Ť Gobierno estatal, organizaciones indígenas y legisladores manifiestan su desacuerdo

La liberación de seis implicados en la masacre de Acteal es un ''mensaje de impunidad''

Ť Uno más, sentenciado a 36 años de prisión, podría salir por ''razones humanitarias''

ANGELES MARISCAL, ELIO HENRIQUEZ Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 22 de noviembre. El gobierno de Chiapas, organizaciones indígenas y defensoras de los derechos humanos, así como legisladores de PRD y PRI que integran la Cocopa, manifestaron su desacuerdo con la liberación de seis presuntos paramilitares acusados de haber participado en la matanza de 45 indígenas ocurrida en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

La defensa de oficio informó que ''por cuestiones humanitarias'' solicitó y obtuvo del juzgado federal segundo de distrito, con sede en la capital del estado, la liberación del indígena Gregorio Vázquez, preso por la matanza de Acteal, pues padece un mal renal y se encuentra en fase terminal.

Vázquez, sentenciado a 36 años de prisión por los delitos de homicidio y lesiones calificadas, así como portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, será llevado en breve con sus familiares, en Chenalhó, de donde es originario. Con su salida sumarían siete los indígenas de Acteal liberados en los últimos días.

Respecto de los seis primeros, en secretario general de Gobierno, Emilio Zebadúa, aseguró que la absolución afecta gravemente el proceso de reconciliación y justicia que realiza el gobierno chiapaneco. Durante una gira de trabajo por Chenalhó dijo que la decisión del juez Felipe Quinto Consuelo trastoca el proceso de retorno de los desplazados a sus lugares de origen, que se ha realizado con éxito en los últimos dos meses, pero sobre todo afecta la reconciliación que busca el camino para la paz en Chiapas.

Posible apelación de la PGR

Asimismo, se mostró confiado de que la PGR apelará de la absolución e informó que el gobierno estatal se mantendrá atento al desahogo del proceso de los implicados en la masacre.

El pasado 16 de noviembre, el juzgado segundo de distrito resolvió la sentencia de 34 indígenas tzotziles a los cuales condenó a 36 años de cárcel por los delitos de homicidio, lesiones y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército. La exoneración se dio porque a los implicados no se les encontraron elementos suficientes para ser sentenciados junto con otras 82 personas recluidas en el penal de Cerro Hueco.

Por su parte, la organización civil Las Abejas, a la cual pertenecían los muertos, dijo que la absolución de los seis tzotziles por parte del juez es un acto de ''injusticia que puede provocar otra masacre por el mensaje de impunidad que se está mandando''.

En un documento leído en la comunidad de Acteal, donde cientos de personas recordaron a los 45 tzotziles ultimados al cumplirse hoy 47 meses de los hechos sangrientos, la agrupación manifestó su inconformidad por la decisión del juez, ya que ''parece que busca pretextos, engaños, amenazas y rumores para meter miedo a nuestra gente''.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas aseveró, en un comunicado, que la absolución de los seis presuntos paramilitares ''genera un ambiente de impunidad e inseguridad para las familias de Las Abejas'' que recientemente retornaron a sus comunidades de origen en el municipio de Chenalhó. ''Estas personas ven en la liberación de los paramilitares un riesgo a su integridad física, así como un mensaje de impunidad'', señaló.

En tanto, Santiago Lorenzo Jiménez, uno de los dirigentes de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo, dijo que la liberación de los seis indígenas ''va a generar un ambiente de desconfianza en las comunidades''.

Por su parte, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denunció que continúa el hostigamiento de grupos armados contra comunidades de las zonas bajas de Tila, y exigió al gobierno del estado ''detener la violencia de los paramilitares'' y generar las condiciones para el regreso de unas 64 familias choles desplazadas por la violencia.

La organización, integrada por defensores indígenas, aseguró que estas familias sufren la persecución de grupos armados y viven refugiadas en otras comunidades. Las familias exigen al gobierno estatal generar las condiciones para que regresen a sus tierras en las comunidades de Ojo de Agua, Susuklumil, Corosil Nuevo, Miguel Alemán, Agua Fría, Masojá Grande y Chulum Chico, de donde han sido desplazadas.

Cordón humano

Decenas de zapatistas procedentes de siete municipios autónomos formaron un cordón humano alrededor de las tierras de Cushuljá, en el municipio autónomo Ernesto Che Guevara, para evitar que organizaciones sociales afines al gobierno de Chiapas se apoderen de ellas.

Las autoridades autónomas exigieron al gobierno del estado su intervención para evitar un enfrentamiento, pues insisten en que dirigentes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), ARIC-Independiente y COAO están provocando a las bases del EZLN

Los zapatistas destacan que Porfirio Encino, secretario de Asuntos Indígenas, y Juan Vázquez, representante del gobierno en la selva, entre otros, hasta hace poco principales dirigentes opositores al PRI, mantienen diferencias con los zapatistas. Al respecto, la UNORCA se manifestó por lograr un acuerdo pacífico con las bases del EZLN para evitar la violencia, aunque dijo que son conflictos aislados.

La exoneración también fue rechazada por dos diputados de la Cocopa, Emilio Ulloa, del PRD, y Agustín Trujillo, del PRI, quienes consideraron lamentable el hecho porque abona el campo de la desconfianza e implica un paso a la impunidad. Ulloa dijo que es reprobable la liberación de los presos, cuya participación en la matanza de Acteal ''se comprobó''.

El priísta Trujillo señaló que el hecho de haber integrado mal las averiguaciones previas es una responsabilidad del Ministerio Público que conoció del caso, y es lamentable que los inculpados que fueron culpables o son culpables estén libres. En este caso habría que revisar la responsabilidad de los servidores públicos y aplicarles la ley, ''y no podemos estar expuestos a que funcionarios públicos incapaces asuman la responsabilidad social''.