El pasado miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al gobierno mexicano que libere al general José Francisco Gallardo Rodríguez, quien ha sido sujeto por la justicia castrense a un hostigamiento que abarca ya dos décadas. Gallardo permanece preso desde hace ocho años a consecuencia de un amañando proceso penal realizado en su contra por haber publicado un artículo en el que proponía la creación de un ombudsman militar; y desde 1996, la CIDH exigió su inmediata liberación, así como el castigo a los responsables de la campaña de hostigamiento, difamación y persecución política en contra del general encarcelado.

El gobierno de Ernesto Zedillo, cuya apatía ante las violaciones a los derechos humanos fue subrayada por diversas organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, mantuvo a Gallardo Rodríguez en prisión. El actual presidente, Vicente Fox, ha ofrecido en repetidas ocasiones, como candidato y como mandatario, revisar y resolver la oprobiosa injusticia referida, pero hasta la fecha Gallardo sigue preso.

El pasado miércoles, la CIDH dio un ultimátum al Ejecutivo federal mexicano para que libere al militar perseguido y anunció que, de lo contrario, hoy presentará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con su incomprensible tardanza -casi un año- en poner en práctica las peticiones del organismo internacional y sus propias promesas en torno a Gallardo, el actual gobierno se ha colocado, así, en una posición por demás incómoda: ahora deberá liberar al militar no como muestra de su propia determinación de hacer justicia y de respetar los derechos humanos, sino como resultado de una presión política externa.

Lo anterior no implica, por supuesto, que exista la alternativa de mantener al brigadier en prisión. Moral y legalmente, tal situación sería inadmisible, pero además implicaría, para el gobierno de Fox, un enorme costo político en el frente interno y en el ámbito internacional. Tras el reciente asesinato de la abogada Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos, los ojos del mundo están puestos en México, y un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos resultaría desastroso para el Ejecutivo federal.

El indulto presidencial otorgado en días pasados a los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes permane-cían injustamente presos después de un proceso legal impresentable y de declaraciones bajo tortura, puede, en cambio, dar una clave a las autoridades para salir del actual atolladero y liberar a Gallardo Rodríguez.

Ciertamente, tanto éste como los campesinos guerrerenses ahora excarcelados merecen, más que un indulto, ser plenamente absueltos de las acusaciones en su contra e indemnizados por los graves atropellos a que han estado sujetos; asimismo, es necesario que el gobierno investigue y sancione las irregularidades y las violaciones cometidas por servidores públicos -tanto civiles como militares- en ambos casos. Pero, en lo inmediato -hoy, hoy, hoy, para usar una expresión grata al Presidente y para enfatizar el plazo dado por la CIDH-, el general Gallardo debe abandonar la cárcel en la que nunca debió estar recluido.