SABADO Ť 24 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Eliminar un artículo relacionado con lavado de dinero, entre las propuestas
Piden jueces reformas al Código Penal Federal
Ť Coinciden en que ellos pueden dictaminar responsabilidad en actos de delincuencia organizada
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
Jueces de distrito de todo el país propusieron reformas legales que supriman el artículo 400 del Código Penal Federal, relacionado con lavado de dinero; la ampliación del plazo de 12 horas en lo que se refiere a mandamientos de intervención telefónica; el libramiento de órdenes de aprehensión por delitos graves, y solicitaron que el Poder Legislativo establezca "dispositivos claros y precisos que reglamenten lo relativo a la reparación del daño" para los afectados por un delito.
Además, coincidieron en que los jueces federales pueden conocer y dictaminar la responsabilidad penal en materia de actos considerados como delincuencia organizada, que son materia del fuero común y se encuentran tipificados en los códigos penales estatales, una vez que el Ministerio Público de la Federación ejercite su facultad de atracción.
Lo anterior forma parte de las conclusiones del Congreso Nacional de Jueces de Distrito, en donde los impartidores de justicia consideraron necesario que se diseñe y planifique una política criminal con criterios uniformes, "para que sea coherente y funcional en todos los aspectos y niveles" el combate a la delincuencia organizada, y establecieron criterios firmes para impedir que propietarios de los llamados giros negros obtengan suspensiones provisionales que impidan la clausura de sus negocios cuando incumplan los términos de las licencias de operación.
Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, los más de 250 jueces de distrito manifestaron estar de acuerdo en apoyar el combate a la delincuencia organizada, y se comprometieron a no sucumbir ante amenazas o presiones a la hora de emitir sus dictámenes o sentencias.
Una de sus primeras conclusiones fue proponer a los legisladores la ampliación del plazo de 12 horas para resolver en torno a las peticiones de intervención telefónica.
En cuanto a la delincuencia organizada, consideraron que deben crearse políticas criminales integrales que "no comprendan solamente medidas de carácter represivo, sino principalmente de tipo preventivo", es decir, que las acciones no sólo se limiten a una reforma de la legislación penal o al "incremento o endurecimiento de las penas".
Por lo que se refiere al libramiento de órdenes de aprehensión por delito grave, los jueces estimaron que es insuficiente el plazo de 24 horas para resolver los pedimentos, y consideraron que el tiempo establecido "debe aumentarse en razón de un día más por cada número determinado de hojas (200) del expediente, fijando un plazo máximo para emitir la resolución".