SABADO Ť 17 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť También censuraron las ejecuciones a magistrados del Poder Judicial
Condena enérgica de ombudsman al asesinato de Digna Ochoa y las amenazas a defensores
Ť Promotores públicos estatales y federal demandaron al gobierno el esclarecimiento de esos ilícitos Ť Exigen presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus labores
VICTOR BALLINAS Y MISAEL HABANA ENVIADO Y CORRESPONSAL
Acapulco, Gro., 16 de noviembre. La Federación de Organismos Públicos de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos condenó de manera enérgica el asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, los crímenes contra magistrados del Poder Judicial de la Federación y las amenazas de muerte contra promotores del respeto a las garantías individuales, e instó a las instituciones de procuración e impartición de justicia a cumplir cabalmente con su función y esclarecer esos ilícitos.
Como resultado de dos días de trabajo de su decimoséptimo congreso nacional, los 33 ombudsman del país emitieron hoy la Declaración de Acapulco de 2001, en la que además demandaron al Congreso de la Unión, a las legislaturas estatales y a los gobernadores presupuesto suficiente a los organismos para cumplir plenamente con sus acciones de promoción, difusión y protección de los derechos humanos.
Los ombudsman también exigieron que los esfuerzos de las autoridades municipales, federales y estatales para la salvaguarda de la seguridad pública y patrimonial se hagan en el contexto de la legalidad y el respeto irrestricto a las garantías individuales.
Se manifestaron porque el gobierno y el Estado respeten los usos y costumbres de las etnias y hagan efectivo el ejercicio de su derecho consuetudinario. Expresaron su preocupación por las reiteradas violaciones que se cometen contra los derechos humanos de los migrantes nacionales y externos.
El 19 de octubre, golpe más brutal contra la defensa de los derechos humanos
En el último día de trabajo de la federación se trató el tema de las amenazas a defensores de derechos humanos no gubernamentales y los asesinatos de la defensora Digna Ochoa y magistrados del Poder Judicial, además del asunto de los presos ecologistas y las reiteradas violaciones que cometen los militares, sobre todo en Guerrero.
En la discusión se sostuvo que el 19 de octubre, día del asesinato de Digna Ochoa, se asestó el golpe más brutal en contra de la defensa de los derechos humanos.
"La ejecución planeada de la defensora tiene claras lecturas. Una de ellas nos indica tácitamente que el país está roto y que es inaplazable su recomposición para dar vigencia a los derechos más elementales de la colectividad.
"La otra es una advertencia taimada y cobarde que busca ensanchar las complicidades y quebrantar el valor de quienes como Digna están dispuestos a ofrecer su vida para que México deje de ser un país de utopías".
En la discusión de asuntos generales se apuntó que los defensores públicos de derechos humanos "exigen que el gobierno hable con la verdad y lleve hasta las últimas consecuencias las investigaciones de los crímenes anteriormente señalados, y que los autores intelectuales y materiales sean castigados'', y exigieron que el gobierno proteja a los defensores de derechos humanos y las libertades.
En uno de los documentos que se expusieron en los trabajos privados se destaca que el crimen contra la defensora Digna Ochoa "fue una infame agresión para los defensores y para el país. El cambio al que le apostó la sociedad no admite expresiones tramposas de autoritarismo ni posturas demagógicas. Para la salud política de la nación la impunidad ya no puede estar por encima de la ley".
Ese, uno de los documentos que se discutieron en el congreso, fue completado por otros presidentes de comisiones estatales de derechos humanos, que pidieron que a la propuesta original se le agregaran también los asesinatos de los magistrados, las amenazas de muerte a cinco promotores civiles y el caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
Incluso, en la discusión de otro documento varias comisiones estatales de derechos humanos demandaron que el presidente Fox cumpla la recomendación de la CNDH de hace casi año y medio para que se castigue a los militares que detuvieron y torturaron a los ecologistas actualmente excarcelados.
Clima enrarecido, define Soberanes
Durante los trabajos del congreso de esa federación se erigió como presidente al también titular de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Juan Alarcón Hernández, a quien el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, le tomó protesta.
Al término del acto, Soberanes dijo que el crimen contra Digna Ochoa y las amenazas de muerte contra defensores en los últimos días "obligan a la reflexión y a llegar al origen de los problemas. Es indudable que el ambiente para los defensores se ha enrarecido, y por ello las autoridades deben investigar exhaustivamente de dónde provienen dichas amenazas y esclarecer el homicidio de Digna Ochoa. La sociedad quiere saber quién y por qué la mató".
En tanto, el nuevo presidente de la federación expuso que entre otros temas del encuentro se habló sobre las irregularidades en las averiguaciones previas, de la inseguridad pública, de la privación de la libertad fuera de todo procedimiento formal e incluso de las desapariciones forzosas.
Alarcón demandó que el gobierno acate la recomendación de la CNDH por medio de la cual se instruyó a que se investigara la tortura, detención ilegal y allanamiento de morada cometida por militares en contra de Cabrera y Montiel.
"Es lamentable que a los presos ecologistas no se les haya declarado inocentes. Nosotros eso hubiéramos querido, pero eso sigue siendo un deseo".