SABADO Ť 17 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Incumplimiento de auditorías de créditos, la causa
Presentan perredistas denuncia contra Junta de Gobierno del IPAB
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
Diputados y senadores perredistas presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) para que determine las responsabilidades administrativas o penales en que ha incurrido la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario al no cumplir con las auditorías de créditos enviados al Fobaproa a través de distintas instituciones bancarias.
El senador perredista Jesús Ortega indicó que el organismo ha incumplido la realización de auditorías, y también con la detección de créditos considerados como reportables (esto es, que deben ser cubiertos por los bancos y no asumidos por el erario federal), por la suma de 80 mil millones de pesos.
En el escrito entregado a funcionarios de la dirección de atención ciudadana de la Secodam, Ortega menciona a Francisco Gil Díaz, Julio César Méndez Rubio, Adalberto Palma Gómez, Alejandro Creel Cobián, Humberto Murrieta Necoechea, Carlos Isaor Iviesca, Guillermo Ortiz Martínez y Jonathan Davis, todos ellos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB, como responsables de no cumplir los cometidos del instituto.
Según dijo el perredista, en su denuncia no se mencionan los delitos en que podrían haber incurrido, "porque eso lo determinarán las autoridades competentes; si existen responsabilidades administrativas tocará a la Contraloría, si son penales corresponderá a la Procuraduría General de la República".
En entrevista posterior a la entrega de la denuncia, dijo que ésta había sido elaborada por un grupo de diputados y senadores del PRD, quienes han estimado que en la Junta de Gobierno del organismo existen actitudes de irresponsabilidad, y "tal vez de encubrimiento, de créditos que no deben ser asumidos por el erario público, sino por los bancos".
Mencionó que bajo el argumento de la revisión realizada por Michael Mackey, el IPAB no ha hecho las auditorías a que por ley se comprometió llevar a cabo en las distintas instituciones de crédito.
Señaló que la consideración por la que se presentó la denuncia es que "se está dejando pasar el tiempo para que prescriban las posibilidades de ejercitar acción penal contra los responsables de actos ilícitos que fueron a parar al Fobaproa".
En el texto entregado se solicita que se investiguen los hechos que dieron origen a la falta de aplicación de auditorías, "así como solicitar de oficio todos aquellos medios de prueba que sirvan para la instauración del procedimiento disciplinario".
Además, los legisladores perredistas exigieron que se "finquen a los servidores públicos referidos las responsabilidades administrativas respectivas que correspondan en términos de ley y, en su caso, presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público federal, por los delitos que pudieran tipificarse".