Ť Las filtraciones desvían la atención hacia aspectos irrelevantes, señala el Centro Pro

Peligra la investigación del caso Digna Ochoa por "fuga de información"

Ť La ONG dice desconocer metodología de la pesquisa Ť Entrega informe a Bátiz Ť Denuncia participación limitada en indagatorias, además de amenazas a familiares y amigos de la abogada

 CLAUDIA HERRERA BELTRAN

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció "fuga de información" en el caso del asesinato de la abogada Digna Ochoa, lo que pone en riesgo la eficiencia y eficacia de las indagatorias y alerta a los implicados, y advirtió que las filtraciones desvían la atención hacia aspectos que no tienen fundamento para aclarar el caso.

Recordó que el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, había admitido que la litigante había sido ejecutada a causa de su trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos, pero ahora se habla de una línea de investigación acerca de presuntas diferencias laborales entre el director del centro, Edgar Cortez, y Digna Ochoa.

A 33 días del homicidio, Cortez presentó un primer balance sobre las pesquisas, cuyas condiciones actualmente, aseveró, "no garantizan de manera alguna" que los esfuerzos concluyan en el esclarecimiento del crimen, ya que hay una serie de irregularidades.

Expuso que, a petición de un grupo de organismos no gubernamentales y de los familiares de Ochoa, el gobierno mexicano aceptó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofrezca cooperación técnica a la procuraduría capitalina, lo cual implica la contratación de un experto internacional en investigación criminal desde la perspectiva de los derechos humanos.

Las principales anomalías que denunció son: que el centro no ha tenido acceso al expediente ni información sobre la metodología de la investigación, pese a que es coadyuvante; que los familiares y amigos de Ochoa han sido intimidados en su domicilio, y que desconocen si los gobiernos federal y capitalino efectivamente están colaborando como habían acordado.

En conferencia de prensa a la que asistieron representantes de ONG, como el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, y el representante de Amnistía Internacional en México, Christian Rojas, Cortez leyó un resumen del informe que fue entregado al procurador Bátiz y señaló que el propósito es que pueda identificar los puntos que podrían poner en riesgo la eficacia de sus esfuerzos y así poder corregirlos.

Reiteró que "la apuesta del centro es más que por un resultado inmediato y precipitado que pudiera ser equívoco, por una investigación seria y efectiva que esclarezca el crimen, ponga en manos del Poder Judicial a los responsables y siente las bases para que hechos tan repugnantes no se vuelvan a repetir".

Al referirse a las irregularidades, se quejó de la "fuga de información" y señaló que esto pone en riesgo la eficiencia y eficacia de las indagaciones, pues se trata de datos que pueden poner en alerta a los implicados o desatar una serie de hipótesis en la opinión pública que desvíen o entorpezcan la resolución del caso.

Consideró que la "filtración" está desviando la atención a aspectos que no tienen fundamento, cuando el propio procurador Bátiz admitió en los días posteriores al asesinato que Ochoa fue ejecutada a causa de su trabajo de defensa y promoción de derechos humanos.

Explicó que en los últimos días se ha insistido en que una línea de investigación estaría motivada por diferencias laborales entre Cortez y Ochoa. Aclaró que estas diferencias se debieron a que el centro determinó el traslado de la abogada a Estados Unidos ante las reiteradas amenazas y agresiones contra ella y los nulos resultados de las medidas de seguridad.

Señaló que esta decisión no fue aprobada por Ochoa, lo que produjo "una tensión" que finalmente causó que ella se separara de la ONG. Cortez consideró que esta medida fue "extrema", pero era la única forma de proteger la integridad física de la abogada.

Recordó que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el presidente Vicente Fox manifestaron su disposición de colaborar con la procuraduría del DF para hacer justicia en este caso. Sin embargo, expresó que desconocen si esta coordinación se ha concretado.

El otro aspecto que criticó es que la procuraduría capitalina aceptó la coadyuvancia del centro, sin embargo hasta el momento no le ha entregado una copia del expediente, lo que le ha impedido contribuir con los trabajos del Ministerio Público.

Refirió que hasta ahora la participación de los abogados representantes de los familiares y del centro se ha limitado a presenciar la declaración de los testigos de los cuales se les informa y a la inspección en el domicilio que tenía la abogada.

La otra irregularidad, dijo, es que los familiares y socios de la abogada, así como los miembros del centro, han sido intimidados en sus domicilios por agentes del Ministerio Público, siendo que se había acordado con la procuraduría capitalina que, de ser necesario, a estas personas se les citaría formalmente en las oficinas del centro.

También es preocupante ?señaló? que el despacho de abogados en el que fue asesinada Ochoa no ha sido entregado a 33 días del crimen, pese a que los abogados que allí laboran han manifestado su deseo y necesidad de usar las instalaciones y los documentos que allí se encuentran para continuar con la defensa de sus casos.

Por la información que Bátiz dio a la Asamblea Legislativa del DF, dijo que saben que las líneas que orientan las pesquisas son tres: los casos que la abogada estuvo trabajando en el estado de Guerrero, su entorno social y los demás casos que atendía. Sin embargo, señaló que desconocen el sustento legal que tengan estas hipótesis.

"Nuestra conclusión ?agregó? se centró en que las condiciones en las cuales se está llevando a cabo la investigación no garantizan de manera alguna que el esfuerzo del Estado mexicano a través de la PGJDF esté destinado a producir los resultados requeridos, los cuales podrían estar muy lejanos si no se adoptan los correctivos adecuados que permitan hacer de la investigación de los hechos la mejor medida de protección que se adopte a favor de las personas que se encuentran en inminente riesgo."

Explicó que el documento también fue entregado a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y fue elaborado de acuerdo con estándares internacionales mínimos en materia de investigación de este tipo de hechos, sistematizados muchos de ellos en el Manual de investigación para ejecuciones sumarias de Naciones Unidas.