Ť Un juez ratificó a otros 81 detenidos sentencia de 36 años de prisión por ese hecho

Hay dos líderes paramilitares entre los seis exonerados de la matanza de Acteal

Ť La PGR señaló a Diego Hernández y Antonio López como los encargados de armar a quienes atacaron a indígenas Ť Poco satisfactoria la resolución, califica Pablo Salazar

ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 21 de noviembre. Un juez federal exoneró de todo cargo a seis de los 87 indígenas implicados en la matanza de Acteal, dos de los principales líderes paramilitares entre ellos. Al resto de los detenidos se les ratificó la sentencia de 36 años de cautiverio. El gobierno del estado manifestó que la resolución no satisface la demanda de justicia de la comunidad que sufrió esos trágicos acontecimientos.

A casi cuatro años de haber sido detenidos, el juzgado segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia absolutoria a Antonio López Sántiz, Diego Hernández Gutiérrez, Domingo Entzín López, Martín Sántiz, Pedro Méndez Vázquez y Moisés Pérez Pérez, confirmó el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Evangélicas, organismo que asumió su defensa.

Según el dictamen jurídico, "no se les comprobó plena responsabilidad" en la muerte de los 45 habitantes de esa comunidad, por lo que fueron puestos en libertad el viernes por la noche.

Sin embargo, según la página 59 del Libro blanco sobre el caso Acteal, de la PGR, al menos dos de los liberados, Diego Hernández Gutiérrez y Antonio López Sántiz, "persona que goza de recursos económicos y gran influencia en el ejido (Miguel Utrilla Los Chorros)", comenzaron en septiembre de 1997 ?dos meses antes de la masacre? a armar a los grupos priístas para "defender a su gente y darles guerra a los zapatistas".

Incluso, señala la PGR, dos de los indígenas ahora exonerados por la justicia federal ?Diego y Antonio? obligaban a las personas de su comunidad a "unirse a dicho movimiento, de lo contrario los amarrarían y les cobrarían una multa de hasta 5 mil pesos". Estos líderes fueron comisionados para comprar las armas a los "grupos de autodefensa", con las cuales dos meses mas tarde se perpetró la matanza de Acteal.

Sólo cinco

Por los hechos de Acteal la PGR promovió al menos 193 órdenes de aprehensión, casi cuatro veces el número de los que, según los indígenas sobrevivientes, participaron en la agresión. De las 102 que se cumplieron, 89 son contra civiles.

Durante los más de tres años que ha durado el proceso penal en su contra, sólo cinco de los detenidos han reconocido su participación en la masacre y deslindado de todo delito al resto de sus compañeros recluidos, para quienes pidieron excarcelación.

Los detenidos Mariano Luna Ruiz, Roberto Méndez Gutiérrez, Felipe Luna Pérez, Alfredo Hernández Ruiz y Lorenzo Pérez Vázquez reconocieron haber disparado en contra de los indígenas de Acteal la mañana del 22 de diciembre de 1997.

Sin embargo, los sobrevivientes ?algunos de ellos primos hermanos de los detenidos? insistieron en difundir una lista de unas 18 personas, a quienes dijeron haber reconocido al momento de ser agredidos, a pesar de que "llevaban el rostro cubierto con pañuelos y otros con pasamontaña, estaban vestidos algunos como policías de Seguridad Pública y otros como del Ejército. Todos llevaban armas largas, negras", según señalan en las indagatorias.

Mariano Luna, uno de los indígenas que reconocieron su culpabilidad, señaló en uno de los careos con los sobrevivientes: "Quiero decir que sí participé, también Lorenzo, pero es mentira que hayan estado las otras personas; ellos no estuvieron en Acteal. Da nombres que no son ciertos, ya que los que participamos fuimos sólo nosotros".

Añadió en su declaración: "son inocentes; es cierto que formaban parte de los que nos organizamos para defendernos de los zapatistas, pero no llegaron el 22 de diciembre. Nada más fuimos cinco".

En mayo del 2000, como resultado de la apelación interpuesta por el grupo de abogados defensores, el tribunal unitario de Tuxtla Gutiérrez ordenó la reposición del procedimiento penal en favor de la totalidad de los detenidos, debido a que estos fueron sentenciados a penas de entre 32 y 36 años de prisión mediante procesos en los que existió "falta de rigor".

Este proceso terminó ahora con la ratificación de la sentencia de 81 de los detenidos y la exoneración de seis. Otros dos habían sido liberados previamente, debido a que aun cuando sus nombres coincidían con el de algunos de los implicados se trataba de homónimos. También había sido exonerado Mariano Pérez Ruiz, ex militar acusado de entrenar a los armados de Chenalhó. Ese mismo tribunal unitario concedió a principios de 1999 la libertad a siete de los policías sentenciados por los mismos hechos, tras considerar que habían pagado más de 50 por ciento de la pena que se les impuso, de sólo 7 años de prisión. En agosto del 2000 el comandante de policías Felipe Vázquez también fue liberado. Sólo tres de los ex integrantes del cuerpo de la policía de Seguridad Pública que presuntamente protegió e incluso entrenó a los paramilitares aún se encuentran en prisión.

Según los expedientes penales 3/98 y 18/98, los policías ahora libres declararon que fueron obligados a proteger a las personas civiles armadas originarias de distintas comunidades de Chenalhó, e incluso ayudarles en la transportación de las armas. En uno de los expedientes se anexa la fotografía en la que varios de ellos posan con indígenas de Chenalhó, todos sosteniendo armas de alto poder. Ellos argumentaron que el fin de esa imagen era demostrar a sus superiores que grupos de indígenas se encontraban armados.

Según fuentes de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos Cometidos en el Municipio de Chenalhó, en siete de las causas penales que se atienden en los juzgados primero y segundo de distrito aún están pendientes 100 órdenes de aprehensión en contra de indígenas de distintas comunidades de Chenalhó.

Por el caso Acteal en el penal de Cerro Hueco se encuentran recluidos 81 indígenas tzotziles de diferentes comunidades de Chenalhó, tres ex policías y un ex militar, el general retirado diplomado de Estado Mayor Julio César Santiago Díaz.

Otros siete ex funcionarios de gobierno ?todos miembros del cuerpo de Ministerio Público? se encuentran en calidad de prófugos.

También está detenido Juan Luna Vázquez, simpatizante zapatista, acusado de dar muerte a Agustín Vázquez Secum, hecho que según la PGR fue el elemento que desencadenó la matanza de Acteal

Resultados insatisfactorios

El gobierno de Pablo Salazar condenó en un comunicado la masacre de Acteal y dijo que espera que las autoridades judiciales federales contribuyan al combate de la impunidad y al restablecimiento del estado de derecho en Chiapas, "valorando con responsabilidad los elementos de derecho proporcionados por la PGR".

Reiteró que la sentencia no satisface el proceso de justicia que se debe realizar en el estado, y señaló que el gobierno de Chiapas respeta la esfera de competencia federal en el que este proceso está siendo conocido, así como la autonomía del Poder Judicial Federal.

Aseguró que estará atento al curso de acción que determine seguir el Ministerio Público Federal y la PGR, autoridad que valoró en su momento atraer la investigación de la matanza a su esfera de competencia.