VIERNES Ť 16 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť La ex jefa de Gobierno actuó conforme a la ley, afirma la dependencia
No hay nada que perseguir contra Robles: PGJDF
Ť Esta resolución definitiva se suma a la que emitió la Contraloría el 6 de julio pasado
MARIA ESTHER IBARRA
De manera definitiva, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó que no existe delito que perseguir contra la ex jefa de Gobierno capitalino, Rosario Robles Berlanga, ni contra quienes fueron sus colaboradores, Agustín Granados y Porfirio Barbosa, por la supuesta distracción de recursos del erario hacia la Dirección de Comunicación Social.
En la resolución final de la averiguación previa número FSP/1290/01-06, por medio de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos, la procuraduría capitalina confirmó el no ejercicio de la acción penal por la denuncia de hechos que presentaron el pasado 11 de junio los diputados panistas Walter Widmer, Federico Doring y Ernesto Herrera, así como el priísta Arturo Barajas.
Los cuatro diputados acusaron a Robles Berlanga y a sus dos colaboradores de haber desviado recursos hacia el programa de comunicación social, con el argumento de que su presupuesto pasó de 275 millones a 705 millones de pesos, y por la firma de un contrato con la empresa Publicidad Cine y Video (Publicorp) por un monto de 55 millones 62 mil pesos. Agustín Granados era el director de esa dependencia capitalina, y Porfirio Barbosa, oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal.
De acuerdo con la denuncia de los legisladores locales, durante su gestión Robles Berlanga autorizó el contrato número DGCS/CA/CM/19/200 con la empresa Publicidad Cine y Video por un monto de 55 millones 62 mil pesos, en "contravención a la ley".
Empero, la PGJDF resolvió que el contrato pactado entre el gobierno capitalino, bajo la administración de Robles Berlanga, y la empresa citada se ajustó a la Ley de Adquisiciones, que permite adjudicar directamente los contratos que versan sobre consultoría profesional.
Lo anterior estableció la procuraduría capitalina en respuesta al compromiso adquirido por su titular, Bernardo Bátiz, de estudiar "minuciosamente" el expediente y revisar la resolución emitida por el Ministerio Público de la Fiscalía para Servidores Públicos y la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares, ante la inconformidad de los diputados denunciantes.
En cuanto al argumento de los legisladores de que existió distracción de recursos pertenecientes al erario, porque el presupuesto asignado para comunicación social se incrementó de 275 millones a 705 millones de pesos, y que según ellos implicó trasladar montos de programas prioritarios a otros no prioritarios, la PGJDF destacó:
"Lo cierto es que el aumento al programa de comunicación social proviene de una mayor recaudación fiscal, excedente en el precio del petróleo y de otros factores económicos que permitieron el incremento al presupuesto del año 2000."
Y más aún, subrayó la procuraduría capitalina, "contra lo que opinan los diputados, la ley sí faculta al titular del Gobierno del Distrito Federal a distribuir los excedentes presupuestales en programas como el de comunicación social". Agregó que sobre estas modificaciones se dio aviso a la Asamblea Legislativa, como establece la ley.
Conforme a derecho, las autoridades de la PGJDF informaron que los diputados denunciantes ya fueron notificados de la determinación jurídica del no ejercicio de la acción penal en contra de Robles, Granados y Barbosa, y destacó que ante dicha resolución los quejosos pueden interponer un amparo.
La resolución de la procuraduría capitalina se suma a la decisión emitida el pasado 6 de julio por la Contraloría del GDF, que determinó improcedente la denuncia formulada por los diputados locales Doring y Widmer en contra de Robles Berlanga y el ex secretario de Gobierno, Leonel Godoy, pues también estableció que la ex mandataria local contaba con facultades para transferir recursos al programa de comunicación social, que ejerció el año pasado un presupuesto de 621.3 millones de pesos.
En ese entonces, tras un minucioso proceso de investigación de la denuncia que presentaron el 30 de noviembre de 2000, se determinó que, pese a lo argumentado por los diputados panistas, se cumplió con lo establecido en los artículos 428 del Código Financiero del Distrito Federal y 30 del Presupuesto de Egresos. De tal manera, concluyó la Contraloría capitalina, "se carece de elementos para fincar responsabilidades a Robles Berlanga y Godoy".
Cabe aclarar que la resolución de la Contraloría capitalina fue independiente del análisis de la denuncia contra la empresa Publicorp.