organizaciones ciudadanas solicitaron a la CIDH que se analizara la posibilidad de contar con una opinión consultiva de la corte sobre la contrarreforma en la materia, promulgada el 14 de agosto en el Diario Oficial.

En la audiencia sobre el caso de Digna Ochoa, que se efectuó con la presencia de los representantes gubernamentales y aplicando el nuevo reglamento interno de la CIDH, que la faculta para actuar de oficio en casos relevantes para la defensa de los derechos humanos, el compromiso con el gobierno consistió en informar periódicamente a la comisión sobre los avances de la investigación sobre los autores materiales e intelectuales de la ejecución de la abogada, y en cumplir con los mecanismos de protección pedidos por la CIDH para sus familiares, los integrantes del Centro Pro y los del bufete en el que laboraba.