Ť Exigen apoyo al gobernador Salazar Mendiguchía

Desplazados de Tila demandan detener la violencia paramilitar

Ť Recuperan bases de apoyo del EZLN tienda comunitaria

HERMANN BELLINGHAUSEN

Las familias desplazadas por la violencia paramilitar en el municipio de Tila, despojadas de sus casas y tierras desde 1996, exigieron ayer al gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, ''cumplir con las condiciones necesarias para detener la violencia de los paramilitares que continúan amenazando a la población, impidiéndoles regresar a sus hogares''.

Pocas horas después de que fueron liberados en Tuxtla Gutiérrez varios de los responsables probados de la masacre de Acteal, en 1997, 64 familias de la región chol del estado denunciaron que, durante siete años, ''se les ha condenado a vivir en la miseria y fuera de su lugar de origen; sus condiciones han sido ignoradas por las autoridades estatales y las promesas de solucionar el grave problema de los desplazados siguen sin cumplirse a un año del supuesto gobierno de la esperanza, que tanto pregonaba el actual gobernador''.

En tanto, el pasado 18 de noviembre las bases de apoyo del EZLN de siete municipios autónomos recuperaron pacíficamente la tienda comunitaria que fue atacada y clausurada el 28 de octubre por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) y un grupo de pobladores de la comunidad de Cuxuljá.

Los organismos civiles que acompañaron durante estas semanas a los autónomos agredidos notificaron que, a partir de ahora, las bases de apoyo de los municipios autónomos Ernesto Che Guevara, 17 de Noviembre, Primero de Enero, Olga Isabel, Vicente Guerrero, Lucio Cabañas y Miguel Hidalgo ''mantendrán un cinturón de seguridad, resistencia y defensa de su autonomía para proteger sus municipios y el centro de comercio'' donde, como se recordará, fue destruido un mural.

Se niega apoyo

La Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos denunció la situación actual de los desplazados de la zona norte, quienes desde 1996 han sufrido agresiones y amenazas de parte de la organización paramilitar Paz y Justicia. En referencia a 64 familias en particular, originarias de Miguel Alemán, Susuklumil, Masojá Grande, Agua Fría, Corosil Nuevo, Chulum Chico y Ojo de Agua, la red señala: ''Esta población vive dispersa en diferentes comunidades del municipio de Tila y sufre la escasez de alimentos, porque los campesinos no tienen tierra para trabajar; durante siete años han sobrevivido de la tierra prestada en otras comunidades''.

Además, los hijos de estas familias no pueden acudir a la escuela. ''Por el hecho de ser desplazados se les niegan los apoyos provenientes del gobierno para el supuesto desarrollo de la población marginada'', agrega la red. Los que sí reciben este tipo de respaldo son los militantes de partidos políticos, como el PRD y el PRI, ''pues se exige a las personas su registro para recibir estos beneficios''.

Estas familias choles viven aún bajo la constante amenaza de Paz y Justicia, que les impide retornar a sus tierras y los mantiene virtualmente sitiados en sus lugares de refugio. Los paramilitares gozan de total impunidad en Tila, y en general en toda la zona norte; además, para ellos sí hay apoyos gubernamentales.

En relación con el conflicto de la tienda comunitaria Nuevo Amanecer del Arcoiris, miembros de diversos organismos civiles de San Cristóbal de las Casas notificaron que ''entre tensiones y rumores'', el día 21 se presentaron en Cuxuljá y pudieron constatar que bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional protegen y vigilan su centro comercial con un cordón humano.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Comisión de Reconciliación Comunitaria (Coreco), organismos que fungieron como mediadores durante el conflicto entre zapatistas y la Orcao, acudieron al lugar para hablar con ambas partes.

Las bases de apoyo zapatistas agradecieron a la mediación y a la sociedad civil el acompañamiento brindado.

En un comunicado conjunto, la Red de Defensores Comunitarios, Enlace Civil y la Coordinadora Regional de los Altos de la Sociedad Civil en Resistencia, declararon: ''Como testigos del desarrollo de este conflicto, nos manifestamos en contra de que los gobiernos estatal y federal se aprovechen de las organizaciones sociales para llevar a cabo sus planes económicos y políticos, como el Plan Puebla-Panamá''.