JUEVES Ť 15 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Industriales de la construcción lo responsabilizan de la pérdida de 220 mil empleos
Error del gobierno, haber retenido el gasto
HUMBERTO ORTIZ MORENO
Los industriales de la construcción afirmaron ayer que el gobierno federal y las secretarías que manejan la economía cometieron un grave error al retener el gasto público en este año, porque este sector ya acumula 220 mil despedidos y reporta una caída de 8 por ciento en su actividad, la parálisis de 40 por ciento de su capacidad instalada y 7 mil empresas a la deriva porque no tendrán acceso al programa de vivienda del próximo año.
Por la crisis, hasta ahora ha cerrado aproximadamente 10 por ciento de las empresas del ramo, poco más de 800 de las 9 mil existentes, reveló Horacio Salinas Valdez, vicepresidente nacional del Sector Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Asimismo, afirmó que la cruzada anticorrupción de la Secodam se ha convertido en un dique adicional a la obra pública. "Vivimos un verdadero caos económico", lamentó.
En conferencia de prensa para dar a conocer las perspectivas del organismo en torno del plan de vivienda gubernamental de 2002, el dirigente empresarial dijo que el inicio de la estrategia en este mes ha permitido a las constructoras seguir trabajando y edificar casas, para a partir de enero "trabajar en todos y cada uno de los fondos en forma normal e incrementada hasta en 50 por ciento".
Sin embargo, Salinas Valdez puntualizó que en términos generales el sector está muy dañado, porque al hablar de vivienda solamente se trata de una de las seis ramas de la construcción.
"Esperamos, si bien nos va, que la reactivación del sector se dé al término del siguiente año, ni siquiera en el segundo semestre", subrayó.
Hizo ver que la situación es realmente caótica. Explicó que la inversión pública ha caído en forma drástica, lo mismo que los capitales privados.
Afirmó que en los organismos empresariales priva la idea de que fue un error del gobierno federal no ejercer en forma oportuna el presupuesto que le había autorizado el Congreso, ya que al aplicarlo en los estados, municipios y dependencias federales arranca un proceso productivo para crear riqueza, apuntó.
Salinas Valdez explicó que las licitaciones se llevan hasta dos meses. Si la liberación de recursos se retrasa un semestre, gran cantidad de obras y concursos no podrán terminarse en este año y tampoco habrá derrama económica para el sector productivo y las regiones del país.