JUEVES Ť 22 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť El lunes tendrá audiencia ante la corte interamericana

Presentará Bátiz informe a la CIDH sobre el asesinato de la abogada

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, viajará a San José de Costa Rica para presentar el próximo lunes un informe sobre las investigaciones del homicidio de la abogada Digna Ochoa y Plácido, en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos.

En el primer informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también de la OEA, dicho organismo quedó conforme con la exposición que al respecto realizó el subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos de la dependencia, Renato Sales Heredia, sobre los recursos humanos y materiales, así como los alcances jurídicos de la PGJDF para resolver el caso.

En dicha audiencia, explicó el funcionario, estuvieron presentes Carmen Herrera, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Jeff Clark, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y del Center for Justice and International Law, Viviana Kristicevic, todos ellos como parte peticionaria.

Por las autoridades de México comparecieron la subsecretaria de Relaciones Exteriores para los Derechos Humanos, Mariclaire Acosta; el director de Derechos Humanos de la SRE, Juan José Gómez Camacho, y el funcionario de la procuraduría capitalina.

Sales Heredia explicó que al frente de las investigaciones del homicidio de Ochoa y Plácido se encuentra comisionado un equipo de 15 funcionarios de la dependencia, con amplia experiencia, de las áreas ministerial, policiaca y pericial. Refirió además que se cuenta con los recursos materiales que sean necesarios para apoyar la investigación.

El presidente de la CIDH, Claudio Grosman, y los otros seis miembros del órgano de dirección de la instancia internacional estuvieron interesados en conocer los alcances jurídicos de la investigación para llamar a declarar a funcionarios de seguridad pública del ámbito federal, como es el caso de los militares del batallón de infantería involucrados en la detención de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, a quienes Digna Ochoa defendía en los tribunales.

Sales Heredia destacó que por tratarse del homicidio de un civil, ante la presunción de que exista personal del Ejército involucrado, no intervienen los órganos de procuración de justicia ni el tribunal militar, sino los órganos que corresponden al fuero común.

La PGJDF se comprometió a hacer llegar a la CIDH un informe mensual sobre las investigaciones del homicidio que hará llegar a través de la cancillería. El organismo, dijo, reconoció la voluntad del Estado mexicano, y en particular del Gobierno del Distrito Federal, para colaborar en la investigación.

Ahora será en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, donde la procuraduría capitalina rendirá en audiencia pública, el próximo lunes, un informe sobre la investigación, a la cual se prevé que acudirá el titular de la dependencia, Bernardo Bátiz.