JUEVES Ť 15 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Fueron expuestos en Washington los temas Aguas Blancas y Chiapas
Desconcierto oficial causaron las denuncias de ONG ante la Comisión Interamericana
VICTOR BALLINAS
En los trabajos del 113 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, además del caso del general Francisco Gallardo, en la sesión vespertina se expusieron otros, como la masacre de Aguas Blancas, ''en donde el gobierno hizo el compromiso de reabrir las investigaciones para buscar a los responsables de esos hechos''; la situación de Chiapas, donde continúan las violaciones a derechos humanos, las amenazas a activistas, los despojos de tierras a indígenas y la impunidad.
Se discutieron los casos del ejido Morelia (desaparición de Severiano Santiz); Manuel Manríquez (detención arbitraria y tortura); la deportación de sacerdotes extranjeros (Loren Riebe y Michael Chanteau), y en privado se evaluaron los casos de Víctor Pineda (tortura y privación ilegal de la libertad); las desapariciones forzadas de Modesto Patolzin, José Alberto Guadarrama, Gregorio Alvarado, Miguel Orlando Muñoz y Gregorio Alvarado); la ejecución de Reyes Penagos, y la tortura a Santos Soto.
Durante la audiencia general, donde se evaluó la situación general de los derechos humanos en México, hubo tensión y desconcierto en la delegación del gobierno encabezada por la subsecretaria de la SRE para Derechos Humanos y Democracia, Mariclaire Acosta, porque las organizaciones señalaron que en el país continúan la impunidad, la tortura, las constantes violaciones a las garantías y la guerra en Chiapas, todo ello agravado por el asesinato de Digna Ochoa y las amenazas a activistas. ''Tan sólo en lo que va de este gobierno hay 15 casos documentados; de ellos, ocho en Chiapas.''
Durante los trabajos desfilaron desde el procurador de Justicia de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti, hasta funcionarios de Veracruz, Morelos e incluso de la Procuraduría Militar.
El desconcierto de las autoridades mexicanas, dijeron los defensores, se debió al ultimátum que se le puso al gobierno mexicano para liberar al general Gallardo, el caso Aguas Blancas y la investigación sobre paramilitares.
Carmen Herrera, del Centro Pro, manifestó en entrevista telefónica desde Washington: ''Expusimos que persisten graves y fuertes problemas en el sistema de administración y procuración de justicia. Dijimos que cualquier instancia que se cree debe tener las siguientes cualidades: voluntad, capacidad técnica y financiera, independencia política, autonomía jurídica y una normatividad que le permita tocar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y que sea realmente fuente de justicia y protección de los derechos humanos.''
Necesario, un relator regional
Se realizó una reunión privada entre las ONG mexicanas, el presidente de la CIDH, Claudio Grossman, y la relatora de la ONU, Hina Jilani, en donde se habló de la preocupación de los órganos internacionales por la protección de los activistas a raíz del asesinato de Digna Ochoa y las amenazas a otros cinco.
Jilani -explicó Michael Chamberlain, del Centro Fray Bartolomé de las Casas- ''propuso a la CIDH la creación de una figura regional como la que ella encabeza, es decir, un relator para los defensores de derechos humanos en el continente que evalúe la situación. Incluso, se invitó a la Comisión Interamericana a que realice nuevamente una visita de trabajo al país el año próximo, para dar seguimiento al informe de 1998''.