VIERNES Ť 16 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Ampararme significaría aceptar que soy culpable, replica el militar preso

Optar por la justicia civil, plantea Santiago Creel al general Gallardo

Ť Hoy vence el plazo que la Comisión Interamericana estableció para que sea liberado

JESUS ARANDA Y ALONSO URRUTIA ENVIADOS

Veracruz, Ver., 15 de noviembre. El secretario de Gobernación, Santiago Creel, instó al general José Francisco Gallardo a ''optar por la justicia civil'', a través del recurso de amparo, para enfrentar las denuncias por las que se encuentra preso desde 1993. De esa manera, subrayó, correspondería a la Suprema Corte y no a la justicia militar decidir sobre su posible liberación.

En respuesta, el general Gallardo rechazó la interposición de un amparo directo en contra de la sentencia de 28 años que le impuso la justicia castrense, porque ello significaría reconocer su culpabilidad. Y añadió: ''Ya nos cansamos de jugarle a la justicia; desde que el presidente Fox inició su sexenio ha dicho que busca una salida jurídica, pero tal parece que no tiene la voluntad política para enfrentarse a los altos mandos del Ejército que se oponen a dejarme en libertad, incumpliendo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos''.

Gallardo añadió en entrevista vía telefónica, desde el penal Neza-Bordo, que el presidente Fox, en su calidad de jefe de gobierno y de comandante supremo de las fuerzas armadas, tiene ''todo el poder jurídico'' para reconocer su inocencia y dejarlo en libertad.

Falta voluntad oficial, sostiene el militar preso

Pero además recordó que desde febrero pasado interpuso un amparo en contra del Presidente de la República y del propio secretario de Gobernación, para obligar al gobierno mexicano a cumplir con la recomendación de la CIDH. Y como una muestra de lo que llamó falta de voluntad oficial dijo que, hasta la fecha, el Presidente no le ha enviado al juez sexto de distrito el informe justificado que le fue requerido, como tampoco la Procuraduría General de Justicia Militar ha entregado al magistrado información necesaria para realizar la audiencia constitucional, aplazada en tres ocasiones por dicha causa.

Dijo que en la postura oficial que asumió la PGR, la dependencia que encabeza el general Rafael Macedo de la Concha -quien era procurador militar cuando Gallardo fue sentenciado-, se manifestó en contra de la demanda que interpuso el general.

A unas horas de que venza el plazo establecido por la CIDH para excarcelar al general -o de lo contrario la comisión turnará en un hecho inédito el caso a la Corte Interamericana- Creel dijo que el gobierno mexicano aguardará a que se desahoguen los procesos jurídicos internos y acatará lo que de ahí se derive, en función de la vía que el propio Gallardo elija.

Entrevistado en el marco del Foro Internacional de Federalismo, el secretario de Gobernación insistió en que el gobierno federal tiene plena confianza en el Poder Judicial, y añadió que cuando la ciudadanía tiene problemas los dirime ''a través de los tribunales nuestros''.

-ƑNo se va a liberar a Gallardo dentro del plazo fijado por la CIDH?

-Quisiera insistir en que hay un recurso pendiente ante los tribunales civiles, no militares, a través del recurso de amparo.

Por otra parte, Creel señaló que las violaciones a los derechos humanos ''no han ocurrido durante esta administración, sino que los asuntos que más publicidad están teniendo vienen de años atrás, incluso de décadas atrás, como es el caso de los desaparecidos''.

Por su lado, Gallardo dejó en claro que desde antes que fuera detenido en 1993, por los delitos de difamación e injurias en contra del Ejército -aunque finalmente fue sentenciado a 28 años 8 meses de prisión por malversación de vestuario militar, quema de archivos y enriquecimiento ilícito-, enfrentó 20 delitos, 16 averiguaciones previas, nueve causas penales y ocho autos de formal prisión, y en todos estos asuntos ganó el amparo de la justicia federal.

Pero apuntó que en el caso de la sentencia que le impuso la justicia castrense, interponer un amparo directo equivaldría a reconocer su culpabilidad, lo cual es inaceptable. Recordó que a partir de que Fox se negó a acatar la recomendación de la CIDH, interpuso en febrero pasado un amparo para que, con base en el artículo 133, que establece que los tratados internacionales firmados por México son ley suprema del país -la aceptación de la jurisdicción de la recomendación de la CIDH y de la Corte Interamericana lo es-, la justicia federal obligue al Presidente a cumplir el resolutivo de la comisión y sea puesto en libertad.

El militar preso dijo que la recomendación de la Comisión Interamericana se dio después de un proceso jurídico en el que se demostró su inocencia, y que precisamente el gran número de demandas que interpuso la justicia castrense revela la actuación ilegal en que el alto mando había incurrido. ''No me importa si estaba Fox o no, no voy a hacerle el caldo gordo'', señaló. Se emitió una resolución y, como tal, el gobierno mexicano debe acatarla, porque ''no voy a aceptar de manera alguna el indulto.''

Precisó que, en todo caso, su liberación tendrá que darse en plena concordancia con la recomendación de la CIDH.

Por otra parte, Alejandro Gallardo, hijo del general, dijo en entrevista vía telefónica desde Washington que ayer se reunió con la congresista Ileana Ros-Lehtinen, la cual le expresó que el Congreso estadunidense está muy preocupado por la actitud asumida por el gobierno mexicano en el caso de su padre.

Añadió que la legisladora le comentó que mientras el general siga preso, ello contradice la postura del gobierno de Fox en materia de derechos humanos, lo que además vulnera y pone en entredicho al sistema interamericano en la materia.

Precisó que en caso de que México se niegue a liberar a Gallardo, a más tardar a las 18 horas de este viernes será la Corte Interamericana la que emplace el juicio en contra de la administración Fox, proceso en el que necesariamente saldrán los nombres de los generales que ilegalmente encarcelaron a su padre, como son el actual procurador Rafael Macedo y los ex secretarios de la Defensa Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre.