SABADO Ť 17 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť El fallo de la SCJN, avance que no se verá a simple vista, dice López Obrador
La ley de educación local sustenta a prepas y Universidad del DF: Asamblea Legislativa
Ť "Se apresura" la formación de una secretaría local del ramo, considera Raquel Sosa
ELIA BALTAZAR, GABRIELA ROMERO Y LAURA GOMEZ
Como una buena decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, la resolución a favor de la constitucionalidad de la Ley de Educación del Distrito Federal. "Es un avance que no se verá a simple vista", pero que demuestra la diferencia que hay frente a la legislación federal en materia educativa, dijo.
Así, mientras la ley local establece la gratuidad de la educación en todos los niveles, la federal limita esta condición al nivel básico, explicó.
"Hay que recordar que fue el tristemente célebre ex presidente Ernesto Zedillo quien promovió, como secretario de Educación, que la gratuidad sólo se mantuviera hasta la secundaria, cuando se trataba de un derecho y un principio que estaba muy bien establecido en el artículo tercero constitucional", expuso.
El jefe de Gobierno recordó también que en estos días deberán resolverse otros temas que causaron polémica en su momento, como el registro de las preparatorias. Estos asuntos, sin embargo, "eran puro parapeto, porque en el fondo lo que realmente crea problemas en la oposición (PRI y PAN) es que no están a favor de la educación pública y gratuita en los niveles medio superior y superior".
Pero "no podemos aceptar que la educación se convierta en un privilegio, pues otorgarla es una obligación del Estado, independientemente de la condición económica de la gente".
Por su parte, la titular de Desarrollo Social, Raquel Sosa, aseguró que el fallo de la SCJN apresura la formación de una secretaría de educación pública en el DF y la transferencia de los servicios. "Y eso nos obliga a ponernos a trabajar de inmediato, porque se trata de una gran responsabilidad", ya que en la ciudad trabajan unos 130 mil maestros de educación básica.
Dijo que el proceso de transferencia y su pronta culminación dependen en gran parte de la voluntad del gobierno federal, "porque no podemos seguir aceptando descentralizaciones mal preparadas, en las cuales las autoridades federales se quedan con una parte muy importante de las instituciones y los recursos humanos".
Y dado que "en el DF ya tenemos malas experiencias al respecto, no se debe aceptar una transferencia que no sea en condiciones dignas para poder emprender los trabajos", advirtió.
Los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD admitieron que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación valida el sistema educativo del DF; sin embargo, tanto la panista Patricia Garduño como la priísta María de los Angeles Moreno advirtieron que en los próximos meses la Asamblea Legislativa revisará la Ley de Educación del Distrito Federal, que aprobó la anterior legislatura.
Armando Quintero Martínez, líder de la bancada del PRD, enfatizó que el fallo de la SCJN consolida su condición de garante del federalismo, al reconocer las facultades de la ALDF para legislar. "Las preparatorias y la Universidad de la Ciudad de México tendrán un sustento que no deja dudas; ya no hay ninguna rendija de interpretación".
La presidenta de la Comisión de Gobierno, Moreno Uriegas, señaló que la ALDF tendrá que revisar los 16 artículos que la Corte invalida y ver cuáles son las consecuencias jurídicas de la ley aprobada por la pasada legislatura. "De cualquier forma, estábamos considerando revisar esta legislación".
En opinión de la lideresa del PAN, Garduño Morales, de un tiempo a la fecha la Corte ha tenido resoluciones muy polémicas. Aceptó que la resolución legitima a las preparatorias y la Universidad del DF. "No estamos en contra de esto, pero queremos que haya calidad en la educación que ahí se imparte, no que se forme a militantes de un partido".
Por su parte el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Sánchez Camacho, señaló que la reforma política será el marco legal para que la ciudad se haga cargo de la planeación, presupuesto, administración y recursos humanos educativos, e incluso cuente con su propia Secretaría de Educación Pública.