JUEVES Ť 22 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Nuevo paquete de reformas indígenas
La fracción del PRI en el Senado presentó un nuevo paquete de reformas indígenas en la legislación secundaria a la reforma constitucional en la materia, mediante las cuales los jueces quedan obligados a tomar en cuenta usos y costumbres de los grupos étnicos durante los juicios.
Asimismo se proponen modificaciones legales para la protección jurídica de los niños indígenas.
La primera iniciativa fue presentada por la senadora del tricolor Yolanda Eugenia González y consiste en cambiar el Código Federal de Procedimientos Civiles, a fin de que en aquellos juicios en que el demandado sea indígena, el juez competente sea originario del mismo lugar del indiciado.
Se plantea que en el desahogo de las pruebas confesionales y testimoniales, los indígenas tengan derecho a ser asistidos por un intérprete y un defensor que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Igualmente en materia de actos procesales, la iniciativa priísta plantea que las promociones presentadas por una de las comunidades o pueblos indígenas, así como las actuaciones judiciales en que aquellos participen se traduzcan, a costa del tribunal, a la lengua del miembro de la comunidad o pueblo indígena respectivo.
Además para acreditar y determinar la calidad de indígena de una persona, se propone que baste la sola manifestación "del que se arrogue tal calidad", y que en caso de duda el juez requerirá a la autoridad comunitaria correspondiente, a fin de que expida la constancia respectiva.
La otra iniciativa presentada por el senador Cesar Camacho Quiroz comprende modificaciones a la ley para el tratamiento de menores infractores, para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.
Plantea de manera central cambios encaminados a beneficiar a los menores indígenas infractores y, en ese sentido, plantean que además de las disposiciones de aplicación general se considerará la identidad étnica y respetarse el derecho de los niños integrantes de grupos étnicos a contar con intérpretes y defensores que conozcan su lengua y sus costumbres.
Con tal propósito la iniciativa propone dotar al consejo de menores, órgano administrativo que tiene a su cargo la aplicación de las disposiciones de la ley para el tratamiento de infractores que sean menores de edad, nuevas atribuciones para tomar en cuenta los usos, costumbres y lengua de la comunidad a que pertenezcan.
Entre los cambios se añade una disposición relativa a los beneficios de la preliberación. El propósito, se señala en el proyecto legislativo, es establecer la obligación de considerar la condición sociocultural y económica de los menores infractores indígenas para ser preliberados. ANDREA BECERRIL