JUEVES Ť 15 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Trabajó con la extinta abogada veracruzana en la investigación de varios casos

Aclarar la muerte de Digna Ochoa, la mejor protección para defensores de derechos humanos: Zamora López

Ť La ex asesora del Ejército Zapatista ha recibido vía telefónica mensajes amenazantes

ROSA ROJAS

Bárbara Zamora López, abogada del bufete Tierra y Libertad, quien desde octubre estaba asociada con Digna Ochoa para la defensa de diversos casos, informó que ella y Leonel Rivero, el otro asociado, enviaron desde el pasado día 5 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una lista de sus necesidades respecto a las medidas cautelares para ambos, ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ''Como principal medida consideramos que se debe esclarecer a la brevedad el asesinato de la abogada Digna Ochoa y castigar a los culpables materiales e intelectuales'', señalaron en su respuesta.

La misiva se envió la CIDH, la cual la hará llegar a la Corte Interamericana, que a su vez trasladará dichos requerimientos al gobierno mexicano. La corte citó para el 26 de los corrientes a una audiencia sobre dichas medidas cautelares para Zamora, Rivero, Pilar Noriega y los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Zamora, ex asesora del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los diálogos de San Andrés Larráinzar, se dedica desde 1989 a defender personas de escasos recursos -principalmente indígenas y campesinos- que son víctimas de atropellos y violaciones a sus derechos humanos por parte de los agentes del poder. Periódicamente recibe amenazas por el ejercicio de su profesión, de las que habitualmente no hacía mucho caso, pero a raíz del crimen contra Digna Ochoa está preocupada. ''No se sabe cómo van las investigaciones y mientras tanto los homicidas andan en la calle como si nada.''

Música, gritos y disparos

Las más recientes amenazas quedaron grabadas hace dos meses en su contestadora telefónica. Pusieron la melodía El golpe; antes habían sido un requiem, un fragmento de ópera donde se escuchan gritos de mujer, luego un sonido como de disparos de metralleta, después silencio y se repetían los ruidos de balazos.

Recuerda que la amenaza más directa se dio en 1996: ''Un tipo con aspecto de soldado siguió a mi secretaria desde el metro Revolución hasta el despacho. El hombre le dijo: 'tú eres la secretaria de la licenciada' y la sorprendió; ella señaló que sólo hacía la limpieza (del despacho), pero él le dijo: 'ya sé, ya te he visto, sé dónde vas y quiero mandarle un recado a la licenciada diciéndole que no vaya a Chiapas porque le puede pasar algo'. Ella se asustó mucho y antes de llegar a la puerta de la oficina él expresó: 'ya llegamos, no se te vaya a olvidar darle este recado'. La secretaria renunció.''

Zamora López indicó que antes las amenazas eran esporádicas, pero este año han sido más constantes. Interrogada sobre los casos que ha llevado y que podrían haber originado las advertencias hace dos meses explicó que eran los mismos que ahora, porque son asuntos muy largos, más los que dejó inconclusos Digna Ochoa.

De estos últimos citó el caso de los hermanos Cerezo, acusados de los petardazos contra Banamex, y el de Pablo Alvarado, a quienes iban a ir a ver el 20 de octubre en el penal de máxima seguridad de La Palma -a Digna la asesinaron el 19 de octubre-, e indicó que la abogada veracruzana le habló del asunto de los campesinos ecologistas de Guerrero que le pidieron asesoría para otros presos que estaban en Acapulco, en Chilpancingo y en Zihuatanejo, pero ''ella les dijo que ahorita no tenía dinero para asumir los gastos de esos casos, pero que si conseguía el financiamiento también podía ayudarles en esa defensa jurídica... Me dijo mira, ya cuando tengamos el dinero, pues buscamos quién nos ayude''.

De los casos que ha llevado últimamente Zamora López mencionó -entre otros- que presentó tres amparos de otras tantas comunidades del estado de México contra la reforma constitucional en materia indígena; asimismo, los amparos contra las expulsiones de los integrantes del Consejo General de Huelga de la UNAM, ''donde nosotros alegamos que el Tribunal Universitario es inconstitucional y ya se ganó la apelación -estaban acusados de terrorismo, motín y despojo-'', aunque la PGR apeló de la sentencia absolutoria.

Está también el caso del ejido San Vicente, del municipio de Coahuayana, Michoacán, al que se dotó en 1998 de 296 hectáreas, de las cuales 157 son del predio El Palmar.

''Es un pleito fuerte que hemos tenido, porque ahí el que se dice dueño es familiar del gobernador de Colima, (Fernando) Moreno Peña, y entonces el propio mandatario venía al Tribunal Superior Agrario a interceder por esas tierras... ha sido un juicio difícil, con todo el aparato en contra y esos tipos han impedido a través de muchas maniobras seudolegales que se les entreguen esas hectáreas a estos señores.

''Primero, en el juzgado de distrito de Uruapan les dieron la suspensión para que no se ejecutara la resolución y el juez hizo unas tácticas dilatorias increíbles; después de más de dos años consiguió el amparo. Nos fuimos a revisión en el tribunal colegiado; un año después, se confirmó la sentencia. Ahora hay un conflicto porque los ejidatarios tienen un derecho; la sentencia está firme y ya otro tribunal colegiado dijo que tienen derecho; el problema es ejecutar, porque no se puede ejecutar en ese predio.

''Nosotros pedimos cita con el nuevo presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, para que busque la alternativa de hacer una ejecución sustituta... si el tribunal no da una solución vamos a acudir a la CIDH. El gobierno no quiere que uno lleve casos a la Interamericana, pero si aquí no resuelven tenemos que ir allá, porque está previsto en el marco jurídico.''

Recordó la abogada un caso que tiene ante la CIDH, y precisamente ayer miércoles entró a la audiencia que tiene la institución sobre los casos de México. Es el de Santos Soto y Sergio Cerón, dos indígenas presos en la cárcel de Perote, Veracruz. Son originarios de Zihuatlán y están acusados del homicidio de la esposa de un cacique, ''pero ellos no cometieron el delito; Santos fue aprehendido por la policía, o no sabemos por quién, y se lo llevaron detenido y lo tuvieron cuatro días incomunicado y torturándolo.

''A raíz de esto -después de cuatro días lo presentaron ante el juez- se le inculpó no sólo de ese homicidio, sino de quién sabe cuántos más que habían ocurrido en el estado de Veracruz, y entonces tanto el juez como los magistrados del tribunal colegiado no hicieron caso de que esa autoinculpación fue sacada bajo tortura, y nos contestan en el amparo que eso no anula la confesión, que lo más que puede hacer es sancionar a los policías que lo torturaron, pero la confesión queda intacta.''

Zamora señaló que se está pidiendo el informe final de la CIDH en este caso, porque ésta ''nos invitó a que llegáramos a una solución amistosa con el gobierno; nos hemos reunido en dos ocasiones en la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no llegamos a ningún acuerdo porque el gobierno niega todo; lo que ahí nosotros propusimos como solución jurídica es el indulto; ellos ya tienen cinco años en la cárcel y el gobierno dice que no''.

Incluso mostró un fax ''anónimo'' que le llegó el pasado 29 de octubre, procedente de la citada dirección de la SRE, que dice: ''En atención a los acuerdos alcanzados el pasado 5 de octubre''... y la convocan a otra reunión de trabajo, sin fijar fecha, para ''analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo de solución amistosa''. Asegura que ''nunca llegamos a ningún acuerdo, están mandando esto sólo para que la CIDH no emita un informe''.

Expresó que en este caso a Santos Soto lo condenaron a 20 años de prisión, y en la apelación le bajaron a 17, pero después, ''cuando ya estábamos en la primera reunión con el gobierno, nos salió con que Santos tenía otra sentencia de la que hasta ese momento nosotros no teníamos conocimiento; y efectivamente, en la segunda reunión nos trajeron unas copias donde Santos Soto tiene una sentencia de 30 años y otra de 20, o sea que en total suman casi 100 años. Todas esas sentencias que le dictaron tienen su origen en la confesión que le arrancaron bajo tortura y que está comprobado, porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en aquella época (la 18/97), donde decía que había sido objeto de retención forzada y de tortura, pero todo eso ni el juez ni en el amparo lo tomaron en cuenta''.

También están pendientes los casos de los militantes del Frente Zapatista de Liberación Nacional presos en Querétaro, y el de Jacobo Silva y Gloria Arenas, acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, pero este asunto está casi terminado y sólo se está esperando la última audiencia.

Precisamente el día 30 de octubre la iba a atender Digna Ochoa; se está en espera de que comparezcan tres peritos, que al mismo tiempo son militares; ellos hicieron un informe de que iban los soldados en una ''camionetita'' y de pronto de la maleza les empezaron a disparar, pero no les dieron a ellos sino a un camión de redilas, y entonces, aunque no hay pruebas que inculpen a Jacobo ni a Gloria, los acusan de homicidio.

Esa audiencia es para que se presenten los soldados y hacerles unas preguntas del informe que ellos presentaron ante el juez, porque ya los dieron de baja en el Ejército y no saben dónde viven. Se pidió informes al IFE para ver dónde se les puede mandar citar y si no los encuentran se va a declarar desierta esa prueba.

Zamora lamentó que en la impartición de justicia no se registre ningún cambio, ''ni de prácticas ni de actitud ni de ningún tipo; el Poder Judicial ha sido un poder que... en muchas ocasiones hemos escuchado decir al presidente de la Suprema Corte que están muy por encima del bien y del mal; son como un poder supremo intocable y ellos mismos tienen su propio órgano de vigilancia, que al mismo tiempo que él preside la SCJN, además encabeza el órgano de vigilancia. Es decir, él es al mismo tiempo el vigilante y el vigilado; entonces, digamos que todo lo que suceda dentro del Poder Judicial se queda ahí mismo, porque uno va a presentar quejas y todo, pero nunca proceden; es muy difícil corregir ese tipo de irregularidades y tampoco ha habido cambio en torno a la procuración de justicia, la forma de integrar y perseguir los delitos; además, muchas personas inocentes están en prisión y yo eso lo veo muy grave, muy profundo''.