MIERCOLES Ť 14 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Martí Batres pide que se dé fin al conflicto bélico
Propone el PRD punto de acuerdo contra la guerra en Afganistán
CIRO PEREZ Y ROBERTO GARDUÑO
El coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Martí Batres Guadarrama, presentó durante la sesión de ayer un punto de acuerdo por el que este órgano rechace la guerra contra el pueblo de Afganistán, exige el fin inmediato de la misma, condena las muertes de civiles e inocentes en ese país y se manifiesta por el urgente restablecimiento de la paz en esa región.
Batres Guadarrama sostiene que "ahora la solidaridad con la víctima no aparece, ni la condena a la muerte de otros seres humanos en otro lugar del planeta, donde la venganza infinita deviene ya en la muerte de niños y mujeres, ancianos y civiles, religiosos y hombres comunes que están siendo asesinados en Afganistán. Muchos directamente por los bombardeos, otros más mueren por los estragos de la guerra.
"Las nuevas muertes ocurren en otro contexto, sin embargo, aquí no hay condena al crimen, solidaridad con la víctima, indignación general de los gobiernos del mundo. Muere gente y los gobiernos callan. Se persigue a un personaje y se asesina a muchos inocentes", sostuvo el legislador perredista antes de interrogar a la asamblea si acaso no vale lo mismo la vida de un habitante de Estados Unidos que la de un habitante de Afganistán.
A la largo de la sesión, el pleno de la Cámara de Diputados recibió nueve iniciativas elaboradas por legisladores de todas las fracciones parlamentarias en las que se destaca la que prohíbe a servidores públicos hacer uso indebido de las prerrogativas que las leyes les otorgan.
Reformas a la ley de servidores públicos
La propuesta presentada por el priísta Feliciano Calzada Padrón modifica artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, que disponen abstenerse en el ejercicio de sus funciones de prejuzgar y/o divulgar información o datos ciertos o falsos relacionados con el ejercicio de servidores públicos que puedan causarles deshonra o daño moral.