MIERCOLES Ť 14 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť El vehículo de los homicidas fue hallado en Mazatlán
La investigación del asesinato de los magistrados se extiende a Tamaulipas
GUSTAVO CASTILLO Y JAVIER VALDES
Las investigaciones en torno a los asesinatos de los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra se han extendido a Tamaulipas, concretamente a Tampico y Matamoros, donde ambos impartidores de justicia laboraron como jueces antes de llegar a Sinaloa en calidad de magistrados.
En tanto, el vehículo en el que viajaron los asesinos de los magistrados fue encontrado limpio en Mazatlán. ''Ni una huella. Es más, al parecer fue aspirado'', informaron fuentes policiacas.
El automóvil compacto desde el que descendió el homicida con el AK-47 con el que se asesinó de 40 disparos a los funcionarios del Poder Judicial Federal, había sido reportado como robado desde el 11 de septiembre, indicaron los informantes.
Las autoridades sinaloenses localizaron este martes en la mañana el Chevy rojo, modelo 1999, con placas sobrepuestas matrícula VFW8017 ''bien estacionado'' en calles del fraccionamiento Lomas de Mazatlán.
''Los que lo utilizaron sabían su trabajo, tuvieron tiempo -por lo menos 36 horas entre el crimen y el abandono del automóvil- para limpiarlo, ya que no se encontró nada en su interior''.
De manera conjunta, el grupo de agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) y los miembros de la procuraduría estatal llevan a cabo indagatorias que conduzcan a establecer ''líneas ciertas de investigación''.
Al igual que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro David Góngora, importantes mandos de la PGR que fueron consultados sobre el tema se negaron a establecer de manera categórica que el asesinato haya sido planeado por miembros de alguna organización dedicada al narcotráfico.
Sin embargo, no se descarta que el móvil del crimen cometido la tarde-noche del domingo en el interior del fraccionamiento El Cid, en la ciudad de Mazatlán -y en el cual también perdió la vida María del Carmen Cervantes, esposa del magistrado Andrade Ibarra-, esté relacionado con casos que los impartidores de justicia hayan resuelto en Tamaulipas, entidad en la que opera el cártel del Golfo.
Al respecto, el subprocurador A de Procedimientos Penales de la PGR, y ex procurador de Sinaloa, Gilberto Higuera Bernal, señaló que ''la dependencia que encabeza Rafael Macedo de la Concha tiene la encomienda de combatir el narcotráfico con toda la energía y fuerza del Estado''.
Señaló que ''un asesinato como el ocurrido en contra de los magistrados, implica una investigación seria y una actuación estrictamente apegada a la ley. Este tipo de acontecimientos preocupa y refuerza el compromiso de luchar contra el tráfico de enervantes, si este fuera el origen de los homicidios''.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a solicitud del gobierno de Sinaloa, proporcionará seguridad a los funcionarios del Poder Judicial Federal que laboran en esa entidad, para evitar otros actos criminales.
Hasta el momento, para las autoridades federales no existe conexión entre la negativa de una solicitud de excarcelación interpuesta por Francisco Arellano Félix y el homicidio, ya que los magistrados que fueron asesinados no tenían relación con esa decisión judicial emitida por el primer tribunal unitario con sede en Toluca, estado de México, el 7 de noviembre.
Ayala Montenegro y Andrade Ibarra estaban adscritos al duodécimo circuito, mientras el magistrado encargado del caso de Francisco Arellano Félix se localiza en el primer circuito del Poder Judicial de la Federación.
Los magistrados fueron transferidos a principios de este año de Tamaulipas a Sinaloa. Se ha podido precisar que Andrade Ibarra actuó como juez de primera instancia en Matamoros, mientras Ayala Montenegro estuvo a cargo de un juzgado con sede en Tampico.
Incluso, Andrade Ibarra se desempeñó como secretario de acuerdos en un juzgado federal en Morelia, Michoacán.