VIERNES Ť 16 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Escepticismo de ONG, legisladores, Iglesia y partidos
El caso Gallardo, difícil prueba para el gobierno de Vicente Fox
Ť Remoto que se acate el ultimátum de la CIDH, coinciden
DE LA REDACCION
Organismos de derechos humanos, legisladores, partidos políticos y la Iglesia católica se mostraron escépticos de que el gobierno del presidente Vicente Fox atienda positivamente el ultimátum de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y libere ''de inmediato'' al general José Francisco Gallardo, preso desde 1993 por ''motivos políticos''.
Incluso, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, afirmó que en este caso se verá si los ''grupos de resistencia y de poder'' que persisten en el sistema político mexicano son más fuertes que el Ejecutivo; en la aprobación de la insatisfactoria ley indígena demostraron que lo son, dijo.
Sin excepción, coincidieron en que este caso representa una ''difícil prueba'' para el gobierno de Fox, quien desde su campaña hizo muchas promesas en materia de derechos humanos que no ha hecho realidad desde el poder. Destacaron que la liberación de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel se ordenó luego del asesinato de su abogada Digna Ochoa, lo cual cuestiona seriamente el verdadero sentido de la decisión presidencial.
Edgar Cortez, del Centro Pro, quien junto con otros representantes de ONG se reuniera ayer con funcionarios de Gobernación, advirtió que de no atenderse la recomendación de la CIDH México quedaría como un Estado que es incapaz de atender los señalamientos del organismo internacional.
El director de Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura, Fernando Valadez, se mostró poco optimista de que el gobierno libere a Gallardo, pues hacerlo implicaría llamar a cuentas al Ejército, en particular al general Rafael Macedo, quien fue procurador de Justicia Militar.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Sadot Sánchez Carreño, exhortó ''respetuosamente'' al Ejecutivo a cumplir la recomendación de la CIDH. En el caso del general Gallardo, agregó, el gobierno no puede pasar por alto la recomendación de un tribunal internacional ''al que estamos sometidos jurisdiccionalmente''.
En igual tono, los senadores del PRD Jesús Ortega y Leticia Burgos señalaron que esa recomendación da el espacio para insistir en que el caso del general Gallardo se resuelva en apego a la justicia y de manera inmediata. ''Tanto Fox como el Ejército deben atender inmediatamente la indicación de la Corte Interamericana'', agregó el coordinador perredista.
La única voz discordante fue la del senador priísta y general con licencia, Ramón Mota Sánchez. De entrada, dijo que se trata de una resolución más, ''de un recurso normal de la CIDH'' que no tiene carácter resolutivo. Y preguntó: ''ƑDónde queda la validez de las determinaciones de los jueces del sistema judicial militar mexicano ante esa situación?''
La senadora Burgos dijo que las recomendaciones de la Comisión Interamericana tienen un peso político y moral al que ni el Ejecutivo ni el Legislativo le pueden ''dar la vuelta''. En ese sentido, comentó que la comisión respectiva del Senado se reunirá para analizar esa recomendación y actuar en consecuencia.
''Es una recomendación, pero debe atenderse. Ya ha habido tiempo para dar al caso del general Gallardo un trato apegado a derecho y al gobierno de Fox le corresponde determinar si lo que afirma la CIDH es cierto''. No es lógico, dijo, ''que el gobierno haya acatado otras recomendaciones de la comisión, como fue en el caso de Digna Ochoa -antes de su asesinato- y ahora pretendiera hacer caso omiso a ésta sólo porque se refiere al Ejército.''
El comité ejecutivo perredista, por su parte, opinó que sería un mal signo en la vida política del país que no se atendiera el ultimátum que han planteado instancias internacionales en el caso del general preso.
Dentro de la 72 asamblea del Episcopado Mexicano, el obispo Vera dijo que si bien el presidente Fox tiene intenciones de enfrentar la difícil problemática de los derechos humanos, en el país persisten grupos y prácticas que no aceptan ni siquiera el incipiente proceso democrático por el que ya transitamos. Prueba de ello, citó, es lo ocurrido con la ley indígena.
A su salida de Gobernación, Edgar Cortez expresó que si el gobierno mexicano no acata la recomendación de la CIDH antes de que concluya el plazo, este viernes, se tiene la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana, cuyos señalamientos tienen obligatoriedad para el Estado que los recibe.
Según el directivo del Pro, la participación de la Corte en este caso tendría un impacto importante, pues por una parte se mostraría que es una instancia efectiva y, por otra, se pone en entredicho el sistema de justicia militar mexicano y qué tan imparcial es. El caso llevaría a una necesaria revisión del código de justicia militar y a la posibilidad de crear un ombudsman del Ejército.