MIERCOLES Ť 14 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

ASTILLERO

Julio Hernández López

COMO EN EL caso de Digna Ochoa, el gobierno federal está reaccionando con extrema lentitud frente a un acto de criminalidad política. El asesinato de dos magistrados en Mazatlán, Sinaloa, ha merecido de Los Pinos una expresión formal de condolencias y buenas intenciones indagatorias, pero nada más. La respuesta oficial no ha sido del tamaño del reto lanzado muy probablemente por una banda de narcotráfico, acaso la más peligrosa e influyente de todas, la de los hermanos Arellano Félix, que históricamente ha controlado buena parte de las instituciones federales encargadas de combatir o cuando menos regular la producción y el mercadeo de drogas.

TAN DISTANTE O poco llamativo parece a los ojos del gobierno federal el ataque contra los dos magistrados, que a la investigación del caso se ha comisionado sólo a media docena de agentes federales, aunque debe reconocerse que la demasía de elementos gubernamentales armados no garantiza nada, como se vio ese domingo fatal en el que todas las corporaciones militares y civiles patrullaban la entidad, en prevención de problemas electorales que finalmente no hubo, aunque sí el triple asesinato (los magistrados y la esposa de uno de ellos) en una colonia residencial del puerto sinaloense.

(DOMINGO REDONDO, POR lo demás. Para el PRI o su traducción local, el gobernador Juan S. Millán, quien se ha regalado un segundo trienio de gobierno sin sobresaltos, pues controlará el Congreso local y la mayoría de las poblaciones importantes del estado, luego del fracaso de varias alianzas pluripartidistas y de candidaturas a título partidista individual que participaron contra el tricolor en estos comicios locales).

LA SECUELA DE amedrentamiento que de manera natural ha provocado el doble crimen mencionado debilita en un momento clave al cuerpo judicial federal, que sabe su criterio e independencia expuestos a ataques contra los que no tiene ni siquiera una propuesta del Poder Ejecutivo que parezca más o menos tranquilizante (a no ser la presunta protección policiaca, que consiste en que los jueces en peligro se pongan en manos de agentes casi siempre infiltrados por el mismo narcotráfico).

GRAVE SERIA VERIFICAR que los asesinatos de Mazatlán se hubieran producido en venganza por la decisión tomada por los magistrados de negar amparo a alguno de los hermanos Arellano Félix, o si de alguna otra manera se demostrara que la vida de los togados fue cortada en represalia por el justo ejercicio de su profesión. Pero igualmente grave sería enterarse de que las ejecuciones hubieran correspondido a un ajuste de cuentas por favores pagados y no recibidos. En ambos casos se estaría frente a una muestra de la descomposición profunda que afecta todas las facetas de la institucionalidad judicial mexicana: el factor de corrupción llamado narcotráfico ha alcanzado en términos similares a los cuerpos policiacos, a los agentes del Ministerio Público y demás funcionarios de las procuradurías federales o estatales y al aparato de la burocracia judicial integrada por jueces, magistrados e incluso ministros que han sido tocados para siempre -sabido es que los tratos con la mafia son irreversibles- por las bandas de narcotráfico que ofrecen a sus presuntos persecutores y juzgadores que escojan el material del que desean ser forrados, si de oro o de plomo.

OTRO CRIMEN DE alta intencionalidad política, el de Digna Ochoa, recorre igualmente los senderos que suelen desembocar en la impunidad, en este caso incluso a pesar de que quien tiene a su cargo la investigación es el gobierno de la capital del país y no la PGR, que en ésta, como en anteriores administraciones, pareciera estar en manos de los enemigos de los propósitos que dicen buscar. Nada nuevo traen las investigaciones, dijo el presidente Fox luego que el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, le informó de lo hecho hasta ahora en busca de los responsables del crimen de Ochoa. La línea verde olivo que de manera natural ha surgido como la más notable en este caso -aliada a los caciques madereros de Guerrero-, apenas ha llevado al procurador Bátiz a pensar en la presentación ante juzgados de un soldado raso y un oficial de rango menor.

MIENTRAS TANTO, EN el mundillo de los partidos crece la sensación de que el capitán pirata Roberto Madrazo tiene todo listo para lanzarse al abordaje de la maltrecha nave llamada asamblea nacional priísta. La dama de la historieta, Dulce María Sauri, en vano ha clamado la ayuda de quien fue Gran Jefe Pelo Blanco, el patriarca desfondado Labastida, y del Hermano Procter Gamble, Neto Zedilleto. La dulce María, que ese acoso recibe, está empeñada en usar las provisiones de marrullería que le han aportado, entre otros generosos donadores, el espadachín mapache, Murillo Karam, quien promete impedir que triunfe el asalto de los piratas tabasqueños. Pero, a como se ven las cosas desde esta astillada torre de vigía, los conjurados sólo esperan la oportunidad de convocar a motín a bordo -primero en las asambleas regionales y luego en la plenaria que los sauristas pretenden impedir o convertir en virtual- para, entonces, desatar el ataque final. Seguiremos informando.

ASTILLAS: SEGUN ESO, LA alta burocracia federal no tendrá aumentos de sueldo. Al menos eso dice el Presidente de la República, luego de enviar al Congreso un paquete de reformas en materia económica de corte recesivo. Ya antes, como presidente electo, Vicente Fox había dicho que él y su equipo trabajarían "por amor a México", aunque luego se supo de los muchos haberes puestos a su disposición, unos a título de honorarios y otros de viáticos, pero todos engordadores de carteras... El país de las aberraciones: el Presidente le pidió permiso al Congreso para ir a Perú y a Argentina, pero luego ese mismo Presidente decidió ya no aumentarle millas a su tarjeta de viajero, aunque sin avisarlo oficialmente al Congreso que, tomando en cuenta la solicitud original, no cancelada, autorizó la gira que siempre ya no se hará...

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