MIERCOLES Ť 14 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť No evadiremos responsabilidad en el caso, insiste
A la fecha 39 personas han declarado sobre el caso Digna Ochoa, dice Bátiz
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Tras ratificar que la Procuraduría General de Justicia del DF no evadirá su responsabilidad ni "creará culpables para salir del paso", su titular, Bernardo Bátiz, precisó que las líneas de investigación que se siguen en torno al asesinato de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, son: su relación con los campesinos ecologistas de la Sierra de Guerrero, sus actividades como abogada de personas encarceladas por motivos políticos y el "mundo social en el cual ella se desenvolvía".
Bátiz Vázquez remarcó que su actividad en Guerrero la colocó en una situación muy delicada, ya que esta entidad tiene una "historia de violencia, de cacicazgos, con un nuevo ingrediente: la concesión para la explotación de la madera a una compañía importante, donde estos campesinos de algún modo interfieren en inversiones cuantiosas y recursos considerables".
Por lo que, afirmó, será muy importante la declaración de los campesinos ecologistas de la Sierra de Guerrero, la cual podría darse en las próximas horas.
En reunión de trabajo con los diputados integrantes de las comisiones de Derechos Humanos, y de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa, el procurador capitalino informó que a la fecha se han recibido las declaraciones testimoniales de 39 personas, a las que se ha clasificado por grupos.
En el primero se encuentran los dos abogados del despacho que trabajaban con Ochoa y Plácido, quienes además fueron los que encontraron el cadáver. Así como algunas abogadas que llevaban o habían llevado asuntos destacados.
Sus familiares están en otro grupo. El primo que identificó el cuerpo, una hermana y sus hermanos, y su novio. "Para nosotros fue muy importante la declaración de su pareja, a quien había conocido recientemente cuando ella estaba en Estados Unidos, ya que aportó información relevante".
En otro están algunos campesinos detenidos en el Reclusorio de Iguala. "Aunque ella no era directamente su defensora, sí mantenía una relación cercana, porque se estaba ocupando de organizar algunas agrupaciones o asociaciones encaminadas a la explotación racional del bosque".
Los padres de los estudiantes de la UNAM detenidos y un agente de seguros de vida "que le había vendido recientemente uno", están en otro bloque.
Ante la insistencia de los legisladores de PRD, PRI, PAN y Democracia Social de si era o no necesario crear una fiscalía especial para investigar este asesinato, el procurador capitalino remarcó: "No eludimos de ninguna manera a nuestra responsabilidad, vamos a responder a ella y al pueblo de México con trabajo y dedicación, con profesionalismo. No queremos ni vamos a inventar un culpable para salir del paso, y vamos a hacer el esfuerzo a fondo para llegar al esclarecimiento del homicidio".
Por separado los diputados Gilberto Ensástiga Santiago y Alejandro Diez Barroso, del PRD y del PAN, respectivamente, cuestionaron al funcionario sobre la coordinación que había entre las procuradurías capitalina y federal, así como con los estados de Chiapas y Guerrero.
Bátiz precisó que la Procuraduría General de la República envió los expedientes que tenían relacionados con las amenazas, "pero cortados hasta el momento en que estuvieron esas averiguaciones previas en manos de la PGJDF; lo que ellos hicieron posteriormente no lo hemos recibido".