SABADO Ť 17 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť "Primer paso hacia poderes dictatoriales", afirman
Condenan legisladores decisión de Bush de crear cortes castrenses
JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES
Washington y Nueva York, 16 de noviembre. Legisladores federales, liberales y conservadores, condenaron hoy la decisión del presidente George W. Bush de establecer tribunales militares secretos para enjuiciar y ejecutar a extranjeros sospechosos de "terrorismo", decreto que es, afirmaron influyentes críticos, un primer paso para que el jefe de la Casa Blanca asuma poderes dictatoriales.
"Mal aconsejado por un frustrado y apanicado procurador general, un presidente de Estados Unidos acaba de asumir lo que viene a ser un poder dictatorial para encarcelar y ejecutar a extranjeros", sostuvo el columnista conservador William Safire, del New York Times, una de las plumas más influyentes del país.
Esos tribunales militares, consideró, sustituirán a un régimen de derecho con "un régimen de ley estadunidense con cortes militares improvisadas".
Safire se sumó así a un coro de voces liberales y conservadoras en el Congreso federal de Estados Unidos.
Por su parte, el poderoso presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick J. Leahy, declaró esta semana que "necesitamos entender las implicaciones internacionales de la orden del presidente, que envía un mensaje al mundo de que es aceptable llevar a cabo juicios secretos y ejecuciones sumarias, sin la posibilidad de la revisión judicial".
Y preguntó qué haría Estados Unidos si otros países decidieran enjuiciar a ciudadanos estadunidenses de esta misma manera.
En la Cámara de Representantes el ultraconservador legislador republicano Robert Barr criticó la decisión del presidente de otorgar nuevos poderes a los militares para detener a no ciudadanos de forma indefinida, y anunció que convocará audiencias legislativas para evaluar la medida.
Tim Lynch, del centro de análisis político conservador Cato Institute, caracterizó a los tribunales militares como un esfuerzo para socavar el sistema judicial del país y calificó la decisión de establecerlos como "una arrogancia en la Casa Blanca".
Sin embargo, funcionarios gubernamentales insistieron en que la opción de los tribunales militares es permitida bajo la Constitución y recordaron que esta medida es parte de una nueva coyuntura.
"Creo que es importante que se entienda que ahora estamos en guerra", reiteró el procurador general John Ashcroft, y subrayó que esos tribunales castrenses podrían ser necesarios para prevenir en el futuro nuevos ataques "terroristas".
Estos argumentos han logrado que algunos grupos de derechos civiles en el país respondan de forma más mesurada a esas medidas, que en cualquier otro momento hubieran provocado denuncias públicas de alto volumen.
De hecho, un día después de que Bush fir-mó el decreto estableciendo la opción de los tribunales militares, muy pocos de los grupos de derechos humanos o defensores de las libertades civiles respondieron formalmente para condenar o criticar la medida.
Y no pocos abogados de derechos humanos han sugerido a La Jornada que podrían ser necesarias medidas extraordinarias en este momento, y hasta serían aceptables si son efectivas para capturar a los responsables de los ataques del 11 de septiembre.
Pero para fines de la semana varios de estos grupos que inicialmente no respondieron habían encontrado su voz.
Human Rights Watch consideró que los nuevos tribunales podrían amenazar la "credibilidad" de Estados Unidos en otros países, y señaló que en el pasado Washington ha criticado a naciones como Perú, Nigeria y Rusia por usar procedimientos legales parecidos al modelo de cortes castrenses.
Jim Zogby, presidente del Instituto Árabe Americano, declaró al periódico The Washington Post que con "tribunales militares, pruebas secretas, ausencia de números so-bre cuánta gente está detenida por el go-bierno... nos estamos viendo como un país del Tercer Mundo".
Bill Goodman, director legal del Centro por los Derechos Constitucionales, declaró a La Jornada que los planes de la Casa Blanca para establecer tribunales militares forma parte de toda una ofensiva del go-bierno de Bush para debilitar los derechos civiles fundamentales de este país.
En el caso de los tribunales, señaló, "se está violando el principio de la división de los poderes establecido por la Constitución". Los tribunales federales, destacó, han establecido "que los derechos a un juicio vía jurado y a un juicio público también son aplicables a no ciudadanos".
En su editorial de hoy el New York Times opinó que estos tribunales militares son "una idea peligrosa" que erosiona los "propios valores y principios" que este país dice estar protegiendo en esta nueva guerra. "De-be hallarse una mejor manera de administrar la justicia", escribió el rotativo.
Agregó: "Si el señor Bush está decidido a llevar a los terroristas a un juicio en el exterior, debería solicitar al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas establecer un tribunal internacional como el que se constituyó para manejar los crímenes de guerra en los Balcanes".