Si hubiera que definir la última etapa del papado de Juan Pablo II, probablemente habría que caracterizarla como el tiempo de pedir perdón. En su tramo final como pontífice, Karol Wojtyla ha presentado disculpas, a nombre de la Iglesia católica, por algunas de las atrocidades cometidas por esta institución a lo largo de su historia.

Entre otras, la persecución, tortura y asesinato de practicantes de otras religiones, antisemitismo, satanización de los descubrimientos científicos y evangelización a sangre y fuego de muchos pueblos.

Ayer, siguiendo esa línea de acción, el Papa pidió perdón en un mensaje transmitido por correo electrónico a las diócesis católicas por "los abusos sexuales por algunos clérigos y religiosos", en aparente alusión a reportes internos sobre cientos de violaciones perpetradas por curas y misioneros contra monjas en al menos 23 países.

En tales documentos se señala que algunos de los violadores obligaron a sus víctimas a realizarse abortos cuando resultaron embarazadas. El reporte más conocido al respecto es el que elaboró la monja Maura O'Donohue en 1995.

Las disculpas ofrecidas a quienes padecieron estas atrocidades, aunque ofrecidas "sin reservas" por el pontífice polaco en nombre de los integrantes del sínodo en diciembre de 1998, en el que se discutió el tema, son, sin embargo, parciales, insuficientes e incompletas. 

Por lo que hace a las monjas violadas, es claro que la reparación del daño deberá ir más allá de una petición de perdón: si el Vaticano pretende hacer creíble el arrepentimiento institucional de la Iglesia católica, debiera comenzar por alentar la impartición de justicia, y ello implica denunciar a los curas sospechosos ante los tribunales seculares correspondientes para que fueran juzgados conforme a las leyes. Asimismo, tendría que compensar e indemnizar a las víctimas de las agresiones referidas.

En otro sentido, los delitos sexuales cometidos en la Iglesia católica no se limitan a las violaciones de monjas. 

Existen innumerables testimonios de abusos de curas contra menores --niñas y niños--, cuyo esclarecimiento tendría que ser alentado por las jerarquías eclesiásticas. 

En México, en concreto, existen diversos señalamientos contra Marcial Maciel, superior de la orden Legionarios de Cristo, como agresor sexual, sin que hasta ahora la Iglesia católica haya propiciado una investigación legal que permitiría establecer la inocencia o la culpabilidad del religioso.

Es claro, en suma, que habrá que esperar a que un sucesor de Wojtyla se atreva a poner sobre el tapete, sin ambigüedades, medias verdades o afanes encubridores, los delitos cometidos por miembros de la institucionalidad católica y las culpas históricas de ésta en su conjunto. 

Cabe esperar, para bien de la propia Iglesia, que ello ocurra en el próximo pontificado.