JUEVES Ť 15 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Fox ha entregado a 4 personas, asegura organismo de derechos humanos
México intercambia vascos por macroacuerdos
Ť Los detenidos son perseguidos políticos; al llegar a España son torturados: Joseba Agudo
BLANCHE PETRICH
José Ramón Ramada y su compañera Mila Ioldi, detenidos por policías no identificados en la ciudad de México el 7 de enero y entregados sin juicio alguno a la policía española, permanecieron cinco días incomunicados en sótanos de la Dirección General de Seguridad en Madrid. Ambos fueron torturados sicológicamente y Ramada sufrió incesantes golpes en la cabeza, boca del estómago y testículos antes de ser presentados a un juez.
Ellos son dos de los cuatro vascos que han sido entregados de policía a policía durante la administración de Vicente Fox.
Otros 19 vascos fueron entregados de la misma manera durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y sólo uno -Lázaro Galarza- fue extraditado de acuerdo con un proceso judicial después del tratado de extradición bilateral en 1996.
Todos, sin excepción, padecieron incomunicación ilegal y torturas por autoridades españolas antes de ser procesados judicialmente.
Estos 24 ciudadanos quedaron "en una situación de auténtica indefensión", debido al "proceder autoritario y violento de las autoridades mexicanas y españolas", denunció ayer aquí el Observatorio Vasco de Derechos Humanos, en un documento presentado en conferencia de prensa por el abogado Joseba Agudo.
Viola el gobierno mexicano leyes
El penalista, de visita en México, entregó el documento del observatorio -una organización gubernamental de seguimiento técnico y jurídico sobre la represión en Euskadi- a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los grupos no gubernamentales mexicanos y a representantes y legisladores de partidos políticos del país.
El documento señala que estas 24 personas "eran y son perseguidos políticos" y que al realizar estas entregas de policía a policía, el gobierno mexicano "conculca" su propia legislación y leyes internacionales en materia de derechos humanos.
En una visita anterior, en la que Joseba Agudo estuvo acompañado de la congresista Raquel Peña, del partido independentista Batasuna, solicitaron audiencia con la subsecretaria de Relaciones Exteriores para Derechos Humanos, Marie Claire Acosta, pero esta no los recibió, argumentando que el asunto de los vascos entregados de policía a policía "no es de su incumbencia".
En el dossier sobre los expulsados vascos, se explica que los 24 detenidos por la policía mexicana fueron incomunicados y torturados al llegar a España. Se incluyen testimonios de varios de ellos. Como el caso de Mikel Arrieta Llopis, quien fue incomunicado y no tuvo acceso a un defensor. Denunció haber sido sometido a varios interrogatorios ilegales, con golpes y amenazas graves. Fue condenado a 128 años de prisión.
Las sentencias de algunos de ellos se basaron en declaraciones autoinculpatorias arrancadas bajo tortura, como es el caso de Begoña Sánchez y Bixente Sagredo, los dos expulsados en 1995.
En los testimonios de seis de ellos se refieren malos tratos por parte de los agentes que realizaron las detenciones en México, pertenecientes a cuerpos de seguridad no identificados. Son los casos de Josu Bravo Maestrojuan, Joseba Garitaonaindia, Mikel Ruiz, Oscar Rondo, Jesús López González y Josu Gotzon.
"Es evidente -dijo Agudo ante la prensa- que el Estado español tortura a estos detenidos. Por eso nos parece grave que el presidente Fox se ponga a las órdenes del jefe de gobierno, José María Aznar, o que asegure que no visita el País Vasco porque así se lo ha pedido" su homólogo español.
El informe del observatorio comenta sobre los posibles motivos del gobierno mexicano para expulsar vascos: "No se puede comprender esta situación sin un pacto previo entre los gobiernos de ambos Estados, puesto que este modo de proceder sólo puede ser fruto de una estrategia en la que una parte pone algo para que la contraparte responda con algún otro favor".
Añade que los vascos detenidos en México son usados "como moneda de cambio en beneficio de macroacuerdos que poco o nada entienden del respeto a la libertad de estos individuos".
Puntualiza que los 24 expulsados son, independientemente de los cargos por los que los requiere la justicia española, perseguidos políticos; es decir son perseguidos "por sus ideas o por actos cometidos con motivación política".
Joseba Agudo también comentó sobre el reciente arresto de una treintena de activistas, sicólogos, médicos, abogados y personal de apoyo que brindan asistencia a los presos políticos de Euskadi. Esta nueva oleada de detenciones, dijo, es parte de "la política del juez Baltasar Garzón, empeñado en incriminar a todo el movimiento independentista vasco".