Homofobia: los muertos de Mérida

Seis asesinatos en los últimos años;

persiste la indiferencia de autoridades

JENARO VILLAMIL ENVIADO

Merida, Yuc., 16 de noviembre. En la mañana del 25 de septiembre, el conserje de la escuela primaria matutina Manuel Sales Cepeda encontró el cuerpo inerte de Clemente Caamal Cruz, de 55 años, en medio de un charco de sangre. El occiso, conocido como El Pancho, presentaba huellas de tortura y, de acuerdo con el reporte pericial, su muerte fue consecuencia de un choque traumático y polihemorrágico, es decir, le rompieron las vísceras a golpes.

La Procuraduría General de Justicia de Yucatán se apresuró a informar que Clemente Caamal, un indigente que conectaba a clientes varones en el bar T-33, no fue víctima de un ataque sexual. En su reporte del 27 de septiembre, la procuraduría indicó que El Pancho fue agredido por cinco individuos que hasta ahora se encuentran prófugos.

Pese a que la procuraduría ha negado que se trate de un crimen homofóbico, los vecinos de la colonia Santa Rosa, enclavada en el sur bravo de la capital yucateca, comentan que a El Pancho lo despojaron de su ropa interior -una sugerente tanga-, de sus zapatos que, en realidad, eran zapatillas, y que el bar donde conectó a los individuos que lo ultimaron se ubica a escasos 100 metros de la escuela y es conocido entre los lugareños como un sitio de contacto.

Por si fuera poco, el crimen se dio a conocer en momentos en que la procuraduría quería cerrar el caso de la violación del bailarín César Salazar (La Jornada, 30/VIII/2001), ya que el procurador Miguel Angel Díaz Herrera calificó los hechos de "vulgar asalto", frente a la presión de la visitadora internacional Alejandra Sardá.

Casi al mismo tiempo, en los primeros días de octubre, la procuraduría intentó ocultar un nuevo ataque homofóbico, contra Emilio Bohigas, un veracruzano de 65 años, quien fue agredido por dos sujetos, uno de tez morena de origen tabasqueño y otro de tez blanca, niño bien yucateco, que viajaban en un Buick negro. Bohigas levantó la denuncia de hechos 194/22Ű/2001 y denunció en el periódico local Por Esto! que los judiciales se burlaron de él por su condición homosexual al levantar el acta.

El 29 de octubre se tuvo el registro en la novena agencia del Ministerio Público de la denuncia 1764 contra dos jóvenes detenidos y encarcelados en Motul por sostener relaciones sexuales en un predio de la Calle 31. Como este hecho, muchos otros de índole homosexual han engrosado los expedientes del MP.

Lista de crímenes y abusos

El asesinato de Caamal Cruz constituye el cuarto caso de agresión homofóbica que trasciende a la luz pública en Yucatán en menos de tres meses y se hilvana con una lista de por lo menos seis asesinatos de homosexuales que se han cometido en Mérida en los últimos años: Jorge Carlos Pizarro Barrera, de 28 años, fue asesinado a navajazos en su domicilio de Jardines de Mérida el 18 de noviembre de 1993; Hernán May Magaña fue asesinado en su domicilio de Jardines de Pensiones, el 7 de octubre de 1995; Rigoberto Chaviano León, cubano de 68 años, fue victimado el 19 de junio de 1996 en su domicilio del centro de Mérida; Arcadio Francisco Balam Noh, abogado de 31 años, fue asesinado en el hotel Lord el 12 de diciembre de 1997; y Nicolás Hoil Canto, de 53 años, también fue ultimado en un hotel el 23 de agosto de 1997. Todos estos crímenes le fueron atribuidos a Alfredo Aguilar Cano, El Bunga, y a su pareja, Angel Martín Moreno Solís, El Chistes, quienes fueron detenidos el 31 de mayo de 2001.

Posteriormente, las autoridades judiciales detuvieron al tabasqueño Guillermo de la Cruz Silva, conocido como Pie Grande, a quien acusaron de ser cómplice de los otros asesinatos. Versiones locales señalan que esta banda no quedó completamente desmembrada y es probable que hayan cometido otros crímenes que no se han investigado.

El 31 de octubre de 1998 fue hallado el cuerpo de Azael Efraín Cáceres Escalante, de 49 años, profesor de educación artística en la Normal Preescolar. La saña fue la característica de este nuevo crimen: su cráneo fue despedazado a golpes con un tubo de hierro. Al inicio de las investigaciones, la procuraduría y la Policía Judicial intentaron ocultar el vínculo homosexual entre la víctima y su atacante. La propia madre del Cáceres Escalante denunció los hechos y descartó que el móvil haya sido el robo, como en un principio destacaron las autoridades judiciales.

A esta lista se suma el reciente asesinato de Caamal Cruz.

Silencio judicial y clóset social

En clima de creciente violencia contra homosexuales, el silencio ha sido la norma general de las autoridades judiciales, tanto del actual gobierno panista como de los anteriores, pertenecientes al PRI. En casi todos los casos se pretende reducir el delito sexual a los móviles tradicionales de asalto o venganza. No existen investigadores especializados en este tipo de delitos y el trato a la víctima en las agencias del Ministerio Público es poco más que humillante.

Son crímenes y delitos homofóbicos que no se atreven a decir su nombre. Son historias que aparecen dispersas en revistas de nota roja, como Presidio, o en las secciones policiacas de los principales periódicos locales, como Por Esto!, Diario de Yucatán o El Mundo al Día, sin que las historias sean contadas por completo. Son expedientes abiertos que colocan casi siempre a la víctima como "provocador", "mitómano" o como causante de su propia desgracia por sus preferencias sexuales.

En este contexto, Germán Pasos Tzec, fundador de un club cultural gay "no lucrativo", La Casa de la Neifa, subrayó que en Yucatán "el silencio envuelve a las instituciones sociales, autoridades educativas, de salud mental, así como las asociaciones, unidades y frentes civiles".

Pasos Tzec, quien relató que su club fue cerrado por el ayuntamiento ante la queja de los vecinos porque era "un lugar de jotos y vestidas", destaca que una de las principales circunstancias que motivan crímenes y abusos es la falta de espacios y lugares de reunión, de expresión abiertamente gay, donde el ligue no se tenga que ocultar.

En Mérida, afirma, "no hay institución social que tenga programas de atención madura y desprejuiciada para los adolescentes cuyo impulso natural hacia jóvenes de su mismo sexo empieza por ser un conflicto familiar, hasta convertirse en un padecimiento emocional y nervioso, por las presiones de que es objeto la homosexualidad... Se sigue creyendo que la homo-sexualidad se debe curar, en vez de pensar que esa expresión sexual debe ser profesionalmente orientada hacia lo positivo, lo creativo y digno".

Curiosamente, la propuesta de Pasos Tzec, presentada el 17 de septiembre de este año, en el marco de un foro de consulta para elaborar proyectos de reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, fue ignorado por los medios locales. Entre sus propuestas señalaba la necesidad de suspender las razzias policiacas contra homosexuales, "por anticonstitucionales", apoyar y respaldar "los espacios de reunión y expresión gay creados por las agrupaciones homosexuales que no persigan fines de lucro", así como apoyar a los grupos gays "integrados en asociaciones, en sus iniciativas ante los niveles de gobierno, en la solicitud de recursos para sus programas dirigidos a los homosexuales".

Caso de César Salazar

El doctor Douglas Canul Rodríguez, presidente de la agrupación Buenas Intenciones, y el antropólogo Jorge Franco, editor de la revista Hojas de Hierba, en la que se han expuesto trabajos sobre la homofobia en Yucatán, coinciden en subrayar que la denuncia de César Salazar sobre su violación detonó una nueva e incipiente discusión en la entidad, al tiempo que ha provocado una reacción contradictoria por parte de las autoridades judiciales.

Canul Rodríguez destacó en un artículo periodístico que el caso de César no es ajeno al proceso de "homofobia interiorizada". Esta homofobia "es la que quizá haya llevado a la comunidad lésbico-gay en Mérida a la inmovilidad, pasividad e inactividad ante sucesos tan degradantes de la condición humana, de que estamos siendo testigos en el caso de César Salazar Góngora".

El sacerdote Raúl H. Lugo Rodríguez, en un extenso artículo publicado el 3 de septiembre en el Diario de Yucatán, reportó el caso a partir de la información del 30 de agosto en La Jornada; subrayó que era un caso claro de homofobia y destacó la necesidad de tipificar en el Código Penal local el delito de discriminación. "Una sociedad no puede preciarse de ser verdaderamente democrática hasta que no garantice el respeto a la dignidad y los derechos de los grupos minoritarios", reflexionó Lugo.

En este contexto, un grupo de ciudadanos publicó cartas en la prensa local demandando al gobernador Patricio Patrón Laviada y al procurador Miguel Angel Díaz Herrera que se ponga un freno a la violencia "racista y homofóbica" en Mérida. El diario local Por Esto! publicó información sobre una visita del gobernador y del procurador al domicilio de la víctima el 6 de septiembre para "recabar pruebas" en torno al caso. El procurador señaló al día siguiente que ya se había iniciado la investigación. Sin embargo, la víctima y sus familiares destacaron que no se cumplieron las condiciones de seguridad personal que se requería para César, quien dejó Mérida el 3 de septiembre.

El 19 de septiembre una delegación de Amnistía Internacional reclamó garantías y seguridad para la víctima. El procurador Díaz Herrera respondió extrañado que aún no se había podido determinar "el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de algunos inculpados".

Casi un mes después, el procurador afirmó en rueda de prensa que el caso de César Salazar se reduce a "un vulgar asalto con violencia", rechazó los indicios de homofobia en el caso y manifestó su descontento por la presencia "misteriosa" de Alejandra Sardá, coordinadora del Programa para América Latina y el Caribe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas. La visita, además, coincidió con el nuevo crimen y con la denuncia de agresiones sexuales de Emilio Bohigas.

Lo paradójico de la posición de la procuraduría es que, a pesar de haber adelantado públicamente una hipótesis sobre el delito y desacreditar a la víctima, el procurador señaló que "continuarán recabando pruebas". Es decir, el caso no está cerrado. Lo que se pretende, destacan diversos observadores locales, es evitar un "nuevo escándalo" público por la violencia homofóbica que, como río subterráneo, se mantiene en el subsuelo de las conciencias yucatecas.