VIERNES Ť 16 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť La mayoría priísta pasará a la historia por "desaparecer" la Gran Comisión
Hoy dejarán su curul en Chiapas 40 legisladores; la nueva legislatura, con arcas vacías
ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA CORRESPONSAL
Tuxtla Gutierrez, Chis., 16 de noviembre. Los 40 legisladores locales que este viernes dejan el cargo pasarán a la historia porque realizaron al menos tres enmiendas constitucionales que violentaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y una que le quitó al Partido Revolucionario Institucional el poder de dicho órgano.
Compuesta por una mayoría priísta de 26 diputados, durante los tres años que duró la 59 Legislatura local se aprobaron primordialmente leyes que sirvieron a los intereses del titular del Ejecutivo en turno, en particular al ex gobernador Roberto Albores Guillén.
Así, tres reformas constitucionales efectuadas entre 1998 y 1999 dieron origen a las leyes de Amnistía y Desarme de los Grupos de Civiles Armados, a la Ley Indígena y a la de Remunicipalización de la Zona de Conflicto.
La primera se elaboró luego que el entonces gobernador Roberto Albores Guillén y mandos de la séptima región militar promovieran supuestas "deserciones zapatistas". Algunos grupos que dijeron ser milicianos del EZLN entregaron entonces, a cambio de diversos recursos en especie y efectivo, rifles y otras armas como símbolo de su "retorno a la vida institucional".
Semanas después, los diputados priístas aprobaron la propuesta de Ley de Amnistía que daba a los grupos paramilitares la posibilidad de que los múltiples delitos que cometieron quedaran en la impunidad, a cambio sólo de entregar las armas. Por ser esta una propuesta que requería de la aprobación federal, se envió la propuesta al Congreso de la Unión, que hasta la fecha no ha dictaminado al respecto.
Otra ley que pretendió "dar respuesta a los Acuerdos de San Andrés", fue la Indígena. Esta contemplaba la constitución de juzgados de paz y conciliación -que a la fecha funcionan-, y "reconoce" la autonomía de los pueblos indios y sus "usos y costumbres".
Luego de ser publicada en el Diario Oficial del gobierno estatal, esta ley quedó en el olvido, salvo en lo que se refiere a los juzgados de paz y conciliación.
La Ley de Remunicipalización de la Zona de Conflicto fue la más publicitada, y a través de ella se intentó disolver los municipios autónomos zapatistas.
Hasta el 8 de diciembre pasado, en que se dio el cambio de administración, se habían creado ya siete nuevos municipios y estaban los estudios de factibilidad para la constitución de otros tantos.
A los diputados de oposición, avasallados por las decisiones de la mayoría, sólo les quedó, en mayo de 2000, interponer ante el propio Congreso local y luego en el de la Unión una demanda de juicio político contra el gobernador. Ninguna prosperó.
Fue a la llegada -a través de una coalición de partidos de oposición- del gobernador Pablo Salazar cuando un grupo de legisladores priístas, ahora expulsados de su partido, se unieron al resto de los legisladores para desaparecer la hegemonía del PRI en el Congreso local.
Con las enmiendas constitucionales de octubre pasado, a pesar de que en los últimos comicios el tricolor nuevamente obtuvo la mayoría de las curules (24 de 40), su poder de decisión fue roto.
Los legisladores desaparecieron la figura de la Gran Comisión, cuya cabeza y mejores posiciones recaerían en los diputados del partido con más representatividad, y crearon una Comisión de Régimen Interno, en la cual estarán representados, en igualdad de condiciones, aún aquellos partidos que sólo poseen una de las 40 curules.
Sin recursos para salarios
Aún más, la legislatura que iniciará este viernes encontrará las arcas vacías y enfrentará uno de sus primeros problemas al no tener recursos para liquidar salarios y aguinaldos de los legisladores y de unos 250 trabajadores del Congreso local.
Según sus compañeros, Edgar de León Gallegos, recientemente expulsado del PRI, y último presidente de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados, se habría gastado unos 75 millones de pesos en cinco meses.
El panista Carlos David Alfonso dijo hoy que el ex priísta presentó su informe financiero de los cinco meses que estuvo a la cabeza del parlamento, del que sobresale un sobregiro de 15 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.
Aseveró que De León Gallegos escondió a la oposición los resultados de la auditoría que se practicó a la legislatura por un monto de 224 millones de pesos, los cuales fueron ejercidos por los seis presidentes del Congreso de Chiapas del 16 de noviembre de 1998 al 30 de junio de 2001.
Señaló que las 118 presidencias municipales no han podido comprobar casi 500 millones de pesos de la cuenta pública del ramo 33 en los ejercicios de los años de 1999 y 2000. Se desconoce también la auditoría que se le practicó al Instituto Estatal Electoral. En este marco se renovará este viernes el Poder Legislativo, que estará constituido por 24 legisladores de PRI, siete de PRD, cinco de PAN, dos del PT, y uno cada uno de PVEM y PAS.