Ť ''Hasta entonces nos pronunciaremos sobre el caso Gallardo''

La recomendación de la CIDH será dirimida en el Poder Judicial: Creel

Ť Ahí se verá si tiene fuerza de ley o no en México, señala

ALONSO URRUTIA, VICTOR BALLINAS Y RENATO DAVALOS

El secretario de Gobernación, Santiago Creel, sostuvo que hasta en tanto el Poder Judicial no dirima si las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para liberar al general Francisco Gallardo ''tienen fuerza de ley o no en nuestro país'', el gobierno no se pronunciará ''para no traspasar fronteras''.

En tanto, el director de Amnistía Internacional (sección México), Christian Rojas, aseguró que en nuestro país se han agotado las instancias legales, por lo que se tuvo que recurrir a organismos internacionales para liberar al militar. ''Cualquier decisión que adopte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México la deberá acatar. Eso no se discute, el gobierno firmó el protocolo y su adhesión.''

La interpretación que hace el secretario de Gobernación ''es muy libre, pero él sabe que está muy clara la competencia de la Corte Interamericana ante el gobierno. Por más que Creel diga que se va a esperar a que se diriman en el Poder Judicial, mejor tendría que revisar las obligaciones del gobierno mexicano''.

Morales sostuvo que ''es la gran oportunidad para el gobierno del presidente Vicente Fox, antes de que el asunto llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tratar de resolver el caso internamente, con toda la inteligencia que se pueda, respetando la ley y sus instituciones. Se puede, hay las vías para hacerlo''.

México es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 1980, y está obligado a acatar las recomendaciones de dicho organismo. En 1998, el país suscribió el protocolo por el que asume la jurisdicción de la Corte Interamericana, a donde se llevará el caso del general Gallardo ''por desacato del gobierno mexicano''.

Posición del PRD

En una misiva remitida a Fox, el comité ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática le pide que cumpla con la recomendación de la Comisión Interamericana. Asimismo, en las próximas horas, una vez que cuenten con la autorización respectiva varios integrantes del CEN visitarán a Gallardo en su celda.

En la carta los perredistas recuerdan al mandatario federal que desde 1998 la referida comisión planteó reformas a la justicia militar para que ésta pudiera aplicarse en el sistema civil o que, en su caso, se creara un ombudsman militar.

Igualmente, le requieren a Fox que cumpla con el acuerdo político nacional firmado el pasado 7 de octubre, en el que hubo compromisos para consolidar el respeto a los derechos humanos.

En otra carta, la presidenta del PRD, Amalia García, solicita a Evangelina Lara, directora de Prevención Social del estado de México, autorización para que el comité visite a Gallardo en su celda. Varios integrantes del CEN perredista ya entraron en comunicación con el militar e integrantes de su familia para concretar el encuentro.

Aún no se agota el derecho interno

El secretario de Gobernación, Santiago Creel, dijo que en tanto el Poder Judicial de la Federación no resuelva sobre el último amparo que aún queda pendiente relativo al caso Gallardo, el Ejecutivo no intervendrá porque ''no debemos traspasar las fronteras'' de procedimientos judiciales.

Al referirse a la liberación del militar, el funcionario insistió en que aún no se ha agotado el ''derecho interno''. Queda pendiente el amparo que promovió la defensa y cuya próxima audiencia se va a conceder el 29 de noviembre.

El amparo de referencia es en contra del incumplimiento del gobierno a la recomendación que girara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando la inmediata liberación del general. ''El recurso versa sobre si la recomendación tiene fuerza de ley en nuestro país o no'', resumió Creel.

Promovido desde febrero por la defensa de Gallardo, el proceso no ha podido ser desahogado porque la audiencia ha sido postergada tres ocasiones en virtud de que las dependencias denunciadas -la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación- no han presentado el informe justificado.

La resolución de dicho amparo, el primero que se presenta contra el gobierno federal por desacato a una recomendación de la CIDH -cuya jurisdicción fue ratificada por México en 1998-, no ha podido concretarse por el retraso que han tenido las autoridades vinculadas en el caso en la entrega de sus informes.

Creel habló de que el recurso aún no ha sido agotado, puesto que ''está pendiente en nuestro derecho interno, que es el recurso de amparo que ellos mismos interpusieron y que estamos esperando su solución''.

-¿El gobierno federal acatará la recomendación o se esperará a que se vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

-No, al contrario, estamos reconociendo que puede ejercitar los derechos que estime convenientes, tanto en las jurisdicciones nacionales como en las extranjeras. Lo que argüimos es que hay todavía un recurso.

-¿Irá a verlo a la prisión? Le envió una carta invitándolo a usted y al presidente Vicente Fox.

-El papel del gobierno es garantizar sus derechos, como los derechos de todos los mexicanos. Vamos a estar muy atentos a lo que resuelvan los tribunales mexicanos en el amparo interpuesto por ellos mismos, y una vez que se desahoguen y se resuelva esta situación actuaremos en consecuencia.

Críticas de ONG

Por otro lado, al continuar las reuniones entre la Secretaría de Gobernación y dirigentes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la dependencia dijo que está en plena disposición de acatar la recomendación de la Comisión Interamericana para aplicar medidas cautelares de protección a los defensores de derechos humanos.

Al respecto, Juan Antonio Vega, secretario técnico de la organización de derechos humanos Todos los derechos para todos, lamentó que siempre el gobierno mexicano responda a las presiones que vienen del exterior.

Vega dijo que, hasta ahora, Gobernación ha garantizado que se adoptarán las medidas cautelares sugeridas. En torno a la reunión, comentó que se sigue conversando en torno a una campaña en medios de comunicación para reivindicar el papel de las ONG.

Por su parte, el responsable de Gobernación para dialogar con las organizaciones, Ricardo Sepúlveda, dijo que la acción que se habrá de impulsar -además de la campaña que incluirá el Internet- incluye el análisis sobre modificaciones al marco jurídico que permita mejorar la protección de los defensores de derechos humanos.