viernes Ť 16 Ť noviembre Ť 2001
Silvia Gómez Tagle
DF: territorio en disputa
La iniciativa para la reforma política del Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado viernes 9 de noviembre, representa un paso más en la larga trayectoria que los habitantes de esta entidad hemos recorrido para conquistar nuestros derechos ciudadanos y la autonomía de nuestro gobierno.
Desde 1824 en que se decidió que la capital de la República estaría en la ciudad de México y que esta porción del territorio nacional se convertiría en "distrito federal", la discusión en torno a la forma de gobierno y el ejercicio de los derechos ciudadanos de sus habitantes ha estado marcada por dos ejes principales: por un lado, el de autonomía y plena ciudadanía, y por el otro el de ofrecer garantías a los órganos federales de que su funcionamiento no será estorbado por decisiones de los poderes locales. Como quien dice se trata de una disputa entre poderes locales y federales por el control de un mismo territorio.
Desde luego que no se trata de una discusión inocente; existen fuertes intereses políticos que se expresan en uno y otro sentido, porque la ciudad de México ha sido el centro urbano más importante de la República desde su fundación, en 1521; y por ello un gobierno representativo en esta entidad adquiere una fuerza política superior a cualquier otro municipio, por lo que significa un riesgo para el gobierno federal y siempre ha generado gran desconfianza.
En 1824 se salvaguardó el régimen municipal del Distrito Federal, aun cuando no había la figura de entidad autónoma de la Federación con un Poder Ejecutivo y un Congreso legislativo. De tal suerte que el espacio municipal fue el único que tuvieron los "defeños" para ejercer la ciudadanía. En la Constitución de 1917 se reconoció el derecho de los habitantes para elegir a sus ayuntamientos, pero en vista de que surgieron conflictos entre éstos y la administración central del Distrito Federal se suprimieron definitivamente los municipios en 1928. Desde esa fecha hasta la reforma política de 1987, con la creación de la Asamblea de Representantes, los habitantes de esta ciudad vimos cancelados nuestros derechos políticos en el ámbito local.
Una característica política de esta entidad, cuando menos de los últimos 50 años, ha sido la fuerza de la oposición. Esa tendencia política que se ha expresado en los resultados electorales no está desvinculada del hecho de que en el Distrito Federal prácticamente la vida política local se interrumpió en 1928 y apenas se empezó a reanudar en 1988, con la elección de los primeros "representantes" a la Asamblea; pero en realidad sólo ha adquirido una dimensión significativa para el ejercicio del poder después de la primera elección popular del "jefe de gobierno" (nótese, no gobernador) del Distrito Federal por voto universal y secreto en 1997.
En esa reforma también se aprobó que los "jefes de gobierno de las delegaciones" serían elegidos por ese método a partir del año 2000. La fuerza de la oposición y el rápido deterioro del PRI durante este periodo, me parece que son fenómenos que se relacionan con la ausencia de mecanismos que permitieran la articulación de la lucha electoral de los partidos con las estructuras de poder locales.
La actual representa un paso muy importante para la consolidación del régimen democrático. Por un lado se establecen las atribuciones de los tres órganos de gobierno locales: el Ejecutivo, en manos del jefe del gobierno y los gobiernos de las delegaciones; la Asamblea Legislativa y la Suprema Corte de Justicia del Distrito Federal. También se definen las facultades que siguen quedando bajo la responsabilidad directa del Ejecutivo federal y del Congreso.
Para avanzar fue indispensable aceptar que por esa razón el Distrito Federal requiere de un régimen diferente al definido para las otras entidades federativas o para los municipios. Pero eso no implica "una traición a la izquierda ni a la lucha de movimientos ciudadanos".
Otra gran virtud de esta iniciativa es que es producto del consenso de las principales fuerzas políticas de la entidad. Es por ello un ejemplo de lo que significa un trabajo parlamentario en un régimen democrático en el que "ninguna de las fuerzas políticas puede considerarse vencedora", sino al contrario: todas tuvieron que ceder en algo y el resultado las representa a todas.
Sin embargo, esta iniciativa deberá turnarse todavía a la Cámara de Diputados y al Senado para su aprobación final, y ahí podrían afinarse los criterios que permitan efectivamente garantizar la autonomía del régimen interno del Distrito Federal sin menoscabo de las atribuciones del gobierno federal, así como definir otras atribuciones como las que deberían existir para permitir la coordinación de acciones de gobierno en la zona metropolitana.
Finalmente esta iniciativa de reforma constitucional ofrece algunas respuestas a la pregunta que ha estado en el fondo del debate y que desde hace ya casi dos siglos ha sido: Ƒcómo hacer compatible un gobierno representativo en el Distrito Federal con la residencia de los poderes federales?