MIERCOLES Ť 14 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Se analizan medidas para reforzar la seguridad de jueces, anuncia Creel

Unánime condena del Congreso de la Unión a la ejecución de los magistrados

Ť La Cámara de Diputados aprobó un acuerdo de reprobación y exigió esclarecer lo sucedido

La ejecución de los magistrados Jesús Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra mereció la condena unánime del Congreso de la Unión, que urgió al gobierno federal a realizar una investigación profunda hasta su esclarecimiento. A la repulsa del homicidio se unió también el secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien anunció que ya se analiza con el Poder Judicial de la Federación medidas para reforzar la seguridad de jueces y magistrados que desahoguen casos relacionados con el narcotráfico.

Pese a la gravedad del atentado contra los magistrados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, rechazó que al interior del Poder Judicial Federal se haya analizado la posibilidad de crear la figura de los "jueces sin rostro", porque "eso no va con nosotros".

En breve entrevista con La Jornada, aseguró que al interior de este órgano colegiado no se ha planteado aún dicho tema, como tampoco la aplicación de medidas de protección adicionales para los magistrados federales del resto del país, o bien, que revisan casos relacionados con el crimen organizado o el narcotráfico.

Góngora precisó que el Consejo de la Judicatura Federal -el cual también preside- únicamente solicitó protección para los 18 magistrados (15 de tribunales colegiados y tres de tribunales unitarios) y los 10 jueces de distrito adscritos a Sinaloa. Protección que por cierto fue encomendada a la Secretaría de Seguridad Pública.

El resto de los juzgadores federales -429 magistrados de circuito y 30 secretarios en funciones; además de 59 magistrados unitarios y 254 jueces de distrito- trabajan en condiciones normales, aunque recibirán seguridad en caso de solicitarlo, dijo.

El ministro reveló que el presidente Vicente Fox se comunicó con él tan pronto tuvo conocimiento del asesinato de los magistrados, ocurrido la tarde del domingo pasado en Mazatlán, Sinaloa. "Me dio el pésame por lo ocurrido y me pidió que lo transmitiera a los familiares de los magistrados y a los integrantes del Poder Judicial Federal", dijo. También el Presidente de la República ''nos ofreció todo su apoyo en la investigación de los hechos que lleve al castigo de los culpables'', indicó.

Condena del Congreso

La ejecución de los magistrados motivó que la Cámara de Diputados aprobara un punto de acuerdo mediante el cual condenó el atentado y exigió "respetuosamente el esclarecimiento de estos lamentables acontecimientos.

"La afrenta a la justicia -señala el punto de acuerdo llevado a tribuna por el panista Armando Salinas, pero que fue signado por los coordinadores de todas las fracciones partidistas- debe ser suprimida con los instrumentos que ofrece la justicia".

En la exposición de motivos, Salinas advierte que el asesinato de los magistrados federales "es un hecho gravísimo que al mismo tiempo nos entristece y enfurece". Es triste, agregó, porque quienes representan a la institución que tiene el país para garantizar derechos de los mexicanos se le sustrae lo más preciado: el derecho a la vida.

Dijo que en este caso, quienes ejercen la violencia intentan demostrar que tienen el poder para cometer un acto de esta naturaleza sin rendir cuentas ante la justicia, a la que agreden; es triste porque esto puede ser una amenaza al Judicial y a la sociedad.

El Senado se sumó a las voces de condena por el asesinato de los dos magistrados en Sinaloa y exigió la inmediata intervención del gobierno federal, a través de la PGR a fin de que se lleve a cabo una investigación puntual sobre esos homicidios, además de mantener informada a esa cámara del avance de las averiguaciones.

"No permitamos que en México reinen el terror, la desconfianza y el desaliento. Seamos exigentes con las autoridades que tienen la responsabilidad de procurar y de brindar seguridad a los mexicanos".

El senador del PRI David Jiménez González, quien llevó el tema a tribuna, hizo notar que al "alevoso y cobarde asesinato de Digna Ochoa" se agrega este otro hecho delincuencial, que afecta a nuestras instituciones más prestigiadas.

El senador del PAN por Sinaloa, Joaquín Montaño Yamuni, se sumó a la propuesta del priísta y fue quien propuso que la Procuraduría General de la República ejerza su facultad de atracción, a fin de encargarse de la investigación en torno al homicidio de los magistrados. Consideró que es importante que el gobierno de Sinaloa informe y atienda puntualmente sobre esos ilícitos, a fin de que la sociedad esté plenamente convencida del ejercicio del derecho.

Analizan medidas de seguridad a jueces

Santiago Creel sostuvo que ha estado en contacto con el Poder Judicial desde el primer día en que ocurrió el atentado, a fin de ofrecer la seguridad necesaria e instrumentar medidas a futuro que impidan un nuevo ataque a jueces y magistrados.

Dijo que la indignación es generalizada en contra de estos actos que atentan contra el estado de derecho y señaló que ha conversado con Góngora Pimentel para valorar las medidas de seguridad a integrantes del Poder Judicial de la Federación y particularmente de aquellos que están vinculados a casos relacionados con el narcotráfico.

En este sentido, no descartó la posibilidad de crear la figura de jueces sin rostro, aunque señaló: "vamos a estudiar si es una reforma que nos permita, como en otros países, darles esas seguridades a través de una nueva ley o establecer otros mecanismos''.

(ALONSO URRUTIA, ROBERTO GARDUÑO, CIRO PÉREZ, ANDREA BECERRIL Y JESUS ARANDA)