MIERCOLES Ť 14 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť La asociación, convertida en dependencia del gobierno y en trampolín político
Disputan dos grupos de padres de familia la representación y los recursos de la ANPF
Ť El actual líder de la agrupación, acusado de nepotismo y de repartir fondos de forma discrecional
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
La Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPF) fue creada por decreto del presidente José López Portillo para "colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar". Sin embargo, a lo largo de sus 21 años de existencia se ha convertido en una dependencia más del gobierno, en trampolín político para sus dirigentes y ahora su membrete es objeto de disputa por grupos que reclaman los siete millones de pesos que -se estima- le entrega la SEP cada año.
Herencia del corporativismo que agrupaba lo mismo a obreros y campesinos que a padres de familia, la ANPF vive las paradojas propias de estos tiempos. Desde su nacimiento estuvo ligada al PRI y ahora se declara apartidista. Afirma agrupar a más de 20 millones de padres de familia, aunque la mayoría desconozca que son afiliados.
Desde marzo de este año se encuentra dividida en dos grupos: el que encabeza José Luis Pérez Bautista, quien preside el organismo desde diciembre de 1998, y otro disidente que denunció irregularidades en el manejo de los recursos y acusó al dirigente de no haber convocado a nuevas elecciones y de pretender "eternizarse" en el cargo.
La disputa por los recursos
Debido a esta pugna, desde hace tres meses los inconformes registraron ante la Secretaría de Hacienda a la Asociación Nacional de Padres de Familia para la Calidad de la Educación, integrada por dirigentes de agrupaciones de paterfamilias de una docena de entidades que demandan acceso a los recursos de la SEP y de otra cantidad no cuantificada que proviene de los gobiernos de los estados y de los municipios.
En medio de este conflicto se encuentran millones de padres de familia que desconocen que la ANPF los representa en foros como el Consejo de Participación Social en Educación, máximo órgano de consultoría de la SEP.
La ANPF se constituyó en 1980. En abril de ese año el presidente López Portillo expidió el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, que disponía la creación en todo el país de asociaciones estatales y de una nacional. El propósito de estos organismos era representar a los padres de familia ante las autoridades escolares, colaborar en el mejoramiento de la educación, participar en la aplicación de los recursos obtenidos mediante el pago de cuotas y contribuir en la educación para adultos.
Pero desde su nacimiento este tipo de asociaciones estuvieron sujetas a la SEP y parecieron más un instrumento de control de los padres de familia que de representación. Y es que el reglamento, aún vigente, le da a la SEP todo tipo de facultades, desde la de convocar a elecciones hasta negar o cancelar el registro de las asociaciones. Además, estos organismos tienen prohibido intervenir en los aspectos técnicos y administrativos de las escuelas.
En un estudio sobre la participación de los padres de familia en la educación, el investigador Alec Ian Gershberg señala que estas asociaciones cuentan con recursos propios que "en contadas ocasiones utilizan para hacer mejoras importantes de la infraestructura escolar. Tampoco dan un informe financiero de sus gastos".
En ese contexto legal, la ANPF ha trabajado más de dos décadas. Entre sus ex presidentes se encuentran José Ortiz Arana, ex delegado del Partido Revolucionario Institucional y diputado federal por ese partido, así como María del Pilar Casado de Gil, quien estuvo al frente de la asociación durante 10 años.
Casado de Gil dejó la asociación en diciembre de 1998, y como el reglamento indica que en caso de renuncia el vicepresidente en turno ocupa la presidencia interina, Pérez Bautista se convirtió en el titular luego de estar 10 años al frente de la asociación de Hidalgo. Su gestión avanzó hasta que a principios de 2001 un grupo de presidentes de asociaciones estatales de padres de familia se quejó de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, y en cartas dirigidas a la SEP pidió la destitución de Pérez Bautista.
Entre los inconformes que enviaron misivas -cuyas copias tiene este diario- se encontraban los dirigentes de las asociaciones del estado de México, Cristina Muñoz; de Morelos, Alma Rivera de Murillo; de Tabasco, Petra Serrano de Palmer; de Michoacán, Conrado Equihua; de Puebla, Raúl Avila Verdín; de Jalisco, Ignacia Chávez; de Nuevo León, Bertha Alicia Heredia; de Hidalgo, Aurea González; del Distrito Federal, Francisco Javier Lara, y de Coahuila, Héctor Mario Zapata.
Las acusaciones
Las protestas también se debieron a que a principios de este año algunas asociaciones dejaron de recibir recursos. En agosto, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Jalisco e integrante del Consejo de Participación Social en la Educación, Ignacia Chávez, envió una carta al secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, denunciando que llevaba seis meses sin recibir fondos. Por ese motivo, ahora enfrenta demandas laborales de tres empleados a los que ya no les pudo pagar y en total adeuda 90 mil pesos.
En la misiva acusó a Pérez Bautista de nepotismo, porque en las oficinas de la ANPF trabajan sus familiares, y de repartir los recursos de manera discrecional. Además, de que en un año no convocó al Consejo Nacional de Padres de Familia para elegir a una nueva mesa directiva y que hizo labores proselitistas en favor del PRI, pese a que la organización es apartidista.
A fines de julio los disidentes lograron reunirse con el subsecretario de Planeación y Coordinación de la dependencia, José María Fraustro Siller, quien les aconsejó llegar a un acuerdo interno porque la SEP no podía intervenir. En esa ocasión el secretario técnico de la subsecretaría, Enrique Estrada, también les comentó -según la carta que Chávez envió a Reyes Tamez- que la SEP "había liberado una parte del presupuesto a Pérez Bautista" y que la cantidad era de un millón 300 mil pesos, lo que representaba 20 por ciento de los recursos que la ANPF debía recibir ese año.
El 15 de agosto los disidentes organizaron una asamblea y eligieron una nueva mesa directiva. Posteriormente se reunieron con el oficial mayor de la SEP, Francisco Medellín, quien -a decir del representante de los padres de familia del DF, Francisco Lara- les aconsejó no confrontarse y que mejor se registraran como asociación civil para que pudieran recibir el subsidio que solicitaban.
Un mes después la nueva asociación envió otro oficio a la SEP infomándole que ya contaba con el registro federal de causantes, otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con una cuenta de banco en la que las autoridades educativas podían hacer los depósitos correspondientes.
Luego de tres meses de conflicto, Pérez Bautista advierte que ese grupo de padres de familia sorprendió a las autoridades educativas, y que los va a demandar por "usurpación de funciones". En tanto, los disidentes exigen a la SEP que deje de entregar recursos a Pérez Bautista y que defina quiénes son los verdaderos representantes.