JUEVES Ť 22 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Doce horas son insuficientes para decidir sobre una medida tan delicada
Demandan jueces de distrito mayor plazo para autorizar intervenciones telefónicas
JESUS ARANDA
Los jueces de distrito están preparados para convertirse en "jueces especializados" en asuntos exclusivamente relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, aunque precisaron que no están dadas las condiciones legales para crear la figura de los jueces sin rostro. "Nuestra mejor carta de presentación será cumplir con eficiencia nuestra labor", afirmaron.
En conferencia con la prensa, los integrantes de la mesa directiva del Congreso Nacional de Jueces de Distrito aseguraron que ante el "indignante" asesinato de dos magistrados federales hace unos días en Mazatlán, "el consenso general de todos los jueces es que la seguridad personal de nosotros estriba simplemente en la medida en que en el marco de nuestra propia responsabilidad sigamos ajustándonos a lo que la ley establece. Esa es para nosotros nuestra máxima seguridad".
Llamaron al Congreso de la Unión para que revise la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se amplíe el plazo actual, que es de 12 horas, para que los juzgadores autoricen las intervenciones telefónicas en este tipo de asuntos.
En lo relativo al controvertido tema de los giros negros, asunto en que son recurrentemente criticados por otorgar "suspensiones" que permiten la apertura de los establecimientos mientras dura el proceso administrativo que originó la clausura de los mismos, el juez Rodrigo Cruz Ovalle destacó la "innovación de criterios" para conceder o negar una suspensión a ese tipo de negocios.
Precisó que el juez antes de conceder o negar la suspensión debe tomar en cuenta y valorar en su conjunto "los hechos notorios que aparecen dentro del desarrollo del proceso de amparo".
Es importante, dijo, que en este congreso -el cual reúne a los más de 250 jueces de distrito federales que hay a nivel nacional- se hayan introducido cuestiones valorativas, como son el orden público y el interés social, que debe convertirse en "la regla de oro" para conceder o negar la suspensión.
Además, el juez Humberto Suárez Camacho precisó que la suspensión a favor de esos lugares se concederá "únicamente" respecto de las actividades que están autorizadas por las licencias de funcionamiento, es decir, que los establecimientos no estarán autorizados para realizar actividades "fuera de lo que dispone su autorización y las normas legales que los regulan".
Compromiso social
En cuanto al tema de la seguridad y la idea esbozada por algunos sectores respecto de la creación de jueces sin rostro o especializados en delincuencia organizada, Suárez Camacho fue claro en señalar que la formación que reciben para aspirar y ejercer el cargo de juez de distrito es muy amplia, y que además de exigir profesionalismo, exhaustividad y excelencia demanda un compromiso con la sociedad.
"Si nuestros servicios estuvieran encaminados, de así aprobarlo el Congreso en la reforma legislativa correspondiente, desde luego que estaríamos dispuestos a fungir como jueces especializados en delincuencia organizada", comentaron.
En cuanto a la petición para que se amplíe el término de 12 horas que establece la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para que los jueces permitan la intervención telefónica, el juez Mario Flores García dijo que para él y sus compañeros "es muy delicado decidir respecto de alguna medida de este tipo, si se cuenta con un plazo fatal de 12 horas". Por ello, la propuesta es de ampliar el término para resolver "sin premura" la petición del Ministerio Público.
Acompañado también de los jueces Osmar Armando Cruz Quiroz y Salvador Castro Zavaleta, el director del Instituto de la Judicatura Federal, magistrado Julio César Vázquez Mellado, destacó la importancia de que el Poder Judicial de la Federación reciba el incremento a su presupuesto para el año próximo -que supera los 20 mil 500 millones de pesos-, ya que si bien vivimos un momento de austeridad, "hay un reclamo nacional de tal envergadura que no puede ser desoído por ninguna instancia gubernamental".
Es indispensable, subrayó, que la impartición de justicia cuente con los medios suficientes para dar una cabal respuesta a la sociedad mexicana, por lo que espera que el Congreso asuma una actitud "positiva" respecto al presupuesto requerido, y ya posteriormente, que se logre la meta de fijar un porcentaje fijo del presupuesto de egresos al Poder Judicial de la Federación.